Soy de los que se indigna cuando desde Washington se señala a México como un territorio dominado por el narcotráfico. Me molesta escuchar al presidente de Estados Unidos repetir, una y otra vez, que si las autoridades mexicanas no pueden o no quieren actuar contra los cárteles, ellos harán el trabajo. Ese discuso desconoce la complejidad de nuestro país, vulnera nuestra soberanía y alimenta la visión de que México necesita tutelaje extranjero para resolver sus problemas internos.
Pero debo admitir algo con honestidad: me indigna todavía más cuando veo que en comunidades de Chilapa, Guerrero, familias tienen que huir con lo que llevan puesto para salvar la vida ante los ataques de grupos criminales como Los Tlacos o Los Ardillos. Me indigna que campesinos, mujeres, niños y adultos mayores abandonen sus hogares en medio de ráfagas de armas largas y ataques con drones, mientras el Estado mexicano parece llegar tarde, lento o insuficiente.
La soberanía no solamente se defiende con discursos patrióticos desde Palacio Nacional. La soberanía también se defiende garantizando que una familia pueda dormir tranquila en la montaña de Guerrero sin ser desplazada por grupos armados. La soberanía se protege cuando el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza y no cuando éste es disputado por organizaciones criminales que cobran impuestos ilegales, administran territorios y desplazan comunidades.
Lo mismo ocurre en Morelos. Resulta profundamente indignante escuchar las denuncias del obispo de Morelos sobre el “cobro de piso” en comunidades cercanas a la histórica ciudad de Cuautla. Ya no se trata solamente de extorsionar a comerciantes, transportistas o empresarios. Ahora hay delincuentes que cobran por habitar una vivienda, como si fueran propietarios absolutos de pueblos enteros. El crimen organizado ha comenzado a comportarse como un Estado paralelo que recauda, amenaza y castiga.
Cuautla no es cualquier lugar. Es una ciudad cargada de simbolismo histórico, ligada a la resistencia insurgente de José María Morelos. Resulta doloroso que en territorios donde antes se defendió la independencia nacional, hoy algunos habitantes tengan miedo de abrir un negocio, trabajar su tierra o simplemente permanecer en sus hogares sin pagar tributo a criminales.
Por supuesto que defiendo la soberanía nacional y rechazo cualquier intento de intervención extranjera en asuntos mexicanos. Ninguna potencia tiene derecho a violentar nuestro territorio bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Sin embargo, tampoco podemos caer en la negación cómoda ni en el nacionalismo discursivo mientras miles de mexicanos viven bajo el miedo cotidiano.
El problema no se resuelve minimizando la violencia ni acusando de “exagerados” a quienes denuncian estas realidades. Se requiere una actuación urgente, coordinada y contundente de las instituciones del Estado mexicano. La Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, las fiscalías y los gobiernos estatales deben recuperar territorios donde el crimen ha sustituido funciones básicas de autoridad.
Porque mientras en Chilapa haya desplazados y en Cuautla existan criminales cobrando por vivir en una casa, cualquier discurso sobre soberanía quedará incompleto. La patria se defiende garantizando seguridad, justicia y libertad para quienes hoy sobreviven atrapados entre el abandono y el terror criminal.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz