Partiendo de una definición conceptual, hemos recorrido los procesos generales que integran el Ciclo de la Inteligencia, y se han señalado los aspectos que integran los Productos Accionables como verdaderos coadyuvantes a la toma de decisiones en nuestro país. Lo anterior ha sido de manera general, ya que un estudio pormenorizado requeriría de condiciones y un espacio diferente a las metas y objetivos de esta columna semanal. Sin embargo, si hemos podido identificar y reflexionar sobre las grandes áreas, contextos y espacios de oportunidad para el Estado Mexicano en materia de Inteligencia, y a través de ello podemos ver con un poco de mayor claridad la gran crisis nacional que atravesamos en esta materia.
Dicha crisis es mucho más grave que la que puede expresarse y transmitirse en este espacio, particularmente por que sólo desde una perspectiva político-social más amplia puede apreciarse el daño acumulativo y paulatino que representa para la Seguridad Nacional. La Inteligencia Mexicana históricamente ha sido más o menos competente en materia de control y seguimiento de fenómenos y procesos nacionales internos; en materia de Inteligencia Exterior es virtualmente inexistente, e históricamente ha requerido fundamentalmente de las aportaciones de los Servicios Especiales de gobiernos aliados/amistosos (con todos los problemas y riesgos que eso implica); y en materia de instrumento de proyección global ha sido francamente deficiente. Pero el ámbito donde realmente se puede apreciar una indignantemente trágica carencia es en el aprovechamiento y visualización de la Inteligencia como parte integral de la Administración Pública.
Histórica y tradicionalmente la Inteligencia como conjunto de procesos informativos, descriptivos y prospectivos coadyuvantes para la toma de decisiones de alto nivel ha sido mal aprovechada en nuestro país. Salvo en contadas excepciones, y en coyunturas histórico-sociales muy específicas, la concepción general de esta rama profesional ha sido mal caracterizada y, por consecuencia, capitalizada y empleada. Sus características históricas han sido siempre el encubrimiento, la discordia, la opacidad, la turbulencia. Contrario a su objetivo principal, la Inteligencia en México se ha empleado como mecanismo de clandestinidad más que de transparencia, y como un sistema encubierto que sólo contribuye a crear dudas más que despejarlas. Evidentemente esto es una generalización, y no niega ni minimiza el gran esfuerzo que incontables servidores públicos en este rubro han realizado a favor de nuestro país.
Pero los resultados en el corto, mediano y largo plazo son más que evidentes; lo que es obvio no requiere demostración. La mejor prueba de que los instrumentos, instituciones y servicios de Inteligencia en México han sido mal aprovechados y emplazados es la actual situación de nuestro país. Y no sólo en materia de seguridad pública e interior, sino también en nuestras relaciones exteriores, en nuestras capacidades científicas y tecnológicas, en nuestro desarrollo real, y en la calidad de vida de la ciudadanía. Si los Servicios de Inteligencia en México fueran exitosos, y los tomadores de decisiones emplearan eficientemente sus productos, estaríamos viviendo en un país muy diferente.
Es oportuno y prudente orientar esta crítica constructiva a la identificación y señalamiento de propuestas positivas para atender esta crisis que vivimos. Evidentemente, las acciones que debemos emprender como Estado superan las que podemos señalar en este breve espacio, pero sirva como una primer aproximación propositiva y reflexiva. Sin comprometer la confidencialidad y reserva de información sensible, existen componentes que como sociedad debemos exigir a nuestro actual gobierno, y que como gobierno deben responder a la sociedad presente y futura.
El primer paso para solucionar esta crisis es generar una Doctrina Nacional de Inteligencia. Las “doctrinas” son conjuntos armonizados de disposiciones generales, fundamentos y preceptos que deben guiar, homologar, modelar, normar y regir los procesos conceptuales y operacionales de la toma de acciones y decisiones en un rubro general, promoviendo un criterio unificado que armonice y eficiente las actividades y productos de todos los participantes directos o indirectos en la materia. Por supuesto, la doctrina no puede ser una excusa o justificación limitativa o restrictiva, pero es un fundamento conceptual esencial para la conducción operacional de cualquier rubro. En la Administración Pública, la doctrina es el gran eje rector sobre el cual se elaboran los preceptos operacionales, mismos que eventualmente deberán formalizarse en leyes y reglamentos, regidos por disposiciones generales y normas, y evaluados de acuerdo a estándares preestablecidos de actuación y desempeño.
En materia de Inteligencia para la Seguridad Nacional, México carece de una Doctrina Unificada. Las Fuerzas Armadas (Armada, Ejército, Fuerza Aérea y ahora Guardia Nacional) tienen cada una su propia visión doctrinaria sobre la Inteligencia -mayoritariamente determinada por su ámbito de competencia- al igual que algunas entidades e instituciones en materia de Seguridad Interior en nuestro país. La Cancillería Mexicana posee una visión doctrinaria diferente, la cual a su vez es claramente diferenciada de la que emplean otras Secretarías de Estado, e incluso la propia Presidencia de la República. Aunque desde la superficialidad pareciera que existen conceptos y visión homologadas, en la realidad operacional son muy diferentes. Esto es un grave problema nacional.
La carencia de una Doctrina Nacional de Inteligencia impide la armonización y homologación de criterios; y esto promueve la competencia, la desarticulación, y la falta de eficiencia en los procesos de adquisición, análisis, procesamiento y producción de información aprovechable. De igual forma, al carecer de una doctrina unificante los tomadores de decisiones de alto nivel no saben cómo emplear eficientemente los Productos de Inteligencia, o su aprovechamiento es injustificablemente limitado. La ausencia de una Doctrina Nacional también genera un efecto “bola de nieve”, ya que no genera un entorno permisivo para armonizar, organizar y vincular al resto de la sociedad en una labor de Estado. Y la Inteligencia, por definición, es una labor de Estado.
