Daniel Ortega declaró el pasado 19 de julio que no permitirá la realización de elecciones en Nicaragua. Su objetivo explícito es evitar que la oposición regrese al poder. De manera paralela, en Estados Unidos, integrantes del movimiento MAGA proponen que el sufragio se ejerza por familias y que el esposo asuma la decisión final. Quienes respaldan esta postura argumentan que las mujeres son más influenciables por la propaganda del Partido Demócrata y por el denominado movimiento woke. Se trata de expresiones que muestran las profundas coincidencias entre los extremos políticos para alcanzar un mismo fin: restringir la libertad de elección y conservar el poder a cualquier precio.

 

Prohibir la oposición

El discurso de Daniel Ortega durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista causó revuelo internacional por las intenciones que reveló. Al referirse a la oposición bajo la etiqueta de «somocista», el mandatario afirmó: «Están ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones […]. Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno». Además, anunció que trabajará con la Asamblea Nacional en reformas legales para levantar un muro contra quienes calificó de golpistas y «vendepatrias».

Estas palabras confirmaron las denuncias internacionales sobre el carácter autoritario del régimen nicaragüense. Ante el escándalo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aclaró que sí habrá votaciones, pero bajo reglas nuevas. Según Porras, el propósito es blindar los comicios frente a la «injerencia extranjera» de los «traidores a la patria».

Este escenario guarda similitudes con la narrativa política en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que la derecha no regresará al poder, mientras miembros de su partido promueven iniciativas para anular elecciones por presunta injerencia externa. Asimismo, proliferan las acusaciones de traición contra los integrantes de la oposición por sus supuestos vínculos con intereses extranjeros. Frente a esta estrategia, la oposición mexicana no ha logrado aprovechar la coyuntura para arrebatar la agenda pública ni establecer una contranarrativa eficaz.

 

Un voto por familia

En Estados Unidos, bajo el ala política de Donald Trump, ha cobrado fuerza la propuesta del «voto por hogar» (household voting). Esta iniciativa plantea que el sufragio se realice por cada unidad familiar y no de manera individual. Bajo este esquema, el varón asumiría la jefatura política del hogar y votaría en representación de su pareja e hijos, bajo la premisa de que el matrimonio constituye una sola entidad. En el caso de las mujeres solteras, la propuesta sugiere que sean representadas por su padre, un hermano u otro familiar masculino.

El debate escaló en los medios de comunicación tras las declaraciones de Erika Kirk —esposa de Charlie Kirk, activista del movimiento MAGA asesinado en 2025—. Durante una reunión de la asociación Turning Point USA, Kirk defendió la idea argumentando que las mujeres son más susceptibles a la propaganda demócrata. Al igual que ocurre en Nicaragua, esta facción busca cerrar el paso a sus adversarios mediante la restricción del derecho al voto de sectores específicos, incluso si esto implica anular los derechos políticos fundamentales de las mujeres.

 

¿Y México?

México no está aislado de esta ola de expresiones restrictivas. En el espectro político local existen militantes y activistas que coinciden en la idea de cerrar el paso a los competidores o limitar el sufragio. A las propuestas legislativas de Morena para sancionar la injerencia extranjera se suman posiciones en la acera opuesta. Javier Albarrán, militante del PAN en Ecatepec, Estado de México, ha manifestado en sus redes sociales su respaldo a la propuesta del voto por hogar para fortalecer la cohesión familiar.

Por otro lado, la activista Natalia Torres generó polémica en un podcast al afirmar que «no todos deberían votar». Tras la controversia, Torres matizó sus dichos mediante un video. Explicó que su intención no es prohibir el voto a los ciudadanos desinformados, sino proponer que el Instituto Nacional Electoral imparta un curso formativo obligatorio al tramitar la credencial de elector. Según su aclaración, esto permitiría a los ciudadanos conocer las facultades reales de los servidores públicos y detectar promesas de campaña inviables. A pesar de su aclaración, las críticas sobre el sesgo restrictivo de su propuesta original persisten.

El control del poder también pasa por el cerco a la deliberación pública. El pasado 24 de julio, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, solicitó identificar a los medios de comunicación críticos para excluirlos de las rondas de preguntas en sus conferencias de prensa. Jara anunció la publicación de una lista con los nombres de quienes considera dedicados a atacar a su administración.

La propuesta de suprimir comicios, confeccionar leyes restrictivas a modo o condicionar el ejercicio del voto demuestra una alarmante realidad. Tanto en la derecha como en la izquierda, la ambición por conservar el poder termina por hermanar a los adversarios en los mismos métodos autoritarios.