En México, cuando un gobernador es señalado por la justicia y después de agotar las declaraciones emocionales en las que se presenta como inocente y víctima de enemigos políticos, solicitar licencia ya no es un simple acto administrativo. Se convierte en una señal clara y preocupante. En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, esta solicitud no solo sigue un patrón conocido, sino que genera una alerta seria: podría ser el primer paso para facilitar su salida del país con la tolerancia, o incluso con el beneplácito implícito, del gobierno federal.

Gobernadores han dejado el cargo envueltos en discursos institucionales impecables: “facilitar las investigaciones”, “atender asuntos personales” o “no interferir con la justicia”. Todo suena correcto y responsable. Sin embargo, la historia posterior ha demostrado en repetidas ocasiones que estos discursos suelen ser el preludio de algo muy distinto. Los hechos del pasado son irrefutables y forman una cadena que debería poner en alerta a cualquier observador.

Javier Duarte, del PRI y exgobernador de Veracruz, pidió licencia, prometió enfrentar la justicia y terminó huyendo hasta ser detenido en Guatemala. Tomás Yarrington, del PRI y exgobernador de Tamaulipas, desapareció del radar y fue capturado años después en Europa. César Duarte, del PRI y exgobernador de Chihuahua, permaneció fuera del país hasta su extradición. Roberto Borge, del PRI y exgobernador de Quintana Roo, intentó escapar y fue detenido en Panamá. No se trata de coincidencias aisladas, sino de un mecanismo recurrente que ha permitido a varios exgobernadores evadir la justicia durante meses o años.

Cuando Morena llegó al poder, el mensaje fue contundente: “No somos iguales”. Se prometió una ruptura real con las prácticas del pasado, el fin de la impunidad y un nuevo estándar de rendición de cuentas. Sin embargo, en los hechos se incorporó a figuras de los viejos partidos, principalmente del PRI, junto con muchas de sus peores prácticas. La política mexicana ha demostrado una extraordinaria capacidad para cambiar los discursos mientras mantiene intactos los mismos instrumentos de protección.

Hoy, el caso de Rocha Moya representa un momento crítico. No hace falta que un funcionario huya inmediatamente al extranjero para confirmar que el sistema sigue fallando. Basta observar cómo se administran las acusaciones graves, se contienen las crisis políticas y se prioriza el control del partido por encima de la justicia. El fenómeno no se limita a los gobernadores. En el Congreso, diputados y senadores enfrentan cuestionamientos serios y optan por pedir licencia o desaparecer del debate público. No siempre hay fuga física, pero sí una desaparición política en el momento exacto en que más se exige responsabilidad.

La licencia no es el delito en sí misma, pero sí es el instrumento que lo facilita con demasiada frecuencia. Permite bajar la presión mediática, ganar tiempo estratégico, reorganizar defensas legales, negociar salidas y, en algunos casos, preparar el terreno para una eventual evasión. Incluso cuando no hay huida inmediata, el resultado suele ser la dilución sistemática de la responsabilidad.

El punto más incómodo es el siguiente: durante años se señaló al PRI como el origen del problema. Después se aseguró con vehemencia que “nosotros no somos iguales”. Hoy surge una pregunta mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando el discurso cambia radicalmente, pero el mecanismo de protección permanece exactamente igual, ahora incluso con el silencio o la pasividad del gobierno federal?

Si el poder actual sigue privilegiando la contención política y los discursos exculpatorios por encima de una rendición de cuentas clara, oportuna y efectiva, entonces la diferencia no radica en el sistema, sino únicamente en la retórica. México no necesita más promesas contra la corrupción. Necesita romper este patrón de una vez por todas.

Porque la secuencia es siempre la misma: escándalo, licencia, promesa de colaboración y, finalmente, silencio. Mientras esta dinámica se repita —con nombres distintos, partidos distintos y discursos distintos—, la conclusión es ineludible: no se trata de que “no sean iguales”. El sistema que prometieron transformar sigue operando exactamente como siempre. Y cuando eso ocurre con el beneplácito implícito de quienes hoy detentan el poder, el problema ya no es solo la herencia del pasado. Es una decisión consciente del presente.