En colaboraciones anteriores hemos presentado sobre las fases del Ciclo de la Inteligencia, y se ha planteado una comparación general entre las condiciones teóricas ideales y la realidad que vive nuestro país. Como balance general hemos expuesto cómo la Inteligencia para la Seguridad Nacional de México es cuestionable, ineficiente, y con serios problemas de forma y fondo. Nuestro país lleva décadas en una profunda crisis en esta materia, pero la misma se ha profundizado sustancialmente en los últimos diez años.
Las capacidades de la Inteligencia en nuestro país siempre han sido limitadas, con grandes áreas de oportunidad, y con significativos ámbitos de mejora continua e innovación. Pero debido a tendencias político-ideológicas éstas se han deteriorado considerablemente, permitiendo ejercicios y resultados profesionales muy cuestionables, y dañando profundamente a las instituciones responsables de este importante campo de la Administración Pública. Realizando una analogía comparativa, es como decir que la calidad de nuestros médicos ha disminuido significativamente por cambios en la ideología y por el sistema político gobernante. Esto es totalmente inaceptable, pues la tendencia del gobierno en turno no debe influir en el desempeño profesional de sus ciudadanos o en las capacidades de las instituciones. La pregunta es cómo solucionamos esto de la manera más eficiente posible.
El primer paso es identificar el problema. En las colaboraciones anteriores hemos pormenorizado algunas áreas de oportunidad al contrastar un estado ideal de las fases del Ciclo de la Inteligencia con la realidad observable en nuestro país, pero esto nos remite a una identificación generalizada muy básica. Con el proceso de la Inteligencia completo podemos señalar algunos obstáculos a solucionar con una perspectiva más amplia. Resulta prioritario reconocer para qué queremos la Inteligencia en la Seguridad Nacional.
En repetidas ocasiones hemos señalado que la Inteligencia es un coadyuvante para la toma de decisiones, al proveerla de información analizada y procesada, contexto, y/o prospectiva que contribuyan a minimizar la incertidumbre y otorgar fundamentos sólidos para llevar a cabos sus actividades. La palabra operativa sobre la cual debemos reflexionar es “coadyuvancia”, la cual implica un apoyo y colaboración subordinada. La Inteligencia apoya de manera subordinada al proceso de toma de decisiones y quienes lo encabezan, más no los sustituye o reemplaza. El liderazgo nacional tiene una responsabilidad intransferible, y el proceso de toma de decisiones es insustituible. La Inteligencia colabora con el liderazgo al proveer de insumos de valor agregado al proceso de toma de decisiones, pero en ningún momento lo trata de sustituir o reemplazar.
Esta es una sutil pero poderosa reflexión normativa, estructural, funcional e instrumental de la Administración Pública. El no reconocer que estos son dos procesos intervinientes pero diferenciados es crítico en la concepción, ejercicio y evaluación de cualquier función de Estado. La relación de preponderancia jerárquica es inamovible, y cuando se confunden las funciones y papeles los resultados tienden a ser desastrosos. Eso es exactamente lo que ha pasado en incontables temas a lo largo del ejercicio de la Función Pública en nuestro país. No sólo los objetivos y metas para las que se han empleado valiosos recursos de Inteligencia son cuestionables en el mejor de los casos -y tergiversados en el peor- sino que también se han tomado insumos bien o mal etiquetados como “Inteligencia”, y en función a ellos se ha sustituido totalmente el proceso de toma de decisiones.
Por su parte, no todos los productos tienen la misma finalidad y trascendencia. De carácter general pueden identificarse cuatro niveles básicos de la Inteligencia. El primer nivel es la Inteligencia Táctica, entendiendo esta como productos informativos con aplicabilidad y relevancia en el muy corto plazo, prácticamente de manera inmediata. Estamos hablando de un límite temporal para su aprovechamiento de no más de seis meses.
El segundo nivel es la Inteligencia Operativa, es decir, aquella que permite organizar, planear y programar actividades en el corto plazo. Consideramos por este periodo un límite de doce-dieciocho meses aproximadamente. La perspectiva es más general y amplia que su contraparte táctica, y por tanto es incluyente de diversos productos de su primer eslabón. Lo mismo ocurre con el tercer nivel, la Inteligencia Operacional, la cual es de mediano plazo y puede abarcar procesos hasta de cinco o seis años. Agrupa e incorpora diversos procesos de Inteligencia Operativa, y permite realizar procesos de planeación nacional mucho más amplios.
