La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido elevar la apuesta en momentos en que Estados Unidos hace lo propio. El discurso del pasado domingo 31 de mayo muestra a una mandataria que aumenta el tono de confrontación con la Unión Americana —aunque evita mencionar directamente a Donald Trump— al recurrir al nacionalismo y al rechazo al injerencismo. La respuesta de Washington fue contundente: la filtración de una nota que indica que Américo Villarreal y Alfonso Durazo, ambos gobernadores morenistas, son parte de una investigación criminal.

El mitin para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral sirvió para que Sheinbaum lanzara acusaciones a la «ultraderecha internacional», advirtiera que vienen por más cuadros de Morena y señalara que el vecino del norte busca convertirse en el «gran elector» en los comicios mexicanos de 2027.

Sin embargo, la presidenta guardó silencio sobre los delitos de los que son acusados personajes cercanos a su entorno, como el gobernador Rubén Rocha Moya. Tampoco aludió a las encuestas que reflejan el sentimiento de inseguridad en buena parte de la población ni a la percepción ciudadana de que la corrupción persiste en el gobierno.

 

Complicada coyuntura

Todo este escenario tiene como telón de fondo el proceso electoral de 2027, que perfilará la elección más grande en la historia del país. Estarán en disputa 500 diputados federales, 17 gobernadores, 680 presidentes municipales, 16 alcaldías en la Ciudad de México y 1.088 diputados locales, además de otros 1.700 cargos federales y estatales.

Para Morena la coyuntura es complicada. Sheinbaum da muestras de preocupación en sus conferencias mañaneras y discursos. El problema para el partido en el poder es cómo retener, al menos, las posiciones que actualmente detenta. Los programas sociales brindan una base de votantes sólida, pero insuficiente para ganar una elección en la que la tendencia de intención de voto va en declive.

Adicionalmente, los escándalos que involucran a morenistas con cárteles del narcotráfico restan apoyos. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de un gobernador, un senador, un alcalde y otros siete funcionarios de Sinaloa han comprometido la imagen del partido. Las encuestas muestran el rechazo social a la protección otorgada a los imputados y un respaldo mayoritario a su extradición. De ahí surgen las modificaciones legales del oficialismo para que la injerencia extranjera sea considerada una causa de nulidad electoral.

 

El espejo de García Luna

El escenario político se complicará en la medida en que las acusaciones sigan apareciendo y Estados Unidos publique las pruebas en contra de los señalados. Si en el pasado Andrés Manuel López Obrador y la propia Sheinbaum festejaban el proceso penal contra Genaro García Luna en una corte de Nueva York, ahora no pueden rechazar un método similar sólo porque se dirige contra sus correligionarios.

Si el temor es que las acciones de las autoridades judiciales estadounidenses influyan en el voto de los mexicanos —un impacto que el Gobierno busca acotar con arengas nacionalistas—, los resultados de 2027 podrían confirmar esa sospecha. Especialmente si las pruebas coinciden con lo que los medios y los partidos de oposición han denunciado durante años.

Una variable que Morena no controla por completo es la oposición. El Partido Acción Nacional (PAN) aprovecha los ataques contra la gobernadora Maru Campos para cerrar filas y mostrar un discurso más confrontativo, lo que genera esperanza entre su militancia de haber despertado del letargo posterior a 2018. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha lanzado una ofensiva internacional presentando denuncias en el extranjero y exhibiendo la incapacidad morenista para dar resultados. Movimiento Ciudadano se mantiene discreto, apostando por su estrategia de competir en solitario. Que se concrete o no una alianza opositora será un factor clave en el resultado final.

 

La factura de la incongruencia

Morena sufre el desgaste de su imagen. El discurso de austeridad ha sido destrozado por sus propios militantes al exhibir propiedades y lujos en redes sociales; lo mismo ocurre con la promesa del fin de la corrupción, con escándalos como el de Segalmex a cuestas.

Las investigaciones del Departamento de Justicia abrieron un nuevo frente de batalla en el que el oficialismo pierde valiosos puntos en las encuestas. La incongruencia de aplaudir el juicio contra García Luna y acusar injerencismo en el caso de Rubén Rocha Moya y sus coacusados está pasando una factura costosa al movimiento.

La presidenta denuncia una campaña de la «ultraderecha», pero busca deslindar a Donald Trump, quien realmente tiene el control de los aranceles y de una renegociación del T-MEC que será dura para el país. El discurso de la mandataria eleva la apuesta al buscar el respaldo de quienes ven una intromisión extranjera y reabrir heridas históricas, pero la realidad muestra que la mayoría de la población rechaza proteger a cómplices del cartel de Sinaloa.