En la colaboración anterior definimos preliminarmente a la Inteligencia como el resultado de un complejo -pero sistematizado- proceso resultante del análisis de información proveniente de diversas fuentes y medios, con la finalidad de proporcionar insumos y recursos a los tomadores de decisiones ya sea por medio de ofrecerles contexto y/o escenarios prospectivos. Lo anterior contribuye en todos los procesos del Estado, ya sea en el sector público o privado, en lo individual o en lo colectivo. Contar con información contextualizada clara y directa es invaluable para tomar buenas decisiones, mitiga riesgos y limita costos innecesarios. La información es esencial para prever el futuro, prepararse para la incertidumbre, minimizar las dudas, eliminar la confusión, proporcionar el aplomo y confianza necesaria para emprender nuevas acciones.
Sin embargo, ningún proceso puede tener utilidad si no tiene una finalidad claramente definida. La Inteligencia no es “información por información” o “tener datos por si se ofrecen”. Mientras que este es, lamentablemente, el razonamiento que muchos encargados, funcionarios y operadores han adquirido y manifestado en su desempeño profesional, en realidad es una postura muy poco eficiente, metodológicamente inapropiada y que promueve una dispersión analítica que frecuentemente recae en imprudencias, ineficiencia e irresponsabilidad. Es por ello que en el “Ciclo de la Inteligencia”, el primer paso preliminar lo constituye la definición del qué información se quiere obtener, para qué se quiere y qué se espera de la misma.
Reza el sabio adagio “El que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva”. En Inteligencia y en Seguridad Nacional no podría tener más verdad, y sus implicaciones son autoevidentes. En un entorno social, nacional e internacional saturado de datos e información, muchos de ellos “ruido”, el carecer de objetivos y orientación claramente definidos es una invitación al desastre interpretativo, ya que cualquier dato puede significar cualquier cosa en cualquier momento. Es justo en este entorno donde la confusión, la incertidumbre y la duda prevalecen como la norma, y es exactamente lo que es totalmente inaceptable para la Seguridad Nacional.
La delimitación del rumbo general y específico de la Inteligencia es un proceso lógico, jerárquico y sistematizado. El liderazgo -ya sea nacional, público, privado, o sectorizado- debe identificar preliminarmente los Rubros de Interés Estratégico, es decir, los entornos generales que son prioritarios para sus funciones. Esta fase inicial implica descartar, posponer o postergar temas generales que no representan una relevancia directa a sus atribuciones, finalidades o prioridades; lo que representa ya un gran avance en materia de eficiencia en la toma de decisiones.
Como continuidad de este ejercicio de delimitación y priorización, los tomadores de decisiones deben establecer sus Áreas y Temas de Interés, lo cual concentra y define aún más los esfuerzos de búsqueda de información. Parecería como un paso redundante, pero en realidad es parte de un proceso metodológico de transitar de lo general a lo particular. Subsecuentemente deben establecerse los Objetivos Estratégicos, es decir cuáles son las metas esperadas dentro de cada ámbito general.
La capacidad de establecer métricas evaluatorias para cada Objetivo Estratégico a la par de identificar los insumos y el proceso necesario para alcanzarlos es esencial. Es a lo largo de este proceso que se identifican clara y eficientemente los Requerimientos de Información, que a su vez en su momento establecerán los requisitos metodológicos para integrar un Plan de Búsqueda. Estos dos últimos componentes son críticos para el Ciclo de Inteligencia, así como para el aprovechamiento y utilidad de sus productos. Conforman el qué se quiere saber, para qué se quiere saber, y qué esperamos de ese conocimiento.
La delimitación de los Rubros de Interés Estratégico, las Áreas y Temas, así como los Objetivos Estratégicos son responsabilidad exclusiva del tomador de decisiones. En el caso de la Seguridad Nacional, estas definiciones corresponden al Titular del Ejecutivo Federal, ya que como liderazgo nacional formal, legal y legítimo, la Presidencia de la República debe encabezar y coordinar estos esfuerzos y es el principal consumidor de la Inteligencia Nacional. Es exclusivamente su responsabilidad el definir las prioridades nacionales, y contar con los insumos informativos y prospectivos necesarios para tomar las mejores determinaciones y comprometer los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto.
Mientras que los Requerimientos de Información y el Plan de Búsqueda por lo general son responsabilidad de áreas más operativas, la definición estratégica de los ámbitos, coordenadas y temas de interés trascendente corresponden más a un proceso integral superior, el cual define el rumbo del Estado y de sus habitantes en el presente y el mañana. Es por ello que representa un nivel de responsabilidad del más alto nivel, que no puede distraerse o trivializarse con coyunturas pasajeras o intereses individuales o particulares. Los Objetivos Estratégicos Nacionales poseen relevancia para las siguientes tres, cuatro o cinco décadas subsecuentes para el país, por lo que requieren de una atención especializada y profesional dentro de la Administración y la Gestión Pública.
