En sexenios anteriores, los gobiernos destacaban un problema estructural como el principal; en la actualidad esto es difícil, pues son variados los que se acumularon en la agenda del Ejecutivo federal. Antes podía decirse que los más agobiantes eran de índole política, o económica. Hoy, lo advertimos fácilmente, están interrelacionados unos y otros, sin posibilidad de separarlos para definir prioridades: todos son prioritarios. Es la herencia que deja al país un régimen que puso en la ideología el curso de su labor gubernativa, un absurdo que hoy cobra su inmensa cuota, su “pago de piso”, para seguir funcionando, en un círculo vicioso inacabable.
La cuestión a desentrañar es si podrá, el gobierno de Claudia Sheinmabum, enfrentar esta perniciosa dualidad que obliga a tomar decisiones sobre la marcha, sin planeación ni visión estratégica. La Cuarta Transformación puso al país “patas arriba”, postura que no puede ni debe prolongarse demasiado; no por lo incómoda que es de por sí, sino por las dramáticas consecuencias que tendría en todos los ámbitos de la administración pública. La cuestión de fondo a dilucidar es, si la mandataria tiene una mínima voluntad de gobernar para los mexicanos, o para el grupo mafioso que se hizo del poder para servir a sus propias ambiciones patrimonialistas, error gravísimo que tiene al sistema al borde del colapso.
La demagogia como táctica de gobierno ya no da para más, aunque se gaste alrededor del 20 por ciento del PIB en propaganda, cada vez menos eficaz pero más onerosa. Es absurdo que se crea que la gente común va a tragarse el cuento de que “la Estrategia de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación”, como políticamente señaló el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch. Declaraciones como ésta no caben en este momento, cuando apenas comienza a enfrentarse el fondo del problema de inseguridad pública: la impunidad.
Una declaración así nos remonta al sexenio pasado, cuyas reminiscencias por sí solas son una carga muy pesada para la sociedad. Qué más quisiera el ciudadano común que ver resultados concretos en la batalla contra el flagelo de la impunidad, que se mantiene vivo en las altas esferas del poder. ¿Acaso no se ha protegido a extremos inauditos a Rubén Rocha Moya, al grado de que se le prepara el ambiente para que reasuma su cargo de gobernador de Sinaloa? En el colmo de la burla a la ley, ¿no es un hecho que el Senado protege también a Enrique Insunza, el principal coacusado por los delitos que la Fiscalía de Nueva York los acusa? Lo que a final de cuentas se queda en el ánimo popular son las situaciones absurdas como ésta, no las cifras con las que se quiere inducir un cambio favorable en la opinión pública.
Rubén Rocha Moya
Está muy bien que se haya detenido a 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto, asegurado 31 mil armas de fuego y casi 500 toneladas de droga; pero lo que se queda en la mentalidad colectiva son hechos como la liberación de José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán”, líder del cártel del Noreste, relacionado con el huachicoleo, capturado apenas el 9 de mayo en Monterrey. Queda la impresión de que la reforma judicial se llevó a cabo precisamente para asegurar la impunidad de los mafiosos. ¿Cómo no dar por sentado que “había una conexión mortal entre los cárteles y el gobierno mexicano”, según afirmación del director de la DEA, Terrance Cole?
Es evidente el jaloneo entre el obradorato original y los sucesores del régimen que se hartaron de la manipulación de que es objeto la inquilina de Palacio Nacional, sin que ella pueda hacer gran cosa por poner fin a esta discordia en las alturas del poder. El problema principal a resolver es qué tantas posibilidades tiene de ejercer el mando de las instituciones, el cual se agrava por el tiempo, que es muy corto ya para completar el sexenio. De ahí que los reacomodos en el gabinete tendrán que agilizarse, en un sentido o en otro, a favor de la mafia de Palenque, o su debilitamiento irrevocable. En las semanas subsecuentes será la mandataria la que defina el rumbo a seguir: o se rinde ante la tétrica manipulación de López Obrador, o se decide a ejercer el poder sin compartirlo con adversarios que no admiten derrota.
Este es el meollo del problema: cómo lograr que el sistema siga su curso sin una crisis de fondo, que sobrevendría en el momento en que se viera en peligro la sustentabilidad del obradorato. Lo sensato es prevenir antes que lamentar acontecimientos que pudieron evitarse. A nadie conviene, ni al mismo López Obrador, que la situación se salga de control por cuestiones de idiosincrasia. Está en juego el futuro del país, no un tema de desajustes de personalidad y mucho menos de legados familiares. Esto lo entiende perfectamente el gobierno estadunidense, el cual no está dispuesto a correr riesgos infaustos, en un escenario geopolítico demasiado complejo.