Los conflictos internos en Morena no cesan. En Baja California, el exgobernador Jaime Bonilla ha acusado en repetidas ocasiones a su sucesora, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de mantener vínculos con el crimen organizado. De nada sirvieron las reuniones de acercamiento promovidas por la dirigencia nacional para evitar que las recriminaciones mutuas continuaran. La tensión llegó a un punto crítico tras la filtración de un par de audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón en su columna del diario El Universal. En dichas grabaciones, se escucha presuntamente a la mandataria estatal negociar con personas que parecen ser agentes de seguridad de Estados Unidos. La difusión de este material provocó una reacción inmediata de Ávila Olmeda, quien acusó directamente a Bonilla de estar detrás de la filtración y de operar una campaña de desestabilización en su contra.
El escándalo por las negociaciones de la gobernadora ocurre en un contexto de profunda vulnerabilidad para la entidad, donde la violencia y la inseguridad han registrado un incremento alarmante. Como muestra de esta crisis, la regidora de Morena en el municipio de Tecate, María Quijada, sufrió un atentado armado junto a su esposo. El cónyuge de la funcionaria murió en el lugar de los hechos, mientras que ella tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital en Estados Unidos, donde su estado de salud se reporta como delicado. Este atentado no solo evidencia la impunidad que impera en la región, sino que traslada las disputas de poder a un escenario de violencia física que afecta directamente a los representantes de elección popular.
No obstante, el escenario de Baja California no es el único foco de fractura dentro del oficialismo. Las pugnas por el control y la sucesión hacia el futuro han comenzado a dinamitar la cohesión en el gabinete federal. En un video publicado en el portal SDP Noticias, Liz Vilchis —quien durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de conducir la sección semanal de la conferencia presidencial conocida como “Quién es quién en las mentiras”— lanzó una dura crítica contra el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Vilchis responsabilizó directamente al funcionario, aspirante natural a la candidatura presidencial de Morena, por las dificultades y el fracaso en el proceso de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La intención del ataque quedó manifiesta en una de las frases de su intervención, en la cual calificó la situación como un “fracaso que golpea fuertemente sus aspiraciones presidenciales para el 2030”. Este señalamiento anticipado de la carrera presidencial revela que las corrientes internas ya se encuentran activas en una campaña de desgaste que busca descarrilar perfiles clave de la administración de cara al próximo relevo en el Ejecutivo.
Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Ciudad Juárez
En la misma entidad fronteriza del norte, otro frente de batalla involucra a la senadora Julieta Ramírez, quien aspira a obtener la nominación de su partido para la gubernatura del estado en el proceso electoral de 2027. Ramírez ha enfrentado serios cuestionamientos y presiones de sus propios correligionarios debido a las versiones que señalan que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa de ingreso a ese país y que actualmente se encuentra colaborando de manera activa con agencias de seguridad estadounidenses. Ante la gravedad de estos señalamientos, diversos militantes de Morena han presentado requerimientos formales ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). El objetivo de esta acción es exigir que la comisión obligue a la legisladora a aclarar su situación migratoria y jurídica, y que emita un pronunciamiento público al respecto. De manera paralela a estas presiones internas, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California ha interpuesto denuncias en su contra por presuntos actos anticipados de campaña, lo que incrementa la presión legal y política sobre su proyecto.
Las fisuras del oficialismo también se extienden a la relación con sus aliados electorales históricos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). El ejemplo más visible de esta tensión ocurre en el estado de Chihuahua, donde la disputa por la candidatura gubernamental ha provocado un choque de intereses. En Morena, la competencia se concentra entre dos figuras: la senadora Andrea Chávez, quien cuenta con el respaldo político del grupo que encabeza el senador Adán Augusto López Hernández, y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, un político de origen panista que ha consolidado su fuerza en el norte de la entidad.