Anteriormente, México contaba con instrumentos que mal que bien respondían parcialmente estos requisitos nacionales. El binomio Plan Nacional de Desarrollo / Agenda Nacional de Riesgos representaba una aproximación a la definición estratégica descrita, aunque no plenamente. El primero, como hemos apuntado anteriormente, representaba un documento político-discursivo sexenal, idealizado, dogmatizado y limitativo. De alguna manera, “reinventaba a México cada seis años”, y salvo contadas ocasiones retomaba como plataforma de proyección los logros y alcances de la administración anterior.
Los “Planes Nacionales de Desarrollo” de la presente administración federal así como de su antecesora, son un compendio dogmático imposible de materializar, saturado de señalamientos y posturas carentes de argumentos, y reflejando una visión nacional desconectada de la realidad pública del país. Utilizados como recurso discursivo y narrativo, estos documentos más que fijar un rumbo claro y coordenadas directivas fueron consideradas como un trámite administrativo más que como un verdadero esfuerzo reflexivo y prospectivo. Por supuesto, los Planes Nacionales de Desarrollo de administraciones anteriores tenían importantes y notorias deficiencias, áreas de oportunidad y recursos discursivos cuestionables. Pero los “Planes Nacionales de Desarrollo” 2019-2024 y su actual contraparte muestran con sublime notoriedad una ausencia de visión y pensamiento estratégico nacional desde el liderazgo público del Estado mexicano.
Otro tema digno de mención y reflexión es la Agenda Nacional de Riesgos. En su momento, este documento anual establecía para todo el Gobierno Federal los actores, fenómenos y procesos que se consideraban como vulnerabilidades a la Seguridad Nacional de México. Elaborado casi exclusivamente por el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), integraba a través de un conjunto de consideraciones diplomáticas, económicas, militares, políticas y sociales -los clásicos Campos del Poder Nacional- los temas y aproximaciones que en su momento se consideraban como más relevantes para la vida nacional, y de la cual se derivaban las Líneas de Acción Sectorial para atenderlos de la manera más eficiente posible. Ciertamente este documento era en muchos aspectos cuestionable, pero es innegable que representaba una aproximación instrumental a definir los temas y objetivos estratégicos en materia de Seguridad Nacional.
Este instrumento como tal ya desapareció desde la administración federal pasada. Sustituido por un conjunto de circulares y documentos sin un fondo sustancial, la ANR era otro mecanismo perfectible que ha quedado relegado a una etapa de la vida nacional donde había un método, un proceso sistemático, o al menos una noción general de cómo aproximarse a los complejos temas que aquejan a nuestra nación. Actualmente tal pareciera que en muchos ámbitos de la vida nacional navegamos sin rumbo, nos orientamos por “ocurrencias” o por planes que buscan cubrir las deficiencias en lugar de subsanarlas de raíz. Parece que en materia de Inteligencia y Seguridad Nacional el Estado mexicano y su liderazgo responde a intereses particulares y de grupo, carentes de una verdadera visión estratégica.
Lamentable es reconocer que los objetivos e intereses que persiguen los Servicios de Inteligencia Nacional son ambiguos, fugaces, intrascendentes, opacos y variables. La evidencia nos muestra una carencia de coordenadas, de finalidad, de rumbo. Aspectos y temas que son más que evidentes por su prioridad y urgencia nacional son descartados, y distractores temporales ocupan los limitados recursos nacionales en Inteligencia y Seguridad. Es imperativo tener una reflexión nacional sobre las prioridades jerárquicas de los Temas y Rubros de Interés Nacional.
Es urgente que el liderazgo del Estado mexicano defina los Objetivos Estratégicos, y que sus correspondientes áreas operativas (dependencias, entidades, instituciones, secretarías, organismos) determinen sus Requerimientos de Información para poder comenzar a avanzar en la dirección que México necesita. Necesitamos limitar nuestros objetivos, minimizar distracciones, mitigar vulnerabilidades, eliminar costos, incrementar inversiones redituables, y buscar resultados compatibles con nuestros objetivos. Lo anterior no es nada fuera del razonamiento fundamentado, pero parece que en la realidad nacional que vivimos es un planteamiento radical. Ese es tal vez el primer problema a atender.
El autor es antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.