El cuarto nivel, más complejo e integral es la Inteligencia Estratégica. Este nivel incorpora de manera jerárquica y piramidal a todos los anteriores, y su visión es inclusiva de largo plazo. Su alcance es de diez, veinte, treinta y hasta cincuenta años en su prospectiva e incorpora procesos analíticos complejos, multifactoriales y multidimensionales. Su empleo es de programación e ingeniería de procesos transversales en el ámbito nacional e internacional. Es el fundamento de un posicionamiento Geopolítico, y es crucial para la construcción de la Geoestrategia Nacional. Implica un pleno dominio de las capacidades nacionales; de identificación, contextualización y prospectiva internacional; y de elaboración y gestión de estrategias de proyección global.
Esta clasificación jerárquica de la Inteligencia es generalmente aceptada en todo el mundo. Pero no en nuestro país ni en nuestra estructura doctrinaria. Y esto es evidentemente un grave problema. Podemos ver como México puede elaborar productos e Inteligencia Táctica, Operativa y Operacional, pero no más allá. Lo anterior se puede atribuir a la recurrente y reprensible falta de continuidad, visión y trascendencia al acabar un sexenio y empezar una nueva Administración Federal. Indudablemente, funcionarios e instituciones gubernamentales señalan que sus labores y productos son de “Inteligencia Estratégica”; pero por decir algo no se convierte automáticamente en realidad. Si un producto de Inteligencia no tiene el alcance temporal, implicación transversal, naturaleza integral y resultados aplicativos multiplicadores y trascendentes no puede ser considerado como estratégico.
Contraste significativo es identificar los productos de Inteligencia de potencias globales como China, Estados Unidos, Inglaterra o Rusia. Sus planteamientos y productos se plantean en término de décadas, no años; sus metas y visión abarcan cuando menos medio siglo; y sus aspiraciones y objetivos versan en torno a la permanencia y trascendencia, no en la supervivencia coyuntural. Esto es un claro ejemplo comparativo con la estructura, desempeño y visión de la Administración Pública y trascendencia potencial de nuestro país, y los resultados son incuestionables.
Otro claro ejemplo indicador de esta disparidad entre nuestra realidad nacional y el contexto global la podemos ver en los resultados y los procesos de rendición de cuentas. Mientras que los productos de Inteligencia Táctica y Operativa son por lo general reservados y su distribución es celosamente cerrada por los Estados, la Inteligencia Operacional tiende a ser de más amplia difusión. Lo anterior es fundamental, ya que ésta representa los fundamentos, instrumentos y mecanismos de cohesión, coordinación, homologación, integración y vinculación de los actores y recursos nacionales para alcanzar los objetivos y metas comunes del país. De igual forma, los insumos y productos de Inteligencia Estratégica son públicos y de amplia difusión, ya que son instrumentos de relación y vinculación global de un Estado, así como constituyen parte integral de la Política Interior y Política Exterior contemporánea de las naciones.
Tal vez el indicador más importante del nivel de alcance y madurez de las capacidades nacionales de Inteligencia en el contexto histórico contemporáneo es la transparencia y rendición de cuentas ante su sociedad. En México históricamente la Inteligencia se ha manejado en la opacidad, la turbulencia y la carencia sistemática de claridad. Desde una perspectiva justificatoria se puede argumentar que es un mecanismo de protección, de disuasión o de ocultamiento sistemático (¿por motivos de Seguridad Nacional?). Sin embargo, en sociedades más avanzadas en estos temas existe claridad en un precepto: los funcionarios institucionales de Inteligencia a cualquier nivel son servidores públicos, y por tanto deben en todo momento tener profesionalismo y transparencia, en un proceso continuo de rendición de cuentas.
Lo anterior no implica diseminar información secreta o reservada, comprometer la integridad o seguridad del Estado y/o sus instituciones, o ser negligente en el manejo de información sensible. Por el contrario, estos son preceptos inviolables. Sin embargo, debe buscarse el sano equilibrio entre la reserva de información, la secrecía preventiva, la transparencia profesional y la rendición de cuentas como parte de un ejercicio de responsabilidad institucional y personal. Deben existir mecanismos y medios acordados, establecidos, regulados y supervisados para estos procesos como parte de la vida pública; así como deben existir procesos de evaluación y realimentación continua.
La Inteligencia no es una actividad aislada o independiente de la vida pública del Estado, sino todo lo contrario. Es una parte integral de la nación, de su liderazgo y de su sociedad; y por este motivo requiere ser atendida con el mayor profesionalismo y responsabilidad posible. Existe un llamado intrínseco a la mejora continua, a la superación y a ampliar las expectativas y horizontes para el beneficio nacional. Lo anterior no sólo abonaría sustancialmente a solucionar la Crisis de Inteligencia que atraviesa México, sino podría posicionar a nuestro país en su justo alcance, dimensión y capacidad de trascendencia regional y global. Ese será tema de nuestra siguiente entrega.
El autor es antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.