La batalla por Chihuahua se ha caracterizado por la difusión cruzada de encuestas que favorecen alternadamente a cada uno de los contendientes, de cara a la definición formal de las candidaturas que se realizará este año. En este entorno de alta competencia, Arturo Escobar, dirigente destacado del Partido Verde, declaró públicamente que su partido apoya la postulación de Pérez Cuéllar y advirtió que la coalición en la entidad solo será posible si el alcalde de Ciudad Juárez es el candidato de la alianza. La respuesta por parte de las fuerzas que apoyan a Chávez no se hizo esperar. Dos días después de la declaración de Escobar, la diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, anunció la designación de Andrea Chávez como coordinadora estatal de afiliación del PT en Chihuahua, posicionándola formalmente como la candidata para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en el estado. Este movimiento del PT busca neutralizar el amago del Partido Verde y asegurar que la postulación recaiga en la senadora.
Sin embargo, el camino de Andrea Chávez enfrenta resistencias en el centro del poder político. Fuentes periodísticas y columnas de análisis político señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado de manera discreta que se frene la postulación de la senadora. La objeción principal radica en que el despliegue publicitario y la promoción anticipada de Chávez contradicen los principios de austeridad de la llamada Cuarta Transformación. Pese a estas señales de desaprobación desde Palacio Nacional, Chávez mantiene su campaña de posicionamiento gracias al respaldo decidido del grupo político de Adán Augusto López Hernández.
La figura del propio Adán Augusto López Hernández, senador y exgobernador de Tabasco, ha estado en el centro de otras confrontaciones de alto nivel. El tabasqueño protagonizó un ríspido intercambio de acusaciones con el actual coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal. El exgobernador acusó a Monreal de haber cometido supuestas irregularidades de carácter administrativo durante su gestión en la legislatura previa. Aunque los señalamientos no derivaron en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) ni en la presentación pública de pruebas concluyentes, el conflicto desgastó las relaciones entre ambas bancadas. Este capítulo concluyó con la remoción de Adán Augusto de la coordinación de los senadores de Morena, una decisión rodeada de versiones sobre presiones directas ejercidas desde la presidencia de la República para mantener la disciplina interna.
Andrea Chávez y Adán Augusto López Hernández
La trayectoria del senador tabasqueño también se encuentra ensombrecida por investigaciones judiciales relacionadas con su gestión en Tabasco. El actual gobierno de dicha entidad, también de extracción morenista, ordenó la detención de Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar una organización delictiva conocida como “La Barredora”, que operaba en complicidad con cárteles del narcotráfico. Bermúdez Requena había sido designado secretario de Seguridad Pública del estado durante el mandato de López Hernández como gobernador, lo que generó acusaciones de complicidad por omisión o protección en favor del exjefe policial. Hasta el momento, las autoridades ministeriales locales y federales no han incluido al senador en las carpetas de investigación correspondientes, pero el costo político del caso sigue activo.
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta una situación de alta vulnerabilidad política y jurídica. Reportes provenientes de agencias judiciales en Estados Unidos lo vinculan con investigaciones por presunta colusión con facciones del Cártel de Sinaloa para facilitar actividades ilícitas y por su supuesta intervención en la manipulación del proceso electoral estatal de 2021. Las indagatorias de las autoridades norteamericanas involucran también a otros nueve funcionarios estatales. Entre ellos, el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Mérida, quien se reporta que ya se encuentra colaborando de manera activa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a cambio de beneficios procesales.
Estas crisis concurrentes en los bastiones regionales y en la estructura federal de Morena representan una oportunidad de reposicionamiento para los partidos de oposición con miras al proceso electoral intermedio de 2027. Sin embargo, los partidos contrarios al oficialismo corren el riesgo de asumir que la acumulación de escándalos y fracturas gubernamentales les otorgará victorias automáticas. Confiar el triunfo electoral a la inercia del desgaste oficialista, sin construir una oferta política sólida y competitiva, podría resultar un error sumamente costoso para la oposición en las urnas.
- Mis redes: https://linktr.ee/areyesvigueras