“No voy a titubear”: la indignación de Claudia Sheinbaum no llegó cuando el primer migrante mexicano cayó muerto bajo custodia del ICE. Tampoco llegó con el segundo, ni con el décimo. Llegó con el número 17, y no llegó sola: llegó azuzada por las encuestas, la proximidad de las elecciones y el descalabro interno de un partido que ya no sabe cómo va a retener el poder que ganó hace apenas dos años. La tragedia migrante creció en un silencio sepulcral roto solo por el crujir de los escritorios oficiales. Mientras el ICE acumulaba 16 muertes de connacionales en lo que va del segundo mandato de Trump, el gobierno morenista respondía con notas diplomáticas que terminaban arrumbadas en los archivos burocráticos de Washington. Once notas diplomáticas. Once. Y en ese letargo institucional, las redadas arrasaban barrios enteros en Texas, California y Florida; los centros de detención privados se llenaban de mexicanos esposados de pies y manos; la cifra de fallecidos crecía. Pero nada movía a Palacio Nacional.

Mientras México callaba, el resto de Latinoamérica observaba con una mezcla de estupor y resignación. La región llevaba años descifrando un patrón que el gobierno mexicano acaba de confirmar con su pasividad: la vida del migrante vale poco, y vale aún menos si su muerte no produce un titular lo suficientemente escandaloso. Gobiernos como el de Honduras o El Salvador no tardaron en leer el mensaje implícito de los primeros 16 fallecidos mexicanos. Si México, con todo su peso diplomático, su relación privilegiada con Washington y su lugar en el T-MEC, no movía un dedo más allá de la nota de protesta, ¿qué podían esperar las pequeñas oficinas consulares de Centroamérica?

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el 7 de julio, fue un golpe directo a la estrategia de la simulación. Porque Lorenzo no murió por negligencia médica en una celda, no murió por deshidratación ni por una fiebre mal atendida. Murió acribillado dentro de su camioneta por un agente federal durante un control de tráfico después de décadas viviendo en ese país. Y fue entonces, y solo entonces, cuando Sheinbaum decidió que ya era suficiente. El 9 de julio anunció que México “pasaría de la vía diplomática” a presentar denuncias penales en las cortes estadounidenses. La cancillería elevó la apuesta con demandas civiles y penales, recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llamados al Alto Comisionado de la ONU. Un viraje estridente, repentino, casi teatral. ¿Por qué no el 9 de enero? ¿Por qué no el 9 de marzo, cuando ya contábamos 14 cadáveres? ¿Qué cambió realmente?

Cambió lo que les duele reconocer: las encuestas. Morena está sangrando. La identificación partidista se derrumbó del 51 al 45 por ciento en menos de un año. La preferencia electoral efectiva, la que realmente mueve las urnas, cayó seis puntos enteros. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el partido en el poder necesitaba blindar sus banderas ideológicas más rentables. Y entonces sacó el último as que le quedaba: endurecer el discurso contra el vecino del norte para parecer fuerte, para mover las fibras del nacionalismo herido. No es casualidad que, en paralelo, el gobierno haya decidido facilitar el voto de los paisanos en el extranjero para 2027. ¿Qué mejor audiencia para una narrativa de defensa agresiva que aquellos que han sufrido en carne propia la persecución migratoria?

La cronología de la reacción gubernamental revela una verdad incómoda: la soberanía a la que alude Sheinbaum es una maniobra calculada de control de daños que normaliza la violencia institucional del aparato migratorio estadounidense. Nombres como el de Jaime Alanís García, que murió tras caer de una altura de nueve metros al huir de una violenta redada del ICE, o el de Alberto Gutiérrez Reyes, víctima de la desatención crónica en un hospital de Victorville, fueron tratados por el aparato consular como expedientes de trámite funerario y apoyos económicos para la repatriación de restos. ¿Por qué la ferocidad jurídica que hoy se presume no se activó con la misma contundencia cuando esas vidas se apagaban? La respuesta es tan cruda como realista: un tiroteo a plena luz del día genera una indignación que el gobierno no puede contener pasivamente mientras las muertes silenciosas por falta de insulina, deshidratación o por una crisis de salud mental se maquillan como “complicaciones médicas generales”. La soberanía consular, ese eufemismo elegante, era en realidad el escudo detrás del cual se escondía la cobardía diplomática para no tensar la cuerda con Trump, para no arriesgar el T-MEC, para no poner en peligro los acuerdos de seguridad que tanto importan al gobierno mexicano.

El costo de esa indignación tardía es la credibilidad. Sheinbaum no está defendiendo a los migrantes porque haya tenido una revelación de último minuto; los está defendiendo porque necesita urgentemente un tema que la muestre como una lideresa audaz frente a unas bases que ya no vibran con el discurso de siempre. Elevar el tono de la confrontación y anunciar demandas penales pretende funcionar como un escudo retórico para cohesionar el voto nacionalista y desviar la atención ante la severa crisis de seguridad, violencia y estancamiento económico que vivimos.

La justicia que exige la diplomacia mexicana llega tarde porque sus tiempos no están dictados por el dolor de las familias ni por la urgencia de salvar vidas en los campos de detención, sino por el estricto calendario de las urnas. Defender la vida y la dignidad de los mexicanos jamás debería ser moneda de cambio sujeta al pragmatismo electoral.

Los paisanos a los que ahora se les promete justicia son los mismos a los que se les negó protección cuando más la necesitaban. Sheinbaum puede haber activado el modo “guerrera” a tiempo para la campaña, pero la pregunta que quedará flotando es tan simple como demoledora: si pudo hacerlo antes, ¿por qué esperó a que llegaran los muertos suficientes para que le importara?