Cada día surge un nuevo escándalo que evidencia la corrupción, ineptitud y complicidad del gobierno federal con los cárteles delictivos. En fechas recientes fue el asunto del piloto de la aeronave que trasladó clandestinamente a Estados Unidos a “El Mayo” Zambada; hace dos años fue, simultáneamente, el asesinato del principal líder opositor a Rocha Moya, Héctor Melesio Cuén, ordenado por el gobernador; hace más de 2 meses, la solicitud de Estados Unidos de la extradición de Rocha Moya por sus comprobados vínculos con el Cártel de Sinaloa, ahora con licencia indefinida, pero con la amenaza de su pronto regreso.

A eso se suma la reciente revelación en Código Magenta sobre el funcionamiento de una “huachirefinería” en Nuevo León, que produce enormes cantidades de combustibles ilegalmente obtenidos y distribuidos, sin que hasta ahora se haya aclarado algo sobre el escándalo del huachicol fiscal que costó 600 mil millones de pesos, como tampoco sobre el otro de 15 mil millones de dólares denunciado en los últimos días.

Asimismo, la creciente amenaza del gobierno de Trump de accionar una poderosa “fuerza de tarea” para venir a nuestro país por el sinaloense (según lo ha revelado el periodista de investigación especializado en el caso de Sinaloa, Víctor Hugo Arteaga) ante la evidente protección que le otorga Sheinbaum.

En medio de ese clima, los discursos de “las mañaneras” ya no son suficientes para ocultar el estancamiento económico y la crisis de empleos formales, como tampoco el deterioro en salud, educación, seguridad y en el campo. Y, aunque oficialmente se diga lo contrario, la no renovación del TMEC incidirá negativamente en nuestra vida nacional.

La falta de certeza jurídica que trajo consigo la reforma judicial, así como la inseguridad, la ausencia de órganos autónomos reguladores, el sometimiento del poder legislativo y la cooptación gubernamental de los órganos electorales, están en la base explicativa del estancamiento económico y de la caída en la calificación de México, a quien se le cataloga ya como una democracia degradada en vías de consolidarse como un sistema autoritario. En suma, un régimen que a nivel mundial está desprestigiado y ya es catalogado como un narcogobierno.

Por si faltara poco, a 10 meses y medio de las elecciones del 2027, Morena ya empezó a violar el marco jurídico en materia electoral con sus campañas anticipadas (contando con el silencio cómplice del INE), porque saben que corren peligro de perder plazas que hoy controlan y que quieren retener a como dé lugar, como Sinaloa, Michoacán, Sonora, Zacatecas y Guerrero. Esto, porque diversas encuestas dan cuenta del deterioro del partido gobernante; sin embargo, aun así, Morena aparece con posibilidades de triunfo en esas entidades si la oposición va dividida. Por ello se requiere que se logre la unidad en la que tanto hemos insistido. Unidad real, en defensa de la verdadera soberanía, expresada en todos los terrenos y todos los días, no a conveniencia coyuntural del gobierno.

Paralelamente, desde la academia y diversos ámbitos de análisis político, se expresan opiniones muy respetables para abonar a lo que debiera ser la construcción de un nuevo modelo de desarrollo nacional: democrático, que haga frente a la actual deriva autoritaria y que evite al mismo tiempo la repetición de los vicios en que incurrieron gobiernos anteriores de partidos hoy opositores que terminaron prohijando el huevo del populismo autoritario del obradorismo.

Por eso son pertinentes voces como la des Edna Jaime (Revista Diluvio, julio de 2026), Mauricio Merino (El Universal) y Ricardo Becerra (Nexos, julio de 2026), entre otros, que nos convocan a asumir una visión autocrítica y constructiva a la vez.

Cito a Edna Jaime: “La crisis de las democracias liberales no puede explicarse sólo por la polarización o el avance de liderazgos autoritarios. También responde a una fractura económica más profunda: la pérdida de una promesa creíble de progreso”.

Dicho de otra manera, hay razones suficientes para seguir viendo a la democracia social como la vía para asegurar un progreso compartido y, con ello, dar estabilidad duradera a la democracia liberal. Es decir, no sólo a una democracia formal, reducida a esquemas institucionales, sino a una democracia con alma social en la que se comparta el progreso.

Ha quedado claro que el modelo populista autoritario de la autodenominada “4T”, de supuesta izquierda, como el de Trump, situado en la extrema derecha, no garantizan bienestar material duradero para los más necesitados, ni convivencia civilizada en la pluralidad, ni democracia, ni libertades para el conjunto de la sociedad.