Morena enfrenta la coyuntura más crítica de su corta existencia. Fundado en 2015, el partido experimentó un éxito electoral vertiginoso, pero con la misma rapidez emergieron los dilemas y desafíos internos que hoy ponen a prueba su viabilidad futura. Dos vertientes principales ilustran esta crisis y exponen las contradicciones estructurales en su interior, una dinámica que amenaza con desmantelar el legado político de su principal fundador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

 

  1. El discrecional derecho de admisión

Durante años, Morena recibió duras críticas por incorporar a sus filas a antiguos militantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), personajes cuyas trayectorias divergían de los valores éticos que la dirigencia nacional presumía estatutariamente. Bajo una identidad autodefinida como de izquierda, la ciudadanía observó con desconcierto la asimilación de políticos provenientes de la derecha tradicional e incluso vinculados a facciones de ultraderecha, como Manuel Espino, expresidente del PAN.

Figuras como Miguel Ángel Yunes o Javier Corral, quienes en su momento describieron a Morena como una secta y calificaron a López Obrador de “loco”, no encontraron obstáculos para ser admitidos y protegidos dentro del movimiento. Del mismo modo, la incorporación del exgobernador priista Alejandro Murat —cuyo padre fue censurado por el propio exmandatario debido a prácticas de nepotismo en Oaxaca— provocó protestas entre las bases, pero terminó consolidándose como un militante más de la organización en el poder.

Sin embargo, el criterio de inclusión muestra hoy un viraje selectivo. El exboxeador Érik Terrible Morales vio truncada su afiliación bajo el argumento de su antigua cercanía al PAN y por sus declaraciones críticas contra la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, durante el pasado proceso electoral. Esta severidad contrasta con la indulgencia otorgada a Javier Corral o a los operadores de campañas que antes etiquetaron a López Obrador como “un peligro para México”. Asimismo, Morales enfrenta un proceso judicial en Baja California, un factor que la dirigencia utiliza como barrera, mientras mantiene una notable lentitud para sancionar o expulsar a otros perfiles con antecedentes penales similares, como Hernán Bermúdez Requena.

A este escenario se suma la renuncia irrevocable de Sergio Mayer antes de ser formalmente sancionado. Su salida se produjo en medio de controversias por sus inasistencias legislativas para participar en un programa de telerrealidad. Las críticas internas que acusaban a Mayer de privilegiar el espectáculo sobre la labor parlamentaria revelan un doble rasero si se comparan con el caso de Cuauhtémoc Blanco. El exgobernador fue captado jugando al pádel durante la sesión de una comisión en la Cámara de Diputados, y cuenta también con acusaciones de índole penal, sin que esto haya mermado su posición dentro del partido. En Morena, la disciplina y la congruencia parecen medirse con distintas varas.

 

  1. La popularidad no se hereda

En el plano institucional, las conferencias de prensa matutinas se han utilizado como plataforma para proyectar la aceptación ciudadana de la presidenta Claudia Sheinbaum, con mediciones que presuntamente superan los índices de su antecesor. No obstante, esta estrategia de comunicación política afronta problemas de credibilidad. Diversos sectores señalan que algunas de las empresas demoscópicas utilizadas mantienen contratos gubernamentales vigentes, lo que resta objetividad a sus diagnósticos.

Resulta sintomático que el Gobierno federal haya prescindido de las mediciones de la consultora internacional Morning Consult, un referente habitual en los discursos de Palacio Nacional. El retiro de estos datos coincide con el declive en la aprobación de la mandataria registrado por dicha firma y por la encuestadora Atlas Inteligent. Los estudios de marzo pasado revelaron un empate técnico: el 47 % de los consultados aprueba la gestión presidencial, frente a un 46 % que la desaprueba. El desglose de Atlas Inteligent documenta una tendencia a la baja a inicios de 2026: la aprobación pasó de un 62,8 % en enero, a un 56 % en febrero, un 53,9 % en marzo y un 50,7 % en abril.

En el ámbito local, los análisis de la especialista Lorena Becerra confirman el ajuste: un balance de aprobación que hace un año se situaba en un óptimo 80-15 se reconfiguró en un 59-39, lo que representa una contracción neta de 45 puntos porcentuales.

Este desgaste en el Ejecutivo se vincula directamente con la pérdida de intención de voto para Morena en los últimos meses, acentuada por las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra políticos mexicanos, como el gobernador con licencia de Sinaloa. Ante el panorama de 2027, la cómoda ventaja histórica se desvanece frente a un escenario altamente competitivo y con un partido que acumula costos políticos por escándalos de corrupción e impunidad.

La narrativa oficial de culpar al pasado o denunciar campañas de desprestigio resulta insuficiente. Incluso los programas sociales universales se vislumbran insuficientes para asegurar la meta de retener las gubernaturas y la mayoría en la Cámara de Diputados. Las próximas semanas definirán si la estructura del partido logra contener el deterioro o si el declive institucional terminará por arrastrar sus siglas.