El país atraviesa momentos difíciles, que sólo los militantes de Morena en el poder se niegan ver, y desde luego simulan que todo está bien. La crisis de inseguridad con miles de muertes, las recurrentes fosas clandestinas donde arrojan por centenares a ejecutados sólo es comparable con la barbarie de los países en guerra, y ciego de poder, quien realmente gobierna desde Palenque, detrás de la silla del águila, busca que la violencia cotidiana sea asimilada y aceptada sin protesta, pero la sociedad ya ha reiterado su hartazgo por diversos medios y en distintas formas.
El pasado domingo tuvo lugar la celebración de un Congreso Nacional del partido Morena, para el relevo de sus dirigentes, en la presidencia del partido, Luisa María Alcalde fue sustituida por Ariadna Montiel hasta entonces titular de la Secretaria del Bienestar y persona por demás incondicional de Andrés Manuel López Obrador.
En su discurso de toma de posesión la actual dirigente de Morena señaló que en el Partido Morena no caben los corruptos; será porque ya no hay espacio porque están llenos; y que quien quiera ser candidato por Morena deberá tener un historial de vida limpio; para encontrar candidatos va a ser tarea casi imposible pues la gran mayoría de los militantes de ese partido tienen conexión con grupos delictivos.
La terca realidad se impone y, pese a los intentos voluntaristas de la Señora Presidente, quien en las ya aburridas mañaneras por sus erráticas intervenciones, insistentemente señala que todo va muy bien, el país está inmerso en un marasmo de descomposición política, corrupción, inseguridad, violencia, desesperanza y creciente irritación social.
¿En dónde están y que hacen las Autoridades Policiales de México? mientras que las autoridades estatales y municipales siguen pasmadas en la inercia impuesta el pasado sexenio de los abrazos y no balazos y permanecen en el mejor de los casos sin actuar y en el peor que es en la gran mayoría de las veces en colaboración y contubernio con el crimen organizado.
Es claro que en México estamos enfrentando, entre otras circunstancias, situaciones difíciles en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Los motivos pueden ser diversos: la penetración de la delincuencia organizada en algunas corporaciones policiales, el alto porcentaje de impunidad delincuencial, hasta un preocupante desconocimiento de los alcances que en todos los órdenes de vida institucional existe de los derechos humanos.
De la crisis de inseguridad sin duda alguna, al gobierno anterior se le puede reprochar su agravamiento y una equivoca estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada y en especial al narcotráfico, con abrazos y no con balazos, les dio los espacios para crecer sin medida hasta adueñarse del país. El supuesto combate, lo está librando el Secretario de Seguridad Pública que actúa de manera reactiva a cada exigencia del gobierno de Estados Unidos.
La corrupción ha permeado hasta la médula al Ejército y a la Marina; hace ya varios años que lo advertimos que cuando las Fuerzas Armadas son sacadas de sus cuarteles sin un marco jurídico y una planeación adecuada, sin respetar el artículo 129 de la Constitución que nos rige, que ordena que: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Y en nuestro país se les han asignado tareas que no son propias de la disciplina militar, sin tener claro el qué, el cómo, el dónde, el cuánto y durante cuánto tiempo, se quiera o no; cuando esto sucede, los Ejércitos comienzan a ejercer poder y los desenlaces suelen ser trágicos para los Gobiernos.
Este fin de semana pasado, se dio a conocer en nuestro país, que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de detención con fines de extradición en contra del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, un senador de aquel Estado y 8 funcionarios en servicio de aquella entidad.
En Estados Unidos es ese mismo distrito que procesó al Chapo Guzmán en 2019 y dictó sentencia condenatoria en contra de Genaro García Luna en 2023. Su jurisdicción considera su competencia extraterritorial sobre actos cometidos en México, con fundamento en una doctrina consolidada en aquel país que establece que: cuando una conspiración produce efectos en el tráfico interno de narcóticos de Estados Unidos, los tribunales federales norteamericanos tienen jurisdicción sobre todos sus participantes, independientemente de su ubicación territorial.
En Estados Unidos los cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el CJNG fueron calificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Esto no es solo semántico, ya que permite aplicar leyes antiterroristas, congelar activos y procesar a cualquier persona que les brinde apoyo material, incluso empresas mexicanas.
Para los norteamericanos, México junto a China, India y Colombia son catalogados como países que deben rendir cuentas. Se le exige confiscar precursores químicos, desmantelar laboratorios y eliminar las estructuras de mando de los cárteles que amenazan territorio estadounidense. La estrategia menciona operaciones militares activas contra narcotraficantes y un anexo clasificado con planes operativos contra los cárteles.
Ante todas estas circunstancias y la exigencia pertinaz del Gobierno norteamericano sobre el cumplimiento de los acuerdos bilaterales como es el tratado de extradición entre México y los Estados Unidos, nuestro gobierno se encuentra presionado y no es con retórica fantasiosa como la utilizada por la Presidente de nuestro país que saldremos de este trance; más aún que como antecedente, tan solo en el año 2025 nuestro gobierno expulsó enviando a Estados Unidos a 90 mexicanos que se encontraban en las cárceles mexicanas, sin respetar el marco legal.
Es hora de cumplir con lo pactado y obsequiar a nuestros vecinos el cumplimiento de nuestros compromisos adquiridos con anterioridad.