Diputados federales, senadores y alcaldes se encuentran en plena campaña adelantada para obtener una candidatura en las elecciones de 2027. Para evadir la regulación electoral, los aspirantes se promocionan mediante informes de labores, entrevistas en revistas publicitadas en espectaculares, programas de apoyo social y un activismo intenso en redes sociales.

La aparición en encuestas es otro mecanismo clave. La proliferación de empresas dedicadas a estudios de opinión —que se publicitan en medios y redes— contribuye a la promoción de quienes aspiran a una postulación. En algunos casos, este proselitismo comenzó desde la toma de posesión del cargo actual, con la vista puesta en una votación que ocurrirá tres o seis años después.

Hasta ahora, las denuncias ante las autoridades han sido infructuosas. Las sentencias por actos anticipados de campaña son escasas, lo que contrasta con la celeridad con la que se procesan los casos de violencia política en razón de género.

El reciente llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que funcionarios, legisladores o gobernantes renuncien si desean contender no se ha traducido en salidas reales. Esta parece ser otra intención presidencial sin eco entre la militancia, de forma similar a lo ocurrido con la prohibición del llamado “nepotismo electoral”.

Dicha iniciativa sufrió una modificación en el Congreso que postergó su entrada en vigor de 2027 a 2030. Cabe recordar que el próximo año se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados en su totalidad, 680 presidencias municipales y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Hasta el momento, solo los morenistas Saúl Monreal —quien busca la candidatura en Zacatecas, estado que gobierna su hermano David Monreal— y Félix Salgado Macedonio —que pretende suceder a su hija en la gubernatura de Guerrero— han enfrentado el rechazo de la dirigencia de Morena. El primero también fue descartado por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En San Luis Potosí, el PVEM anunció que competirá en solitario por la gubernatura en 2027 con la senadora Ruth González Silva, esposa del actual mandatario Ricardo Gallardo. Una historia similar ocurre en Nuevo León, donde Movimiento Ciudadano (MC) podría verse obligado a postular a Mariana Rodríguez para la gubernatura en sustitución de su esposo, el gobernador Samuel García.

La decisión de varios partidos de anticipar sus procesos de selección confirma que los tiempos electorales se han adelantado. En Morena, en junio próximo se anunciarán los “coordinadores de defensa de la 4T”, título que disfraza una precandidatura que evadirá el marco legal casi un año antes de los comicios. El PRI emulará este proceso con sus “defensores de México”.

Por su parte, el PAN anunció que abriría sus candidaturas a cualquier ciudadano mediante encuestas, lo que ha generado inconformidad entre militantes que ven cerradas sus propias posibilidades. El uso de sondeos en Morena y el PAN es polémico: la popularidad se vuelve el factor esencial, obligando a los aspirantes a una promoción constante para ser competitivos.

Esta estrategia busca evadir las limitaciones legales para posicionarse antes de los procesos internos. Este círculo vicioso consume el tiempo de analistas y especialistas, mientras las autoridades enfrentan el reto de aplicar la ley con imparcialidad. La tarea es compleja en un entorno donde el partido oficial cuenta con miembros afines en los tribunales electorales y en el Instituto Nacional Electoral (INE).

El escenario actual sitúa lo electoral por encima de cualquier otra prioridad nacional. Es el aliciente para una clase política más interesada en perpetuar sus carreras que en resolver los problemas estructurales del país.