La elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral —Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez— confirma una constante en la política mexicana contemporánea: la legalidad no siempre alcanza para construir legitimidad plena. Nadie puede cuestionar que el procedimiento en la Cámara de Diputados se apegó a derecho; sin embargo, el proceso dejó una sombra inevitable: la exclusión de la oposición.
El árbitro de la democracia no sólo debe ser imparcial, debe parecerlo. Esa máxima, repetida hasta el cansancio desde la transición democrática de los noventa, hoy vuelve a cobrar vigencia. La oposición, aunque reducida a menos de una tercera parte de la Cámara, representa una porción real del país. Ignorarla en la integración del árbitro electoral no es ilegal, pero sí políticamente imprudente
Más allá del ruido mediático y los dimes y diretes que acompañaron la designación, lo cierto es que los nuevos consejeros llegan a un terreno minado. El INE que reciben no es el mismo de hace una década, ni siquiera el de 2024. Se trata de un instituto con una estructura profesional tensionada por la austeridad presupuestal, con cargas operativas crecientes y con un entorno político altamente polarizado.
Blanca Cruz García
La pregunta de fondo no es menor: ¿tenemos hoy un INE más fuerte o más débil que el de 2024? La respuesta exige distinguir tres planos. Primero, el Consejo General, que ahora presenta una integración que muchos perciben más cercana al bloque mayoritario de Morena. Esa percepción, justa o no, condicionará cada decisión del órgano colegiado. Segundo, la estructura profesional electoral, históricamente el corazón técnico del Instituto, hoy resentida por recortes y sobrecarga de trabajo. Y tercero, la participación ciudadana, esa red silenciosa de millones de funcionarios de casilla que, elección tras elección, han sostenido la credibilidad del sistema.
Paradójicamente, es en este último componente donde reside la mayor fortaleza del INE. Mientras las élites políticas disputan narrativas y cuotas de poder, la ciudadanía sigue organizando, vigilando y contando votos. Esa base social ha sido, desde la alternancia del año 2000, el verdadero ancla de confianza del sistema electoral mexicano.
Frida Gómez Puga
Pero no basta con confiar en la inercia institucional. Los nuevos consejeros tendrán que construir credibilidad desde el primer día. No habrá periodo de gracia. Cada decisión —desde la organización de procesos locales hasta la inédita elección judicial— será examinada con lupa por actores políticos, medios de comunicación y una sociedad cada vez más crítica.
El desafío es doble: demostrar independencia frente a quienes los eligieron y generar confianza entre quienes se sienten excluidos. Si fracasan en cualquiera de estos frentes, el costo no será sólo institucional, sino democrático. Porque cuando se debilita el árbitro, se tensiona todo el sistema.
México ha construido su arquitectura electoral a partir de crisis. Ojalá no sea necesario atravesar una nueva para reafirmar lo que debería ser evidente: que la legitimidad del INE no se decreta en el Congreso, se construye en cada elección. Y hoy, más que nunca, esa tarea recae sobre tres nombres que deberán demostrar que están a la altura de una historia que no admite retrocesos.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz