Cada día que pasa, la realidad de los gobiernos de MORENA va quedando al descubierto. La improvisación como forma de gobierno no fue un accidente: fue una decisión. Andrés Manuel López Obrador lo dejó claro cuando señaló que en su gobierno era más valioso ser honesto que tener capacidad: “10 por ciento experiencia y 90 por ciento honestidad”, dijo en alguna ocasión. O aquello de que “No crean que tiene mucha ciencia el gobernar”. Frases que, con el paso del tiempo, no han envejecido como ocurrencias, sino que sigen vigentes en el “segundo piso de la 4T”, ya que la falta de preparación se convirtió en política de Estado. Lo que hoy vemos no es el resultado de la mala suerte, sino de una concepción profundamente equivocada del poder público: gobernar, sí tiene ciencia, y cuando se ignora, la ciencia se convierte en dolor.
Hace unos días salió a la luz un reportaje que señala que tramos del Tren Maya están siendo reforzados al presentar hundimientos y desplazamientos en los pilotes que sostienen las estructuras por las que transita el emblema de la improvisación, de la corrupción y del ecocidio en nuestro país. De acuerdo con los reportes de unotv.com y laverdad.com.mx, ingenieros han exhibido hundimientos visibles en el Tramo 5 del proyecto, donde los pilotes —elementos clave para la estabilidad de la vía— muestran fallas estructurales. Estamos hablando de una obra faraónica financiada con recursos públicos que, lejos de ser un orgullo nacional, se convierte en un monumento a la irresponsabilidad técnica. Mientras tanto, el costo ecológico es incalculable: cavernas destruidas, mantos acuíferos afectados y una selva que no se recuperará en décadas. Todo por la soberbia de quienes creen que gobernar no tiene ciencia.
Este lunes nos enteramos, gracias a una profunda investigación publicada por El País, sobre el tráfico y la venta de medicamentos falsos en el sistema de salud público. Una consecuencia directa de la destrucción del sistema de salud, por una parte, y de la colusión del gobierno con el crimen organizado, que también está involucrado en esta ilegal industria. México ocupa ya el nada honroso sexto lugar en el mundo en cuanto a la venta de medicamentos falsos y se estima que hasta el 60 por ciento de los medicamentos que se comercializan en el país podrían ser apócrifos.
Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 700 mil personas mueren cada año en el mundo a causa de medicamentos falsos o de mala calidad. No son números fríos: son padres, madres, hijos, abuelos. Y una parte de esa cifra, aunque nadie la ha contado con precisión en México, está ocurriendo aquí y ahora, en hospitales del IMSS, del ISSSTE, del IMSS-Bienestar, en clínicas rurales y en centros de cáncer. ¿Cuántas de esas 700 mil muertes anuales llevan el sello de la corrupción mexicana?
La desgracia mayor se da en hospitales públicos que han comprado —y suministrado— medicamentos falsos a sus pacientes. La complicidad del gobierno a la luz de los 9,500 millones de pesos en compras de medicamentos a empresas señaladas previamente por el propio gobierno; la mayor parte por la Cofepris. Paradójicamente, la Cofepris es la que ha permitido, por acción u omisión, que distribuidores irregulares obtengan contratos millonarios. La investigación de El País documenta cómo laboratorios fantasma y empresas sin certificación sanitaria han logrado colarse en las licitaciones públicas con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Salud.
El gobierno, en su afán por “ahorrar dinero” y por eliminar a los intermediarios tradicionales, abrió la puerta a nuevos proveedores sin verificar su capacidad técnica ni su historial. El resultado ha sido una avalancha de medicamentos que no curan, que intoxican, que matan. Y mientras tanto, los pacientes con cáncer han recibido medicamentos falsificados para tratar la enfermedad. El costo de la improvisación se mide en vidas perdidas. Esto es una realidad documentada por la prensa, por organismos internacionales y hasta por la industria farmacéutica, como MSD México, que ha advertido que los medicamentos falsos “parecen baratos, pero salen caros”.
El mercado negro de fármacos es hoy una de las actividades ilegales más lucrativas del país, sólo por debajo del narcotráfico y el huachicol. Y el gobierno de MORENA no sólo lo ha tolerado: lo ha alimentado con sus propias compras irregulares. Porque cuando el Estado compra fármacos falsos, les otorga un sello de legitimidad. El paciente cree que está recibiendo un medicamento seguro porque viene de una farmacia del hospital público.
Diversas investigaciones periodísticas han señalado que grupos delictivos han diversificado sus negocios hacia la falsificación de medicamentos, aprovechando la debilidad institucional y, en algunos casos, la complicidad de funcionarios locales. No es descabellado pensar que parte de los 9,500 millones de pesos en compras irregulares haya terminado financiando a cárteles.
No podemos permitir que un grupo de personas incapaces sigan haciéndose cargo del gobierno —no gobernando—. La primera llamada a la acción en contra de MORENA será el primer domingo de junio de 2027, fecha en la que los mexicanos tendremos la oportunidad de arrebatarle a MORENA y a sus socios del PT, el VERDE y MC, la mayoría en la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y congresos locales, así como presidencias municipales.
Este llamado es a la población pero también a los partidos de oposición para encontrar a los mejores hombres y a las mejores mujeres en cada distrito federal, en cada estado y en cada presidencia municipal en competencia para detener ya el retroceso del país y comenzar de nuevo, con seriedad, capacidad y entrega, a rehacer lo que merecía la pena y que destruyó MORENA, y a cambiar lo que sea necesario, para hacer de México la patria grande y generosa que queremos dejar a las futuras generaciones.