Derivado de esta carencia doctrinaria, se desprende el problema de la capacitación y formación académica y operacional en Inteligencia. Los Institutos Armados y algunas entidades del Gobierno Federal tienen escuelas, planes y programas para instruir y formar a su personal de manera general o en temas especializados de Inteligencia. Sus planes y programas están alineados a los alcances, las funciones, las metas, los objetivos, la visión de cada una de las Instituciones de las que dependen dichos planteles. Al carecer de una Doctrina Nacional de Inteligencia armonizada, homologada y unificada, es esperable que los conocimientos y sus correspondientes aplicaciones vertidos en dichos espacios académico-formativos tengan el sesgo limitativo y restrictivo de las instituciones de las que dependen.
Por si esto no fuera suficientemente complejo, algunas entidades educativas públicas y privadas han generado programas académicos relacionados a la Inteligencia, la Seguridad Nacional o temas afines. En general esto es algo positivo ya que promueve la apertura, la discusión y la profesionalización en la materia. Lamentablemente, los contenidos, enfoques y perspectivas que se transmiten en la mayoría de estos espacios es muy limitado, sesgado y recurrente de los mismos vicios y restricciones que en las instituciones del Gobierno Federal. Ya sea porque sus directivos e instructores fueron funcionarios públicos en su momento, por que se formaron en espacios académicos gubernamentales, o bien por carencia de experiencia e información de otras fuentes, es lamentable ver cómo muchos espacios académicos públicos y privados siguen reincidiendo en las mismas carencias y limitantes que nos han llevado a esta crisis doctrinaria nacional.
Generando una Doctrina Nacional de Inteligencia, y reformando los espacios y mecanismos públicos y privados de capacitación y formación, podrá generarse la masa crítica mínima indispensable para realizar una revalorización nacional de los Alcances, Aspiraciones, Metas, Misiones, Objetivos y Visión de la Inteligencia. Estos deben quedar plasmados en un recurso jerárquico que armonice, organice y responsabilice a todos los componentes del Estado Mexicano -gobierno y sociedad- para fines de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Teniendo claras las coordenadas y el rumbo es mucho más sencillo ser eficiente, tener una realimentación positiva e ir aprovechando de manera interior y exterior las capacidades y recursos nacionales en esta materia.
Todo lo anterior debe contribuir a crear un Sistema Nacional de Inteligencia, una forma armonizada, incluyente y transversal de organización de todas las capacidades, entidades, instituciones y organismos de Inteligencia en México. Deben incluir las estructuras civiles, militares, públicas y privadas existentes en torno a rubros específicos, los cuales cubran a cabalidad los Campos del Poder Nacional, a saber: el científico (conceptual y tecnológico), el económico (financiero, industrial y productivo), el militar (aéreo, espacial, naval y terrestre) el político (interior y exterior), el social. Este Sistema debe tener una estructura que coadyuve a la Política Interior, así como a las relaciones nacionales con el resto de la comunidad global. Esto implica desarrollar instrumentos de operación y vinculación especializados en el ámbito internacional, y funcionarios públicos que sepan aprovechar estos insumos.
Para ello es indispensable generar una regulación legislativa integral en materia de Inteligencia. Las actuales leyes y reglamentos nacionales son insuficientes, y en muchos rubros son inexistentes. México requiere un conjunto normativo integral y bien fundamentado en materia de Inteligencia, así como en cada una de las etapas y fases de su proceso conformativo. A su vez, éste debe delinear, estandarizar, guiar y regir el desempeño de los funcionarios públicos especializados en este tema, así como las aportaciones de la sociedad civil en una labor conjunta de Estado. Esta legislación requiere un planteamiento mucho más amplio que la actual vigente, y es por ello que debemos enlazar este eslabón con el que integra una Doctrina Nacional de Inteligencia para asegurar la compatibilidad y coherencia de estas labores de Estado.
Todo esto debe servir para consolidar una trascendencia aplicativa real de la Inteligencia Nacional. La doctrina, la legislación, la formación, el aprovechamiento, la evaluación y la integración sistemática de la Inteligencia serían labores inertes sino se les concede una aplicación trascendente, un aprovechamiento real para el beneficio nacional. Y esto sólo se puede hacer si los tomadores de decisiones son parte integral del proceso profesional de la Inteligencia, tanto a nivel directivo como gerencial. Estamos hablando, en consecuencia, de un proceso nacional de profesionalización de la Inteligencia, la cual le otorgue dirección y sentido acumulativo, así como una aplicación trascendente en el Servicio Público.
En entregas subsecuentes abordaremos aspectos más puntuales de la Inteligencia para la Seguridad Nacional de México, pero debemos partir de una reflexión diagnóstica y prospectiva preliminar: nos encontramos en un profundo estado de crisis, por lo que tenemos y lo que no tenemos en materia de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Hemos planteado aquí los primeros pasos para solucionar esta situación. Ya iremos discutiendo a mayor profundidad aspectos más puntuales, pero todo comienza identificando el qué necesitamos, el quién, y el para qué debe comenzar con este proceso.
El qué es “voluntad” para subsanar esta situación y convertir esta coyuntura en una oportunidad de mejora y profesionalización. El quién es “la Presidencia de la República”, pues solo esta institución (no una persona) pude estimular legal y legítimamente los cambios normativos, estructurales, funcionales e instrumentales necesarios. El para qué es para el bien de México, de sus ciudadanos presentes y futuros.
¿Qué otra razón necesitamos para comenzar?
El autor es antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.