Existen tres grandes pilares en la Contrainteligencia: qué es, qué hace y cómo lo hace. En torno a ellos se ha generado una amplia variedad de respuestas más o menos informadas y fundamentadas, generando así una percepción en ocasiones distante de la realidad profesional y operacional de este estratégico rubro para el Estado contemporáneo y sus instituciones. Este proceso ha sido constantemente capitalizado por muchas naciones a lo largo de la historia, y nuestro país no ha sido la excepción.
Sobre la primera interrogante hemos profundizado en las entregas anteriores, y con fundamento en ellas podemos avanzar en el esclarecer el segundo y tercer pilar. Partiendo del concepto que su misión es disuadir, mitigar, neutralizar y prevenir en la medida de lo posible -aunque realmente es imposible en su totalidad- intentos de terceros actores (públicos y privados, nacionales y extranjeros) de adquirir, distorsionar, manipular, negar o sustraer datos, información y/o productos de Inteligencia para su beneficio, influyendo de manera directa o indirecta el proceso de toma de decisiones nacionales y conduciéndolo a favor de sus intereses, la Contrainteligencia hace uso y recurso de numerosas aproximaciones y estrategias para cumplir permanentemente su misión nacional en el corto, mediano y largo plazo.
Como podemos apreciar, su objetivo final es amplio, complejo y permanente. Existen muchas formas de hacer las cosas; pero como reflexionamos en la colaboración anterior, todas requieren estar apegadas a las normas éticas, legales y morales del ejercicio profesional y del servicio público. Esto reduce mucho el margen de acciones que se pueden emprender, e implica que su ejecución debe ser confiable, eficiente, precisa y trascendente. Los momentos y coyunturas donde se pueden “tomar medidas extremas”, fuera de la ley o cuestionables en su moralidad son un mito distorsionado, y nada más. Su incidencia se convierte en delitos, y su misión se corrompe y distorsiona si no se tiene particular cuidado en su ejercicio. Es por ello que sólo los mejores profesionales de la Inteligencia pueden ejercer labores de Contrainteligencia, y su proceso formativo debe ser largo, riguroso y templado.
Existen dos aproximaciones concurrentes y permanentes para el adecuado y eficiente ejercicio de la Contrainteligencia, así como dos modalidades de empleo de cada una de ellas. Las labores orientadas a la protección y la salvaguarda ante actores y agentes externos pueden ser preventivas o reactivas. La primera, como su nombre indica, debe ser llevada de manera previa a los intentos de adquisición, influencia o interferencia de un adversario; y su finalidad es la disuasión de las actividades que podrían vulnerar al Estado, las instituciones o los actores nacionales. La segunda aproximación es la reactiva, lo que implica que la acción de vulneración ya ocurrió. Su objetivo es la contención y la mitigación de daños, así como el blindaje y la negación ante vulneraciones subsecuentes.
Parte de las actividades reactivas de la Contrainteligencia requieren de la estimación y valoración de potenciales daños, así como del amortiguamiento y supresión de afectaciones. Las labores no concluyen con la neutralización de los daños, sino que se extienden a la prevención subsecuente y el blindaje de las vulnerabilidades detectadas. Para ello se requiere una atención interna y externa de todos los factores que pudieran haber influido en dicha vulnerabilidad, y el seguimiento de los procesos correctivos para su adecuada y eficiente implementación.
Ambas aproximaciones -la preventiva y la reactiva- requieren para su ejercicio dos modalidades concurrentes y permanentes. Se trata de acciones y actividades activas y pasivas. Las primeras hacen alusión al conjunto de procesos que se implementan para disuadir, infiltrar, negar y neutralizar las acciones de ese potencial actor opositor desde su origen. Esto implica tomar acciones contundentes para impedir los intentos de ese “adversario” para realizar acciones de espionaje, detrimento, influencia o manipulación de los activos del Estado (actores, agentes, datos, información, instituciones, funcionarios, etc.). Las medidas activas de Contrainteligencia implican reconocer una amenaza externa, identificar los riesgos internos, realizar un análisis de vulnerabilidades de manera jerárquica, ponderada y pragmática, y atacar de origen la fuente de dichos potenciales intentos para neutralizar su capacidad de acción. Esta modalidad, aunque compleja y desgastante, tiende a ser la más eficiente en el mediano y largo plazo, e históricamente ha demostrado a nivel global que ofrece los mejores resultados. Pero para ello se requiere del andamiaje conceptual, doctrinario, institucional y operacional apropiado, y la visión prospectiva adecuada.
La segunda modalidad es implementar medidas pasivas de protección y salvaguarda. Estas se concentran en fortalecer las medidas de seguridad de información y de disciplina operacional de la Función Pública. Es común que estas medidas se confundan conceptualmente con la Seguridad de la Información, por que se concentran en robustecer los instrumentos y mecanismos de protección de datos ante posibles vulneraciones externas. El problema con esta visión si se lleva a cabo de manera exclusiva es que genera una gran cantidad de “puntos ciegos”, es decir, de factores que potencialmente pueden vulnerar al Estado, sus instituciones, funcionarios y sociedad ante acciones externas. Las acciones pasivas deben ser complementadas de manera armónica con programas activos de Contrainteligencia, brindando una protección eficiente y permanente frente a amenazas y riesgos permanentes.
Con estos antecedentes hay mucho que decir y reflexionar para el caso mexicano. Las instituciones de Defensa y Seguridad Nacional del Estado Mexicano cuentan con entidades y unidades de Contrainteligencia, las cuales en mayor o menor medida han tenido resultados frente a actores y agentes foráneos que han buscado vulnerar la integridad nacional. Su labor ha sido destacada y debe ser reconocida. Sin embargo, podríamos argumentar que han quedado importantes áreas y espacios de oportunidad que deben ser atendidos, así como “áreas negras y grises” que pueden atribuirse a aproximaciones limitada, deficiencias operacionales, recursos insuficientes, o una doctrina desactualizada. Si no fuera así no tendríamos las filtraciones de datos gubernamentales que vemos constantemente, ni la influencia de actores externos -nacionales e internacionales, públicos y privados- en los procesos de toma de decisiones, ni seríamos objeto de las vulneraciones a la integridad nacional que ocurren casi de manera cotidiana.
Hemos comentado con antelación que la aproximación y el ejercicio de la Contrainteligencia en nuestro país es cuestionable por sus métodos, pero también debe ser sujeto de una profunda reflexión por sus resultados. Parte de la crisis nacional contemporánea puede atribuirse a profundas carencias o fallas en los organismos nacionales competentes. Por su desarrollo y particularismo históricos, las entidades de Contrainteligencia en México operan de manera aislada, desvinculadas y reservada. Compartir información con otras entidades, operaciones conjuntas o con responsabilidades compartidas es casi una imposibilidad en el andamiaje institucional de nuestro país.
En reflexiones anteriores hemos presentado la necesidad de integrar un Sistema Nacional de Inteligencia. De igual forma, es imperativo crear un Sistema Nacional de Contrainteligencia armonizado y homologado, supervisado y con aproximaciones y doctrinas integrales y vigentes, acordes a la realidad nacional e internacional. Requerimos de una profesionalización profunda en la materia; en procesos activos y pasivos, preventivos y reactivos de manera concurrente y simultánea. Necesitamos desarrollar un entorno donde la prevención y la protección sean cotidianas, no solo coyunturales. Debemos reconocer nuestras vulnerabilidades externas e internas, y atenderlas de manera activa y determinada. Para ello requerimos desarrollar un marco de responsabilidad asertiva y contundente. De eso hablaremos la próxima semana.
El autor es antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.