Por Felipe Guerrero Bojórquez

Desde 2018, Morena encontró en Sinaloa una de sus plazas más sólidas. La victoria de Rubén Rocha Moya en 2021 parecía confirmar el dominio de un movimiento que avanzaba casi sin oposición en buena parte del país. Pero rumbo a 2027, la pregunta ya no es si Morena conserva una estructura electoral capaz de competir. La verdadera interrogante es otra: cuánto puede arrastrar al partido la crisis política incubada bajo el gobierno de Rocha.

La respuesta no importa solo a los sinaloenses. Importa al país entero, porque lo ocurrido en Sinaloa dejó de ser un problema local. Rocha pasó de ser un gobernador cuestionado a convertirse en el emblema más visible de una crisis de inseguridad que golpea al mismo tiempo a Morena, al gobierno federal y a la narrativa de la Cuarta Transformación.

La violencia de guerra que vive el estado, los señalamientos que han puesto a funcionarios y exfuncionarios bajo la atención de autoridades estadounidenses, la presión creciente de Washington en el combate al narcotráfico y el deterioro de la imagen institucional terminaron por colocar a Sinaloa en el centro de una tormenta política de dimensión nacional.

Las denuncias opositoras sobre la presunta intervención del crimen organizado en favor de Rocha en la elección de 2021, junto con los señalamientos sobre su supuesta cohabitación con el narco, escalaron hasta rebasar las fronteras mexicanas. Sinaloa dejó de ser solo una entidad gobernada por Morena para convertirse en uno de los principales puntos de presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum en su relación con Estados Unidos.

Por eso el problema de Morena ya no consiste únicamente en defender una gubernatura. Consiste en impedir que el caso Rocha se consolide como la prueba más visible de una acusación devastadora para el régimen: la normalización de la corrupción política bajo la sombra del narco.

No hay duda de que el ahora gobernador con licencia, defendido durante demasiado tiempo a capa y espada, representa una parte sustancial del desgaste acumulado por su partido. Por eso mismo, Sinaloa se convirtió en el laboratorio donde Morena pondrá a prueba su capacidad para sobrevivir a una crisis profunda de credibilidad.

Lo que durante un tiempo pareció fortaleza terminó siendo debilidad. La concentración excesiva de poder del rochismo produjo abuso, exclusión, imposición de perfiles sospechosos y un progresivo secuestro de la vida pública. El resultado fue que todos los costos políticos, sociales e institucionales acabaron concentrándose en una sola figura: Rubén Rocha Moya.

Por eso resulta revelador observar lo que ocurre dentro de Morena. Las señales indican que la dirigencia nacional entiende la magnitud del problema. Los perfiles más identificados con el grupo del gobernador han perdido fuerza, mientras otras figuras empiezan a ocupar espacio en la carrera sucesoria. El caso más visible es el de la senadora Imelda Castro, quien durante años mantuvo distancia del grupo gobernante local y hoy aparece como una de las cartas mejor posicionadas para disputar la candidatura.

No parece casualidad. Morena necesita convencer a los ciudadanos de que el próximo gobierno no será una simple prolongación del rochismo. Sin embargo, un relevo de nombres difícilmente bastará si no va acompañado de una revisión crítica de lo ocurrido. Porque el desgaste no proviene solo de un mal gobierno. Proviene del miedo, de la incertidumbre, de la violencia, de la economía golpeada, de los negocios cerrados y de una sociedad que observa cómo la crisis se prolonga sin una salida clara.

Es justamente ahí donde aparece la oportunidad para la oposición. No porque haya construido ya una alternativa dominante, sino porque por primera vez desde 2018 el oficialismo enfrenta un nivel de desgaste capaz de volver competitiva una elección que antes parecía decidida de antemano.

Morena conserva ventajas evidentes: la Presidencia de la República, los programas sociales, la estructura territorial y la maquinaria política más poderosa del país. Pero por primera vez esas fortalezas podrían no ser suficientes. La elección podría definirse menos por la capacidad de movilización del oficialismo que por el tamaño del rechazo social acumulado.

La sucesión de 2027 puede convertirse así en un verdadero referéndum sobre el legado de Rocha. Si Morena logra postular una candidatura capaz de marcar distancia, ejercer autocrítica y convencer de que el futuro no será una repetición del pasado reciente, todavía tendrá posibilidades reales de conservar el poder. Si, por el contrario, la contienda se percibe como simple continuidad, la oposición encontrará una oportunidad histórica para disputar seriamente la gubernatura.

A estas alturas hay algo innegable: Rocha no recuperará su imagen política. La única pregunta es cuánto de la crisis concentrada hoy en su figura contaminará el futuro electoral de Morena. Porque la elección de Sinaloa ya no será observada solo por los sinaloenses, sino por todo el país y, nos guste o no, también por las agencias estadounidenses.

Si Morena retiene la gubernatura, enviará el mensaje de que aún puede sobrevivir a sus propias crisis. Si la pierde, la lectura será mucho más severa. La derrota sería vista como la primera gran factura electoral de una crisis que comenzó en Sinaloa, pero cuyos efectos terminaron alcanzando al conjunto del régimen.

Al final, los ciudadanos responderán una pregunta más profunda que la simple disputa entre partidos: si la crisis que vive Sinaloa puede corregirse desde Morena o si solo puede corregirse votando contra Morena. Y hasta ahora, lo que más pesa en el ánimo social es el padecimiento provocado por el desastre que dejó el rochismo. Quizá esa sea también la pregunta que, más temprano que tarde, termine extendiéndose al resto del país.