El pasado 18 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para ajustar el modelo de elección popular del Poder Judicial.
La propuesta es relevante porque, lejos de retroceder en la transformación del Estado mexicano, la perfecciona con base en la experiencia del primer ejercicio electoral de 2025; además, atiende las consideraciones del INE y las propuestas ciudadanas, lo que refleja un gobierno que escuchó las complejidades de las boletas y, en general, del proceso.
El elemento más visible de la propuesta es el cambio de la elección judicial de 2027 a 2028, con el propósito de evitar la saturación del INE y de los electores, ya que en la próxima elección se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos.
Pero la iniciativa no se limita a esto, plantea cambios de fondo que facilitarán el proceso, como la reducción de candidaturas: las de la Suprema Corte pasan de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30; y las del Tribunal Electoral de 63 a 42.
Además, crea una comisión coordinadora para evitar diferencias de criterios entre los tres poderes, simplifica la boleta y, algo muy importante, fortalece la Escuela Nacional de Formación Judicial para la capacitación permanente de jueces y magistrados.
La propuesta es positiva por donde se le vea: fortalece la calidad técnica de los juzgadores mediante filtros más rigurosos; el derecho a elegir se consolida con boletas más claras y menos saturadas; y se avanza en la homologación de los poderes judiciales locales, lo cual no es un tema menor. Se renovarán 424 magistrados y 2 mil 831 jueces estatales, además de 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito y cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF.
Más allá del ruido, hoy podemos hacer un balance de la reforma al Poder Judicial. Si bien ha habido episodios anecdóticos en el Pleno de la Suprema Corte, algunos de ellos incluso jocosos, existe una belleza institucional de la cual poco se ha hablado: hasta ahora, no hay un escándalo de corrupción que opaque este proceso ni una sentencia injusta que lo defina.
Con esta iniciativa no se contradice la reforma judicial, se mejora. Como la misma presidenta Sheinbaum señaló: “se pospone a 2028 para garantizar un mejor proceso y evitar la saturación electoral”.
Hay algo muy valioso en esta iniciativa: muestra a un gobierno que escucha y que ajusta sin claudicar. Y, lo más importante, cumple con una máxima de Morelos: “que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.
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