El núcleo del denominado Plan B, tras el rechazo de la reforma electoral, se centra en la intención de vincular la consulta de revocación de mandato con los comicios federales y locales de 2027, una propuesta que encierra profundas contradicciones.

Comencemos por el uso político de la aprobación presidencial. En las conferencias matutinas desde Palacio Nacional, se exhiben encuestas que otorgan a Claudia Sheinbaum un 70 % de evaluación positiva, destacando su posición frente a otros mandatarios internacionales. Si la titular del Ejecutivo goza de tal respaldo, ¿qué sentido tiene activar un mecanismo diseñado constitucionalmente para interrumpir el mandato de un gobernante por pérdida de confianza?

Dirigentes de Morena, como su presidenta nacional Luisa María Alcalde, resaltan constantemente esta popularidad. No solo apelan a los sondeos, sino al fervor en las giras estatales bajo el lema “amor con amor se paga”. Sin embargo, si el afecto del “pueblo” es tan evidente y generalizado, la insistencia en la consulta resulta redundante, especialmente tras la baja participación registrada en el ejercicio del sexenio pasado.

Para justificar la realización simultánea de la revocación, la elección de 1,773 cargos federales y estatales, y la posible elección judicial, el Gobierno esgrime el argumento de la austeridad. Aseguran que unificar la jornada electoral generará ahorros significativos. No obstante, diversos analistas advierten sobre la complejidad técnica y el costo real de capacitar funcionarios para tres procesos distintos, además de la logística de papelería y boletas. El ahorro, en este escenario, parece más una narrativa que una realidad financiera.

Entonces, si el beneficio económico es dudoso, ¿cuál es el verdadero objetivo? Como se ha señalado anteriormente, las mediciones rumbo a 2027 muestran un desgaste en Morena. Escándalos de opulencia, denuncias de corrupción y presuntos vínculos de militantes con el crimen organizado —como el caso del alcalde de Tequila, Diego Rivera— han mermado sus apoyos.

Bajo esta óptica, llevar a la presidenta a la “campaña” de 2027 tiene una lógica estratégica: usar su imagen y el discurso del “segundo piso de la Cuarta Transformación” para apuntalar a los candidatos del partido que se presentarán como parte de la “Cuarta Transformación”. El fin no es evaluar el desempeño presidencial, sino evitar la pérdida de gubernaturas y de la mayoría en la Cámara de Diputados.

En definitiva, la insistencia en empatar estos procesos revela un temor electoral. Se busca evitar el riesgo de una baja participación en 2028 —fecha original de la consulta— y neutralizar a cierto actor político que pudieran cuestionar la permanencia de la presidenta antes de la sucesión de 2030. La iniciativa no es un ejercicio de democracia directa, sino una táctica de supervivencia política donde retener el poder es la máxima prioridad.