El fútbol no es solo deporte. En manos de la FIFA, se ha convertido en el instrumento más eficaz del mundo para rehabilitar reputaciones cuestionadas, blanquear regímenes autoritarios y encubrir a las empresas más contaminantes del planeta. El Mundial 2026, que se disputa ahora mismo en suelo norteamericano, no es la excepción: es la culminación de décadas de un modelo que antepone el dinero a los derechos humanos y al medio ambiente.
El precedente fundacional ocurrió en Argentina en 1978. La junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla percibió en el Mundial una oportunidad de oro para lavar su imagen externa ante el mundo. Los archivos desclasificados revelan que el objetivo explícito era “desactivar las críticas a los derechos humanos”, mientras la dictadura organizaba unidades especiales para arrestar a cualquier oposición que pudiera poner en peligro la realización del torneo. El entonces presidente de la FIFA, João Havelange, defendió la elección de Argentina pese a todas las críticas, argumentando que “la política y el fútbol no se mezclan”. Debajo de los estadios, miles de detenidos políticos eran torturados en centros clandestinos de detención.
Casi cinco décadas después, el guion se repite con mayor sofisticación y mayores recursos financieros. Arabia Saudita fue confirmada como sede del Mundial 2034 mediante un proceso acelerado y opaco en el que fue el único candidato, con un puntaje calificado por la FIFA como el más alto en la historia de la organización, catalogando el torneo apenas como de “riesgo medio” en materia de derechos humanos. Esto, pese a que el reino figura entre los países con mayor índice de ejecuciones y represión de disidencia a nivel mundial.
El vector financiero que articula esta alianza es Aramco, la petrolera estatal saudí. En abril de 2024, Aramco se convirtió en uno de los principales patrocinadores de la FIFA con un acuerdo valorado en 100 millones de dólares anuales vigente hasta al menos 2027, que incluye los derechos sobre el Mundial 2026. Aramco produce uno de cada ocho barriles de petróleo del mundo, y más de 130 futbolistas profesionales firmaron una carta dirigida a la FIFA señalando el papel de la compañía en la agudización de la crisis climática.
Las consecuencias ambientales son cuantificables. Según el informe FIFA’s Climate Blind Spot, elaborado por Scientists for Global Responsibility, el acuerdo de patrocinio entre FIFA y Aramco podría inducir emisiones adicionales de hasta 30 millones de toneladas de CO₂ en 2026, ligadas a la promoción comercial de la petrolera, lo que triplicaría el impacto climático directo del torneo. El Mundial 2026 generará al menos 9 millones de toneladas de CO₂ equivalente, casi el doble del promedio registrado entre 2010 y 2022.
Mientras Arabia Saudita se consolidaba como socio principal del fútbol mundial, ejercía simultáneamente como bloqueo en las últimas cumbres internacionales sobre cambio climático. La FIFA, por su parte, mientras el manual de sustentabilidad del torneo les pide a los aficionados que lleven botellas reutilizables y usen transporte público, viste sus estadios con los colores de Aramco.
La lógica es implacable: el Mundial 2022 en Qatar congregó a 1.5 mil millones de espectadores en la final y generó ingresos de 6,300 millones de dólares para la FIFA. Ese poder de convocatoria masiva es exactamente lo que compran los regímenes y las corporaciones cuestionadas. El fútbol no lava pecados por vocación; los lava porque alguien paga puntualmente por ese servicio, y la FIFA cobra sin ruborizarse.