La iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum, recientemente enviada a la Cámara de Diputados, y los últimos resolutivos del Consejo Nacional de Morena son las dos caras de una misma moneda: el fraude a la Constitución y a las leyes para ganar el 2027 y 2030 a como dé lugar. Son la clara expresión de la actuación de la delincuencia electoral organizada: una desde el gobierno, Claudia, y la otra desde el partido mayoritario, Morena.

Hay un amplio consenso entre expertos y analistas en que la iniciativa presidencial en materia electoral, que para su aprobación requiere mayoría calificada de las dos terceras partes de las cámaras de diputados y senadores, es esencialmente regresiva y antidemocrática, porque pretende apoderarse del control del INE en todo el país y acabar con el pluralismo político propio de una sociedad amplia, diversa y democrática, como lo es la mexicana.

Es más, hasta quiere desaparecer a sus partidos aliados (PT y PVEM) porque ya les resultan muy costosos. “De que la perra es brava hasta a los de casa muerde”, no cabe duda. Sólo que esto ha llevado al quebranto de la coalición gobernante y que, al parecer, la reforma constitucional ya está descartada.

Pero es tanto el descaro y la desfachatez de quienes malgobiernan al país que han confesado públicamente (¡incluso desde el púlpito presidencial!) que, si “ese plan no funciona”, entonces irán por “el Plan B”, que consiste en reformar las leyes, para lo cual no necesitan a sus aliados, y así lograr su propósito contra el INE y todos los demás partidos.

Fue exactamente lo que hizo López Obrador en su momento como presidente, solamente que en ese entonces teníamos un poder judicial real que echó para atrás esas reformas a las leyes secundarias al declararlas inconstitucionales, como lo reclamó la oposición en su conjunto. Sin embargo, hoy estamos ante un escenario en el que el poder judicial (la Corte) está plenamente sometida al ejecutivo, como en toda dictadura.

Veremos cuál será el curso de los acontecimientos en estos días tan aciagos para la democracia mexicana. Nuestra soberanía nacional está bajo peligro, tanto porque el obradorismo la ha socavado al entregarla a los grupos delictivos y a los narcogobernantes, como porque a cada momento Trump amenaza con intervenir directa y abiertamente en nuestro territorio.

Sin embargo, en lugar de asumir decisiones encaminadas a lograr una real unidad nacional, el grupo gobernante sigue horadando el barco común en el que pretende que todos nos hundamos bajo el coro del “masiosare”.

Paralelamente a la pretendida reforma electoral, la dirección nacional de Morena resolvió arrancar desde ya su proceso de definición de todas las candidaturas para las elecciones del 2027, yendo en contra de los plazos que expresamente señala la ley. Al fin y al cabo, aplican la sentencia de su falso Mesías, esa de “no me vengan con que la ley es la ley”. No lo estamos inventando. Morena lo declaró en su Consejo Nacional.

Dicho de otra manera, se asumen descaradamente como delincuentes electorales, violando las normas, anunciando que harán actos anticipados de campaña, pero “sin usar recursos públicos” ni nada por el estilo, al fin y al cabo, que el INE no los sancionará, mucho menos lo hará la pandilla de los magistrados del Tribunal Electoral, auténticos delincuentes en la materia.

Deseo que la dictadura no sea nuestro “destino manifiesto” como nación. Ojalá y quepa un mínimo de responsabilidad republicana para que la oposición democrática logre acuerdos para conformar un frente común que permita la unidad para el 2027. Los números no mienten: si todos los opositores vamos juntos, podemos hacer mayoría.