El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, supervisa el cumplimiento por parte de los Estados Partes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Dicho Comité está integrado por 10 miembros que son expertos en derechos humanos, procedentes de países de todo el mundo, independientes, que actúan a título personal y no como representantes de los Estados Partes.
El pasado 2 de abril 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, y solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente el caso de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
La resolución publicada el día 2 de abril 2026, señala que en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.
La respuesta del Gobierno de México señala que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia. “No se trata de quien lo hace sino de quien se voltea para otro lado”. Señala el informe que las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil».
El Comité de la ONU señaló en el informe presentado la semana pasada, que existen “indicios bien fundados” de que en el país se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Como son el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, se estima que se han encontrado más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados. En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita a México en 2021, la situación no ha mejorado, según los datos oficiales y publicados.
La presidente, Claudia Sheinbaum, ha intentado desvirtuar las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada sobre México. “No tiene nada que ver con los Gobiernos de la Cuarta Transformación. El Estado nunca puede usar la desaparición como un mecanismo de control” declaró en su mañanera. La mandataria señaló que el estudio solo consideró cuatro de los 32 Estados del territorio mexicano: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. Sheinbaum subrayó que el Comité tomó como referencia los años 2009 a 2017, antes de la llegada al poder de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. “Ya nada más (con) eso, es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis que están haciendo”.
Los integrantes del Comité sostienen que las desapariciones en México se ejecutan con la aquiescencia del Estado, destacando que existe una colusión sistémica entre las fuerzas de seguridad —en sus distintos niveles, desde el municipio hasta el Gobierno federal— y los grupos delictivos.
Durante los siete años del gobierno de Morena, a nivel nacional, ya suma más de 250 mil homicidios. El país se encuentra inmerso en una crisis de violencia sin precedentes. La cantidad de personas desaparecidas continúa en niveles extraordinariamente altos. Según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, para el año 2018 se reportaron 40.000 personas desaparecidas. Al 7 de enero del 2020 en México había 61,637 personas desaparecidas. Al 28 de abril de 2025 el total de personas desaparecidas fue de 127,478, cifra que sigue aumentando. Tal pareciera que a la par de que disminuyen las cifras de homicidios dolosos aumenta en mayor proporción la cifra de personas desaparecidas, que con el tiempo serán encontradas en las fosas clandestinas que se encuentran sembradas a todo lo largo de nuestro territorio.
México se encuentra inmerso en una crisis de derechos humanos con altos índices de violencia e impunidad desde hace más de una década, en lugar de registrar avances en el respeto y protección a los derechos humanos se registra un grave retroceso, las violaciones a los derechos humanos son una historia lejos de terminar.
Por su parte la CNDH mediante la emisión de un boletín oficial, rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada sobre México y sostuvo que su decisión de pedir al secretario general de Naciones Unidas que remita con urgencia el caso mexicano a la Asamblea General resulta una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional.
La CNDH se limitó a defender al régimen de Morena en el gobierno al afirmar que el comité basó su decisión en peticiones de ONG’s y colectivos de familiares, y cuestionó específicamente que haya privilegiado, las posturas de organizaciones de la Sociedad Civil por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años.
Es así que una institución que hace 36 años nació para defender a las víctimas de las violaciones a Derechos Humanos hoy descalifica a un organismo internacional, banaliza la crisis de desapariciones documentada y no exige del Gobierno que se investigue para lograr que se haga justicia, y una rendición de cuentas. Y muy por el contrario, lo defiende y se convierte en comparsa y en vocero del Gobierno.