El jueves pasado, la Presidente Sheinbaum con una sonrisa fingida recibió en Palacio Nacional al enviado de Donald Trump, y mientras declara que México no recibe órdenes de nadie, y que el Gobierno de México siempre defenderá la soberanía nacional, Markwayne Mullin Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviado de Washington no vino proponer acciones conjuntas ni a intercambiar inteligencia; vino expresamente a dejarle a la Presidente una lista de tareas, y una lista de nombres de políticos integrantes del partido en el poder, Morena que próximamente serán requeridos por las autoridades judiciales del nuestro vecino país.
Por su parte Pete Hegseth Secretario de Guerra de Estados Unidos en reunión de gabinete con Trump, anunció una estrategia de mano dura bajo el lema “Vamos a la guerra contra los cárteles”. El secretario ha comparado a estas organizaciones con grupos terroristas internacionales, advirtiendo que su gobierno utilizará tácticas similares a las empleadas en el pasado, contra Al-Qaeda o ISIS.
Esa Guerra contra los cárteles se encuentra legitimada al considerar la introducción y venta de drogas en Norteamérica como un asunto de Seguridad Nacional, porque las drogas causan la muerte de más de cien mil estadounidenses al año. El primer paso en esa guerra es desarticular todos los apoyos políticos con que cuentan en México los cárteles para seguir operando, y en segundo término bloquear todas las posibilidades financieras para continuar con su operación. La exigencia a México para que entregue a los políticos requeridos forma parte de la estrategia de esta “guerra”.
Con este embate de Trump, el partido político de Morena se ve acorralado y la mayoría de integrantes de ese partido que ocupan cargos políticos temen ser señalados, en virtud de que en su gran mayoría, desde integrantes de los cuerpos policiacos, presidentes municipales, gobernadores y legisladores han recibido y siguen recibiendo dinero de los carteles. De concretarse las detenciones de los señalados y requeridos por las autoridades judiciales norteamericanas, el partido en el gobierno estará en franca disolución.
Independientemente de las acciones que emprenda nuestro vecino país, caiga o no Morena, los ciudadanos que buscamos un futuro mejor para México, debemos de unirnos para empezar a diseñar un programa con miras a reconstruir la República Democrática que ha sido desmantelada por Morena al desaparecer instituciones democráticas que tardamos décadas en construir y desaparecer la división de poderes con la reforma judicial.
Vale la pena recordar que la democracia es una construcción colectiva y que nadie la encarna por y en sí mismo. La democracia la concretamos todos en nuestro actuar, en nuestra diversidad y diferencias. Somos plurales y eso nos vuelve democráticamente fuertes. Por eso, de cara a las elecciones del próximo año, tenemos la oportunidad de reivindicar nuestra vocación democrática y, con ello, honrar la batalla de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que se comprometieron con una lucha para democratizar a México y construir un sistema electoral autónomo, profesional e independiente, que hoy padece la amenaza del crimen organizado.
La eficacia del sistema político requiere de consensos que privilegien el interés general de la sociedad. Toda decisión implica definiciones con costos y ventajas para los electores. La auténtica democracia no se agota en las urnas, va más allá de la democracia electoral; supone una participación real y activa de los ciudadanos en la elaboración de las políticas. Para esto, lo procedente sería convocar a una amplia reflexión que movilice a la sociedad, para que los mexicanos seamos capaces en el 2027 y 2030, de emitir un voto razonado. Los tiempos actuales son tiempos de actuar y decidir con visión de futuro, llevamos casi tres décadas construyendo el México del tercer milenio, y tal pareciera que desde hace casi ocho años, vivimos en un retroceso continuo.
Construyamos la nueva República Mexicana, libre de los carteles de la delincuencia, tenemos que reinventar un nuevo marco jurídico, en el 2030 convocar a un Congreso Constituyente para reestablecer la división de poderes concediendo al Poder Judicial la plena independencia y autonomía, reestablecer las instituciones democráticas desaparecidas por el partido en el gobierno y edificar un verdadero Estado de Derecho Democrático y libre.
Los mexicanos queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos erradicar la corrupción y la impunidad, queremos rescatar los valores éticos de convivencia, pero no queremos vivir en un Estado policíaco o Totalitario en el que se violentan los derechos humanos de las personas, queremos vivir en un Estado en donde se respete la dignidad de todos los ciudadanos. Es por ello que es muy importante que todos participemos en la construcción del México nuevo; si bien la democracia no se agota en las urnas, pasa necesariamente por estas. Si queremos realmente un cambio para vivir en un verdadero Estado de Derecho en una Democracia Plena, tenemos, como sociedad el deber de dejar la apatía y el miedo, debemos tomar la iniciativa y organizarnos para poder ser más participativos y no dejar que otros decidan por nosotros.