La FIFA se presenta ante el mundo como un organismo deportivo, pero su comportamiento reciente confirma que opera como un actor político con alcance global y sin los contrapesos que limitan a los gobiernos nacionales. El Mundial 2026, organizado por primera vez entre tres países, ofrece evidencia suficiente para sostener esta tesis.
El caso más revelador ocurrió el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington. Durante el sorteo del torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó a Donald Trump el primer “Premio FIFA de la Paz: el fútbol une al mundo”, un galardón anunciado apenas un mes antes y que la organización de derechos humanos FairSquare denunció ante el comité de ética de la FIFA por presunta violación al deber de neutralidad política. Según reportó The New York Times, el premio ni siquiera fue discutido en el Consejo de la FIFA ni con sus vicepresidentes antes de su creación. El capitán de la selección australiana, Jackson Irvine, calificó la decisión como una burla a los esfuerzos por usar el futbol como motor de cambio en materia de derechos humanos. El episodio ilustra cómo la FIFA utiliza el reconocimiento simbólico como instrumento de acercamiento con liderazgos políticos de países anfitriones, sin que exista una instancia externa capaz de sancionar ese tipo de decisiones.
La relación de la FIFA con Arabia Saudita y Qatar sigue un patrón similar: acceso preferencial a torneos internacionales a cambio de inversión, visibilidad y legitimación política para gobiernos frecuentemente señalados por organismos de derechos humanos. En términos de percepción de corrupción, la comparación resulta reveladora. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, Qatar obtuvo 58 puntos y Arabia Saudita 57, por encima de México, que registró apenas 27 puntos, y muy por encima de Venezuela o Haití, aunque ambos por debajo de Canadá, con 75, uno de los tres países organizadores del Mundial 2026 junto con México y Estados Unidos, este último con 64 puntos. La cifra mexicana confirma un entorno de baja confianza institucional, mientras las monarquías del golfo, pese a sus limitaciones democráticas, muestran mejores resultados en ese indicador específico, lo que no ha impedido que ambas naciones enfrenten críticas constantes por restricciones a la libertad de prensa y derechos laborales durante sus procesos como sedes deportivas.
En el caso mexicano, la relación con la FIFA también ha implicado condiciones impuestas desde Zúrich: adecuaciones normativas, exenciones fiscales y compromisos de infraestructura que los gobiernos anfitriones deben cumplir sin margen real de negociación, bajo el argumento de estándares internacionales del organismo. Esta dinámica reproduce, a escala deportiva, la misma lógica de subordinación que otros organismos multilaterales ejercen sobre las políticas públicas nacionales, pero sin mecanismos de rendición de cuentas equiparables.
Quienes defienden a la FIFA argumentan que su capacidad de adaptación comercial ha permitido la expansión global del futbol y beneficios económicos para las sedes, incluyendo derrama turística y modernización de infraestructura deportiva en países como México. Los críticos sostienen que esa misma flexibilidad revela una institución dispuesta a intercambiar legitimidad simbólica por acceso a mercados y relaciones con gobiernos, sin importar sus antecedentes en materia de derechos humanos o transparencia.
Lo cierto es que la FIFA ha demostrado, torneo tras torneo, que su verdadero objetivo trasciende el deporte: es una organización con capacidad de influir en decisiones de gobiernos soberanos, construir relaciones políticas a modo y presentarse simultáneamente como entidad neutral y como actor con intereses comerciales concretos. El Mundial 2026 confirma que esa dualidad seguirá siendo su principal característica distintiva.