La corrupción en México sigue siendo una herida abierta que indigna y preocupa a la ciudadanía. Los escándalos vinculados a este problema se repiten de manera sistemática en medios y redes sociales desde hace décadas. Lo presenciado en fechas recientes confirma que este fenómeno dista de terminar.

El “Operativo Enjambre”, desplegado por el Gobierno federal en entidades como el Estado de México y Morelos, derivó en la detención de 85 servidores y exservidores públicos. En varios casos, se trata de funcionarios que alcanzaron el cargo tras ganar elecciones respaldados por partidos políticos que convencieron al electorado en pasadas campañas.

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones en una corte de Nueva York contra 10 funcionarios estatales y municipales de Sinaloa. Entre los señalados figuran el gobernador de la entidad, el alcalde de Culiacán, un senador y mandos de seguridad, bajo cargos de narcotráfico y manipulación electoral.

Evitar que accedan a candidaturas personajes con cuestionamientos legales o antecedentes dudosos representa un desafío colosal para la autoridad electoral y las propias fuerzas políticas. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, estimó que el organismo deberá revisar cerca de 800 mil perfiles de aspirantes debido a la cantidad de cargos en disputa para las elecciones de 2027.

A esta problemática se suma el temor a la injerencia del crimen organizado en el próximo proceso electoral. En 2021, candidatos de oposición, periodistas y usuarios de redes denunciaron presiones criminales para inhibir la participación o beneficiar a abanderados del partido oficial. Un escenario similar se registró en localidades como Valle de Bravo, Estado de México, donde diversos testimonios señalaron que grupos delictivos determinaban quién podía hacer campaña y quién no. Así, la corrupción y el crimen organizado se entrelazan hasta elevar el nivel de alerta en el escenario político actual.

 

La debilidad partidista

Los partidos políticos sufren en su imagen el impacto de las faltas cometidas por sus militantes en cargos de elección. Morena ejemplifica esta situación tras recibir críticas y ser vinculado con el narcotráfico a raíz de la detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de mantener nexos con un cártel. A esto se añade la acusación formal en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, Somos México enfrenta embates que lo señalan de recibir financiamiento del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel —a quien el partido defendió de señalamientos por huachicol— y del exmandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca. Las demás fuerzas políticas no quedan exentas: en mayor o menor medida, cuentan con cuadros bajo investigación o envueltos en problemas legales.

El obstáculo principal para los partidos radica en sus limitados mecanismos para sancionar a la militancia, restringidos casi exclusivamente a la suspensión de derechos o a la expulsión. Morena enfrentó este dilema tras la detención del presunto responsable del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El hermano del señalado integraba el consejo estatal de ese partido en Michoacán y, tras la captura, la dirigencia emitió un comunicado para aclarar que había sido expulsado en 2025. Sin embargo, la coincidencia temporal entre el crimen y la expulsión avivó los cuestionamientos contra el partido oficial.

El Partido Acción Nacional (PAN) afronta una complicación similar en Sonora ante la eventual postulación de Alejandro López Caballero a la alcaldía de Hermosillo. Durante su gestión como secretario de Hacienda en el gobierno panista de Guillermo Padrés —quien fue encarcelado—, López Caballero acumuló observaciones en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, un expediente abierto desde 2012. Además, el PAN corre el riesgo de que se reactive la investigación por el denominado “Cártel Inmobiliario”, caso por el que un militante permanece en prisión y que salpica al actual dirigente nacional, Jorge Romero.

De cara a los comicios de 2027, las dirigencias evalúan ciertas postulaciones por los riesgos reputacionales que implican. No obstante, varios de estos aspirantes conservan estructura territorial, recursos financieros, reconocimiento popular e influencia interna, factores que dificultan frenar su registro en las elecciones internas. Ante este panorama, los partidos han optado por la vía más ágil: trasladar a la autoridad electoral y al Gobierno federal la responsabilidad de auditar antecedentes para vetar candidaturas. El riesgo de esta delegación es evidente: si el Gobierno decide favorecer a su fuerza política, podría emplear la información recabada para desgastar a la oposición.