México vive una paradoja. Por un lado, los indicadores de participación femenina en espacios de poder son alentadores: hay paridad en el Congreso, una mujer presidente y mujeres al frente de la Suprema Corte. Por otro lado, la realidad cotidiana de millones de mexicanas sigue marcada por la violencia, la desigualdad estructural y la persistencia de roles de género que las colocan en posición de subordinación. Esta contradicción entre la fachada institucional y la experiencia vivida es lo que yo llamo la “igualdad simulada”: avances legales y presencia femenina en altos cargos coexisten con una cultura patriarcal que no termina de desmoronarse.

Para comprender la distancia que nos separa de la igualdad sustantiva, basta observar dos fenómenos aparentemente inconexos pero profundamente sintomáticos: el rol de las mujeres que, por interés romántico, se convierten en promotoras y promovidas de políticos, y la violencia de género al interior de las Fuerzas Armadas, que ha costado la vida a mujeres como Stephany Carmona y Dalila Acosta.

Cuando observamos a algunas mujeres que desde su vínculo romántico con un político asumen un rol protagónico, la tentación suele ser el juicio moral. Se les acusa de “interesadas” o “trepadoras”. Sin embargo, este juicio omite una pregunta fundamental: ¿por qué esa sigue siendo una de las vías más efectivas para que una mujer tenga influencia política en México?

La respuesta nos habla de la persistencia del amor romántico como mandato de género. Históricamente, a las mujeres se les ha enseñado que su proyecto de vida más importante es el acompañamiento a un hombre exitoso. La figura de “la esposa de” sigue siendo un arquetipo poderoso. Cuando una mujer canaliza su ambición a través de la carrera de su pareja, muchas veces reproduce un guion cultural que le asigna un rol secundario.

La política mexicana sigue siendo un espacio profundamente masculinizado, donde las mujeres que intentan abrirse paso por sí mismas enfrentan obstáculos que van desde el acoso hasta la duda constante sobre su capacidad. En este contexto, la pareja del político cumple una función: humaniza al candidato, proyecta una imagen de estabilidad familiar y acerca al político al electorado femenino sin resultar amenazante para la estructura patriarcal. Su presencia es funcional al poder masculino, no un ejercicio de poder autónomo.

Lo relevante no es juzgar motivaciones individuales, sino entender lo que este fenómeno revela como sociedad: un país donde los caminos directos al poder para las mujeres siguen minados, donde su valor público sigue midiéndose por su vínculo con un hombre, y donde la doble moral se aplica con rigor: mientras ellos son seres políticos autónomos, ellas son sospechosas de haber llegado por una vía “ilegítima”.

Si la política partidista muestra una desigualdad “amable”, el caso de las mujeres en las Fuerzas Armadas nos enfrenta a la cara más brutal de esta realidad. Stephany Carmona, de 19 años, y Dalila Acosta, de 28, murieron en instalaciones de la Guardia Nacional en Acapulco en circunstancias que sus familias señalan como feminicidios.

Stephany había denunciado acoso por parte de un sargento. Nadie atendió su queja. Meses después, murió en una “práctica de tiro” a manos de ese mismo sargento, en un batallón donde, casualmente, las cámaras de seguridad no funcionaban. Su madre la encontró en una bolsa negra en un hospital, con quemaduras en el cuerpo que la necropsia menciona sin explicar. Dalila apareció muerta en el estacionamiento de su destacamento, con un tiro en el rostro. La versión oficial fue “suicidio”, pero su familia encontró en su cuerpo huellas de una bota, marcas de lo que parece un cinturón, rasguños y una herida en la parte posterior de la cabeza. Otra vez, las cámaras “no funcionaban”.

Estos casos revelan un patrón de encubrimiento sistemático: falta de información a las familias, versiones oficiales contradictorias, protección de presuntos agresores y opacidad en las investigaciones. La incorporación de mujeres a las filas militares no ha ido acompañada de una transformación cultural profunda. Las Fuerzas Armadas siguen operando con una lógica patriarcal donde el poder, la jerarquía y el secretismo crean un caldo de cultivo para el abuso.

Poco tienen en apariencia la pareja de un político que sonríe en un mitin con una joven soldado asesinada dentro de un cuartel. Sin embargo, ambas realidades son expresiones de una misma estructura de desigualdad.

En el primer caso, la violencia es simbólica y estructural: se niega a la mujer la posibilidad de ser un sujeto político autónomo, se la reduce a un rol decorativo y se la juzga con una vara moral que no se aplica a los hombres. En el segundo, la violencia es física y letal: cuando una mujer osa denunciar el acoso en una institución cerrada, el sistema la elimina y luego borra las huellas.

Lo que conecta ambos fenómenos es la cultura de la impunidad y la naturalización de la subordinación femenina. En la política, se naturaliza que las mujeres “acompañen” en lugar de “protagonizar”. En el Ejército, se naturaliza que el acoso sea parte del paisaje y que las denuncias se ignoren. En ambos ámbitos, las instituciones operan como espacios de reproducción del patriarcado, no de la transformación.

Y en ambos casos, cuando las mujeres o sus familias intentan romper el silencio, se enfrentan a un muro. Las familias de Stephany y Dalila han tenido que acudir a la prensa y a la conferencia presidencial para que sus casos sean siquiera mencionados. Se han convertido en investigadoras, forenses y activistas porque el Estado ha abdicado de su responsabilidad de investigar con perspectiva de género.

El Día Internacional de la Mujer nos obliga a reflexionar que la igualdad sustantiva, esa que no solo garantiza los mismos derechos en el papel sino las mismas condiciones para ejercerlos, sigue siendo asignatura pendiente. Mientras las mujeres sean acosadas sin que pase nada, mientras mueran dentro de los cuarteles en circunstancias opacas, mientras su acceso al poder siga mediado por su vínculo con un hombre, no podremos hablar de transformación.

La promesa de Claudia Sheinbaum de revisar estos casos y reforzar las áreas de atención a mujeres en las Fuerzas Armadas es un primer paso, pero insuficiente si no va acompañada de apertura real de las instituciones, de investigaciones independientes y de voluntad política para castigar a los agresores, sin importar su rango.

México no puede darse el lujo de seguir simulando. La igualdad no es una concesión, es una deuda. Mientras haya una mujer asesinada dentro de un cuartel y su familia tenga que luchar contra la versión oficial para que se sepa la verdad, esa deuda seguirá sin saldarse. El verdadero avance no se medirá por la cantidad de mujeres en cargos públicos, sino por la capacidad del Estado para garantizar que ninguna mujer muera por el hecho de serlo, y que todas puedan vivir con autonomía, dignidad y libertad. Ese es el horizonte de la igualdad sustantiva. Y estamos, lamentablemente, aún muy lejos de alcanzarlo.