Los tiempos políticos en México han entrado en una fase de aceleración absoluta. El partido oficial, Morena, emplazó a sus aspirantes a solicitar licencia para competir por una candidatura en las elecciones constitucionales que se realizarán el 6 de junio de 2027. Al momento de redactar este análisis, diez legisladores morenistas —ocho senadores y dos diputados federales— ya formalizaron su separación del cargo, una lista a la que se suma el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Previamente, la senadora Andrea Chávez había solicitado una licencia justificada por maternidad; sin embargo, ha dedicado ese periodo a emitir constantes posicionamientos críticos sobre la actual gobernadora de Chihuahua. Esta actividad contribuye al desgaste político de la mandataria panista, en un contexto donde la legisladora de Morena aspira abiertamente a ganar la gubernatura de dicha entidad.

Asimismo, diversos presidentes municipales se han integrado a esta dinámica para incorporarse de lleno al proceso interno de su partido en busca de nuevas candidaturas. Destaca el caso de Abelina López, alcaldesa de Acapulco, y se prevé que en breve ocurra lo mismo con Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Es un hecho previsible que en las próximas semanas continúe el flujo de solicitudes de licencia. La meta de los funcionarios es insertarse en los procesos internos de cara a unos comicios que renovarán 500 diputados federales, 17 gubernaturas, 680 presidencias municipales, 16 alcaldías en la Ciudad de México y 1,088 diputados locales.

 

Campañas adelantadas y simulación jurídica

El nudo problemático de esta estrategia radica en que el adelantamiento de los tiempos implica, por definición, la ejecución de campañas anticipadas. La naturaleza de la competencia interna de Morena, fundamentada en el levantamiento de encuestas de preferencia, obliga a los aspirantes a buscar visibilidad inmediata. Para evitar sanciones por la violación flagrante de la legislación electoral, los perfiles seleccionados en agosto serán nombrados formalmente “coordinadores de los comités de la transformación”.

Esta maniobra semántica significa que desde agosto de 2026 se conocerá con certeza la identidad de los candidatos oficiales para la elección de junio de 2027. El escenario plantea una interrogante ineludible: ¿era operativamente necesario adelantar un año la selección de los abanderados? Más aún, queda en el aire el cuestionamiento sobre las actividades específicas que realizarán estos coordinadores durante los meses previos a la campaña constitucional, cuando la prioridad real será asegurar la estructura territorial para garantizar el triunfo en las urnas.

La evidencia de este despliegue temprano abunda en los estados. En Puebla, medios locales y redes sociales han documentado denuncias por la pinta de bardas y la colocación de lonas en espacios públicos con la imagen de Laura Artemisa, secretaria del Bienestar en la entidad, quien busca una candidatura. En Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas, recibió medidas cautelares por parte del Instituto Electoral local debido a actos anticipados de campaña; a pesar de la sanción, el funcionario mantiene sus actividades proselitistas en busca de la gubernatura.

La oposición ha comenzado a judicializar estos procesos. En Sinaloa, el Partido Acción Nacional interpuso una denuncia formal por actos anticipados en contra de la diputada federal Graciela Domínguez Nava. En Baja California, la senadora Julieta Ramírez Padilla enfrenta denuncias ante la autoridad electoral local y mantiene abiertos dos procesos internos en Morena por motivos idénticos en su intento de asegurar la nominación al gobierno estatal. Señalamientos de la misma naturaleza se han formulado contra la senadora Imelda Castro en Sinaloa. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinó que estos procesos internos para designar coordinadores no constituyen promoción anticipada ni definen candidaturas formales rumbo a 2027, otorgando así un blindaje legal a la estrategia del partido.

 

El dilema ético y el doble rasero de la dirigencia

Al anunciar las fechas para definir las coordinaciones, la dirigencia nacional de Morena demandó a los aspirantes criterios de “honestidad” y “buena opinión pública”, reiterando la prohibición estricta de utilizar programas sociales o permitir la intervención de servidores públicos. Sin embargo, los hechos recientes exponen una contradicción evidente entre el discurso moral y la praxis política.

Las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios estatales y municipales de Sinaloa evidencian la inconsistencia del partido en el gobierno. La férrea defensa que la cúpula partidista ha desplegado a favor de figuras como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, sumada al silencio institucional ante los señalamientos de las cortes estadounidenses, contrasta con los requisitos de elegibilidad promovidos por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

La narrativa oficial cuestiona ahora el origen y la validez del proceso judicial iniciado en una corte de Nueva York, ignorando que el propio partido celebró esos mismos mecanismos judiciales cuando se aplicaron al caso de Genaro García Luna. Esta dualidad discursiva erosiona la legitimidad de sus demandas éticas.

Es común observar cómo ciertos actores del oficialismo lanzan adjetivos descalificativos contra figuras de la oposición sin aportar pruebas contundentes. En contraparte, cuando las acusaciones recaen sobre un miembro de sus filas, la respuesta inmediata consiste en denunciar campañas de desprestigio, negar la validez de las evidencias o recurrir a recursos judiciales para frenar la crítica periodística.

A este panorama se suman las versiones difundidas en círculos políticos de Estados Unidos que anticipan nuevas acusaciones criminales contra al menos cuatro gobernadores de Morena y uno del Partido Revolucionario Institucional, señalamientos que podrían alcanzar a legisladores, alcaldes y miembros de gabinetes estatales y federales.

Frente a este cúmulo de señalamientos, muchos de ellos respaldados por investigaciones documentales en ambos lados de la frontera, cabe preguntar si los aspirantes involucrados lograrán superar la aduana de la honestidad y la buena fama pública que su propia dirigencia exige. Mientras la ciudadanía define su veredicto en las urnas en junio de 2027, el escenario político quedará marcado por una larga temporada de campañas anticipadas conducidas bajo el cobijo de una denominación alternativa.