Durante el sexenio de AMLO la planeación, el ahorro y la previsión estuvieron ausentes; en compensación, sobró el derroche; no faltaron el despilfarro, la corrupción y el huachicol. El despilfarro de los recursos públicos, bajo del expediente de establecer un estado benefactor, en su momento, por razones políticas, fue elevado al nivel constitucional. La oposición, para no quedar mal con sus electores, se sumó al esfuerzo derrochador; ella, con sus votos, por razones netamente políticas, aprobó las reformas que lo permitieron. Lo hizo de manera irresponsable.

Las consecuencias de esa política de derroche son la cruda económica que sufrimos y que amenaza con ser general y permanente. En la administración pública, en todos los niveles: federal, local o municipal, se observan carencias y recortes.

La gobernadora de Campeche, la Pelirroja, está a punto de declarar en quiebra a su entidad. No tiene dinero ni para pagar la energía eléctrica; y eso pasa en la temporada menos oportuna: la del calor, cuando más la necesita. Ella, como miembro de Morena, no está exenta de culpa. Durante su gobierno, para no desentonar, también le entró al derroche de los recursos públicos.

La administración pública federal llegó a la conclusión de que había que hacer recortes. Éstos, como siempre, se hicieron recaer en los bueyes del compadre: en los que menos culpa tienen en el desastre económico: los burócratas comunes y corrientes y los jubilados. El campo, la industria, las universidades e institutos de educación superior también resienten la penuria económica.

Los pensionados es un sector que está pagando los platos rotos de una política económica de derroche. Les han sido recortadas las pensiones que bajo el imperio de la ley se habían ganado. El recorte derivó de una reforma constitucional a la que se dio efectos retroactivos, a pesar de quela existencia este tipo de normas están prohibida por la Carta Magna.

La reducción también comprendió aquellas pensiones que habían sido sancionadas o reconocidas por sentencias de los tribunales o laudos de las juntas de conciliación y arbitraje. Con ello se faltó al principio de irrevocabilidad de las determinaciones judiciales, las que han causado estado, las que están firmes. La intentona oficial derivó en detrimento del principio de seguridad jurídica. Todos teníamos entendido que la Constitución prohibía las leyes retroactivas que perjudican. Ahora resulta que no. Que a través de un transitorio sí se puede actuar respecto del pasado.

Para cerrar el círculo e impedir que los afectados recurran al amparo para cuestionar el abuso, se invoca la fracción I del artículo 61 de la Ley de amparo, que hace improcedente esa vía de defensa cuando está de por medio una reforma constitucional, sin importar que ella, como es el caso, esté viciada. Según ese criterio, para eludir impugnaciones, es suficiente con que se incorpore como texto de la Constitución o como transitorio de una reforma a ella, para considerarla intocable. Es la política de dar a los absurdos la categoría de sagrados para volverlos inatacables.

En la reforma hubo excesos. El recorte del monto de las pensiones se hizo sin tomar en consideración que muchos de ellos habían adquirido compromisos con base en una pensión legalmente ganada. Los afectados van a estar imposibilitados para hacer frente a las obligaciones contraídas. Esto derivará en un incumplimiento generalizado, en detrimento del crédito y de la economía general del país.

Ciertamente en algunas pensiones hubo excesos, pero el que los hubiera no es razón para pagaran justos por pecadores.

Se fijó como límite de una pensión de los jubilados la mitad de lo que percibe la presidenta de la República. Independientemente de que se trata de una determinación retroactiva y que, por serlo, es contraria a la Constitución, no se tomó en cuenta que esa “servidora pública” tiene ingresos con cargo al presupuesto público que exceden a los dos millones de pesos. Vivir en Palacio Nacional es un privilegio que no todos tenemos. No paga seguridad, energía eléctrica, mantenimiento, servicios médicos, agua, limpieza, servicio de transporte: automóviles, choferes, guardaespaldas y servidumbre, en general. No creo que el responsable de las compras de la despensa se ande fijando en los precios de los alimentos que adquiere.

Nada de eso se tomó en consideración al fijar el monto del máximo a pagar a los pensionados. Había que recortar gastos, sin importar incurrir en actos de injusticia.

Mucho anda mal en los negocios públicos; esto comprende el ámbito económico o presupuestal. Pocas dependencias oficiales pagan y cuando lo hacen es a destiempo. Las dependencias publicas, por incumplir sus obligaciones, no gozan de crédito y confianza.

El gobierno recurre a su brazo coactivo para que obligar a los particulares a cubrir sus créditos fiscales con la debida oportunidad. Impone recargos e intereses leoninos para el caso de mora.

En cambio, los particulares, cuando ganan un juicio a la administración pública federal, saben que las sentencias no serán cumplidas y que no habrá instancia a la que recurrir.

Por la falta de pago y de cumplimiento de sus obligaciones, pocos particulares se niegan a vender insumos o prestar servicios a la administración pública. Los pocos ingenuos o necesitados que lo hacen, se arrepienten de haberlo hecho.

Tratándose de créditos entre dependencias del gobierno, prevalece el principio de que estará a salvo de cubrirlos aquél que cuenta con una hermana, pariente o amigo como juzgador. Pretextos no faltarán a quien dispense del cumplimiento de una obligación.

Las razones para que un juzgador se excuse y que daban motivo a recusaciones, desaparecieron. Prevalece la ley del pariente más cercano.

Estamos en tiempos de la “justicia” de la cuarta transformación: una que no es ciega e imparcial; que beneficia a un sector de la clase gobernante; la que, al parecer, echó mano a recursos de procedencia ilícita, para hacerse del poder

En México el gobierno está para derrochar, el político para gozar ese derroche y la ciudadanía para pagar el dispendio de sus representantes y observar la vida de lujos que ellos, a su costa, disfrutan.