Al igual que Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum busca la manera de atacar a medios de comunicación y usuarios de redes sociales. La alergia a la crítica es clara en las administraciones federales de Morena, en las cuales se han promovido ataques en contra de quienes señalen algún error o irregularidad de sus gobiernos.
Ahora, la mandataria Sheinbaum pide no ver Televisión Azteca. López Obrador se quejaba de las portadas de Reforma, de los editoriales de la revista Siempre!, de columnistas como Raymundo Riva Palacio o Sergio Sarmiento, y de plataformas digitales como Etcétera, EmeEquis o Latinus.
Esta actitud refleja que no han podido ganar una batalla en la que a toda costa buscan vencer: la de la credibilidad.
Las optimistas cifras de delitos a la baja son cuestionadas constantemente en distintos espacios; los discursos de que todo va bien en el país contrastan con las quejas por desabasto de medicinas, falta de equipamiento en hospitales, desaparecidos y robos en la vía pública y carreteras.
El anuncio que trataba de festejar el fin de la corrupción es rebatido por las encuestas, que muestran que una mayoría de los entrevistados aprecian aún muchas de estas prácticas en el gobierno.
La utilidad de las obras insignia del anterior gobierno federal se evalúa negativamente en reportajes que medios y plataformas digitales difunden semana a semana, exponiendo errores de planeación, accidentes y sobrecostos en la construcción.
En Morena y sus gobiernos molestan sobremanera las historias que dan a conocer los presuntos actos de corrupción de sus integrantes, sus viajes por el extranjero —que ellos mismos presumen en sus cuentas—, su ropa de diseñador, joyería y accesorios de lujo, propiedades inmobiliarias millonarias, así como sus excesos en el ejercicio del poder.
También generan alergia los indicios que periodistas y columnistas revelan de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico o grupos del crimen organizado, como sucedió con los casos que involucran a La Barredora.
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales y municipales más, incluidos un alcalde y un senador, son tratadas como parte de una campaña de desprestigio y se evita que los medios y las redes sociales las amplifiquen.
Pese a los esfuerzos de Morena y sus militantes, los escándalos alrededor de los integrantes del partido en el poder y sus acciones ya están cobrando factura en las intenciones de voto de dicha fuerza política.
Encuestas muestran un descenso en las preferencias electorales de Morena rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y 1,700 cargos a nivel federal, estatal y municipal.
Los morenistas, mostrando que la autocrítica no va con sus convicciones, rechazan cualquier señalamiento en su contra y aprovechan recursos jurídicos —como el de la violencia política de género— para acallar a quien publique algo que vaya en contra de sus proyectos políticos personales, como se apreció en el caso de las denuncias a ciudadanos sólo por publicar algo que consideren negativo en redes sociales.
Desde Palacio Nacional
En los dos sexenios de Morena en la presidencia, se han establecido como parte de las conferencias mañaneras secciones en las que se busca desacreditar a medios, articulistas, columnistas, usuarios de redes sociales y plataformas digitales, con criterios tan controvertidos que generan más dudas que certezas.
Un ejemplo ocurrió con el derrame en las costas de Veracruz y Tabasco en marzo de 2026, el cual fue negado en un inicio culpando a un barco de la contaminación con hidrocarburos, para a continuación señalar factores naturales, mientras acusaban de mentir a los medios que señalaban a Pemex de ser la responsable del derrame, para finalmente aceptar que la empresa estatal era la culpable del hecho.
Los miércoles en las conferencias mañaneras se utilizan para señalar a quienes, a juicio del equipo presidencial, mienten, pero en muchas ocasiones los excesos acaban con la intención de combatir las noticias falsas, pues han revelado datos personales de periodistas, incluidos los fiscales, además de provocar agresiones en redes sociales en contra de columnistas y reporteros.
El más reciente ajuste busca que la sección, ahora a cargo de la exdirigente morenista Luisa María Alcalde —conocida por su tendencia a anteponer la propaganda a la información—, presente al «mitómano de la semana», todo a juicio del equipo presidencial y con criterios basados en cuidar la imagen del gobierno y su partido.
Esta estrategia, junto a la presencia de propagandistas disfrazados de periodistas que acuden a las conferencias en Palacio Nacional para hacer preguntas a modo o negocios con los cuestionamientos para la presidenta, no ha dado los resultados que los morenistas esperaban.
El partido ya encabeza varias encuestas que miden el rechazo de los electores hacia los institutos políticos, además de que varios de sus militantes también comparten los primeros puestos en la categoría del posible candidato por el que nunca votarían los ciudadanos.
Otros estudios demoscópicos muestran que también es la fuerza política que más se relaciona con el crimen organizado, además de que buena parte de sus gobernantes enfrentan un rechazo por la falta de resultados.
Para Morena, que tiene a lo electoral como prioridad —no la solución de los problemas que nos afectan como país—, la crítica es intolerable. Para la presidenta Sheinbaum, quien debería gobernar para todos los mexicanos, el llamado a no ver Televisión Azteca no coincide con la ética que debería tener un funcionario público con la máxima responsabilidad en la nación, por mucho que quiera disfrazar su alergia a la crítica al decir que fue una simple opinión.
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