El caso más reciente que ilustra la creciente fusión entre política y fútbol ocurre, paradójicamente, en el país anfitrión con más recursos institucionales del planeta. De acuerdo con reportes periodísticos, el presidente estadounidense Donald Trump habría llamado personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero Folarin Balogun durante el partido de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina. El New York Times reportó que Trump llamó al presidente de la FIFA el miércoles y le pidió revisar la suspensión de Balogun, citando a tres personas familiarizadas con la conversación. Un funcionario de la administración Trump solicitó la revisión, algo que una fuente calificó como una intervención directa altamente inusual en un caso disciplinario de la FIFA.
El organismo rector del fútbol mundial resolvió el caso citando su artículo 27, que permite al órgano judicial suspender total o parcialmente la implementación de una medida disciplinaria bajo un periodo de prueba de uno a cuatro años, algo que, según reportes, no había ocurrido en más de sesenta años de historia mundialista. El antecedente no es menor: en diciembre pasado, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, distinción creada por el organismo antes de este Mundial, después de que el mandatario buscara sin éxito el reconocimiento del Comité Nobel.
Este episodio no es exclusivo de Estados Unidos. La política mexicana ha vivido su propia versión de la disputa por el balón, aunque con matices distintos: en lugar de presionar a un organismo deportivo, el oficialismo ha buscado capitalizar electoralmente símbolos populares del torneo, como el caso del llamado “Pato Merlín”, cuya apropiación por parte de figuras del gobierno generó rechazo público antes que beneficio político.
La comparación cobra mayor relevancia si se observa el terreno institucional de fondo. En materia de libertad de prensa, indicador que mide qué tan permeable es el poder político frente a la vigilancia periodística, México ocupa el lugar 122 de 180 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, mientras que México quedó por delante de países como Estados Unidos, ubicado en el puesto 64. México se posicionó como el país más peligroso para periodistas en el continente, superando incluso a Ucrania y Siria, y más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 desaparecidos en el país desde el año 2000.
La diferencia entre ambos casos —una potencia que interviene ante un organismo deportivo internacional y un gobierno que disputa la narrativa de un ícono viral— refleja dos maneras distintas en que el poder político busca insertarse en la conversación pública que genera el fútbol. En ambos casos, el balón deja de ser solamente un objeto deportivo para convertirse en instrumento de legitimación.
Lo que el Mundial 2026 confirma, con datos y episodios concretos, es que la frontera entre el estadio y el palacio de gobierno es cada vez más delgada, sin importar el país que se observe.