La Fiscalía General de Justicia solicitó originalmente la orden de aprehensión en contra de 23 personas involucradas en el delito de contrabando de combustibles (huachicol fiscal) al juez Mario Elizondo, Juez de carrera especializado en juicio penal acusatorio, quien negó la orden de aprehensión argumentando que el Ministerio Público no había presentado las pruebas suficientes para acreditar los delitos. Posteriormente la FGR solicitó nuevamente la orden de aprehensión, incluyendo además al ex gobernador Ruffo Appel, solicitud presentada a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien emitió la orden de aprehensión incluyendo además, por los delitos de que se trata, la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa.
El miércoles pasado, la Presidente al abordar el tema de la aprehensión del político y ex gobernador Ernesto Ruffo Appel a pregunta de que Joaquín El Chapo Guzmán declaró en 1993 ante un agente de la ex Procuraduría General de la República denunciando vínculos del ex gobernador de Baja California con el crimen organizado, que daba protección a los Arellano Félix, y que a través de la Procuraduría estatal se entregaban credenciales de la policía judicial a integrantes de ese cártel, la presidente dijo: “que la FGR vea si es necesaria una investigación”.
Tras el pronunciamiento público de que un grupo de expresidentes iberoamericanos denunciaron una supuesta “venganza política” en contra del ex gobernador Ruffo Appel, la presidente rechazó que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, responda a una persecución política y señaló que se trata de una investigación por presuntos delitos de contrabando de combustible. También, defendió la actuación de la FGR y aseguró que la investigación cuenta con los elementos suficientes para sustentar las decisiones judiciales adoptadas hasta ahora.
“Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para obtener una orden de aprehensión de un juez. Ayer creo que emitió otra vez un comunicado la Fiscalía nuevamente. Y siguen las investigaciones, y es esta persona junto con otros siete que fueron detenidos por este delito”, declaro Claudia Sheinbaum.
La señora Presidente de México aún no dimensiona la importancia de sus comentarios sobre todo cuando los expresa en la conferencia de prensa de cada mañana, lo que dice en público, no es la expresión de un comentario de Claudia una ciudadana común, es la voz institucional de quien es Presidente de la República que establece posiciones y políticas de su gobierno.
En un comunicado la Fiscalía General de la República, comunicó que un juez federal vinculó a proceso el pasado 23 de julio a Ruffo Appel y a otras siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos, la FGR negó que la investigación contra esas personas responda a una persecución política y aclaró que su vinculación a proceso es como consecuencia de su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos por ferrocarril.
Existen múltiples señalamientos en contra de políticos militantes del partido oficial Morena, por la comisión del mismo delito de contrabando de combustibles y hasta la fecha no se ha dado a conocer ningún avance en las investigaciones en esos casos iniciados cuando el titular de la FGR era el ahora embajador en Londres, Alejandro Gertz Manero.
Por otra parte, el gobierno de México sigue negando la detención con fines de extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y 7 funcionarios más, argumentando que no existen suficientes pruebas para ello. Por lo visto el Gobierno de la República actual tiene un doble rasero, uno implacable para los políticos de la oposición, diferente del que aplica a los militantes de Morena.
No se trata de defender a los presuntos responsables de haber cometido delitos, se trata de que la Justicia debe ser la misma para todos los inculpados de haber cometido un delito, sobre todo de delitos de la proporción de la defraudación fiscal contra la Nación o de la asociación con los cárteles del crimen organizado y de que todos los señalamientos incriminatorios deben ser investigados y los responsables deben ser sometidos a juicio, trátese de quien se trate.