En México, ningún partido político es ajeno a la infiltración del crimen organizado. Exgobernadores, alcaldes, legisladores y secretarios de Estado han enfrentado procesos penales, tanto en el país como en Estados Unidos, por delitos que incluyen el manejo de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero y narcotráfico.

La novedad radica en que Estados Unidos ha presentado una solicitud de detención con fines de extradición contra un gobernador, un senador y varios funcionarios estatales y municipales. Estos nombres se suman a una lista que se extiende con el paso del tiempo. Este fenómeno no es nuevo: desde la década de los ochenta, casos como el de la sobrina del entonces gobernador de Jalisco, Salvador Cosío Vidaurri —que reveló vínculos con Enrique Caro Quintero—, marcaron el inicio de una serie de detenciones de altos funcionarios en ambos lados de la frontera.

Recientemente, las acciones del Operativo Enjambre han derivado en la captura de diversos alcaldes y funcionarios municipales en distintas entidades. A esto se añade el registro del portal Narcopolíticos —iniciativa de los periodistas Óscar Balderas y Luis Chaparro, en colaboración con la organización Defensorxs—, el cual evidencia los presuntos nexos de personajes de diversas fuerzas políticas con grupos criminales.

 

Del PRI a Morena: la persistencia del vínculo

Desde finales del siglo pasado, diversas versiones periodísticas señalaron los posibles lazos entre el narcotráfico y el partido entonces hegemónico. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la detención de exmandatarios estatales confirmó que el crimen organizado logró penetrar estructuras de poder en entidades como Tamaulipas o Quintana Roo. La extradición y el encarcelamiento de estos titulares del Ejecutivo estatal validaron las sospechas sobre la colusión entre la clase política y los cárteles de la droga.

En su momento, el PRI asumió el descrédito y el costo electoral de ver a sus gobernadores tras las rejas. Un escenario similar enfrentó el PAN tras el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Actualmente, Morena acumula señalamientos por gobernantes vinculados a actividades ilícitas. La situación escala con la reciente acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra un gobernador y un senador activos, para quienes solicita formalmente la extradición.

Resta observar el costo político que el partido oficial pagará en los comicios de 2027. Para la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta una disyuntiva crítica: aprovechar la coyuntura para profundizar el combate a la corrupción política —pese a las posibles resistencias internas en Morena— o permitir que prevalezca la impunidad, asumiendo un costo en las urnas que parece inevitable. Para amplios sectores de la sociedad, la procedencia de la justicia es secundaria frente al hartazgo por décadas de complicidad criminal; por ello, acciones como las de la justicia estadounidense suelen ser recibidas con aprobación ciudadana.