La administración del presidente Donald Trump ha intensificado de manera significativa su estrategia hacia Cuba durante su segundo mandato, elevando a la isla al estatus de “Prioridad 1” en el Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia, al mismo nivel que China, Irán y Rusia. Esta decisión, combinada con la creación secreta de un grupo operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dedicado exclusivamente a Cuba, marca un punto de inflexión en la relación bilateral. Según una investigación del The New York Times publicada en agosto de 2026, el nuevo equipo incorpora oficiales de caso, analistas, especialistas en operaciones cibernéticas y expertos en influencia encubierta. Su mandato se centra en generar fisuras dentro de la élite política cubana para facilitar el reemplazo de figuras consideradas antiestadounidenses por líderes más pragmáticos dispuestos a negociar las demandas de Washington.
Esta ofensiva se suma a una campaña de máxima presión que incluye el bloqueo de facto de suministros de petróleo desde inicios de 2026, sanciones ampliadas bajo órdenes ejecutivas y la visita en mayo del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana. Ratcliffe entregó un mensaje directo: Estados Unidos solo entablaría diálogos económicos y de seguridad si Cuba realiza cambios fundamentales, incluyendo el cese de la cooperación de inteligencia con Rusia y China.
El impacto económico es innegable. La isla enfrenta apagones diarios, escasez de productos básicos y una crisis humanitaria creciente. En respuesta, el gobierno cubano aprobó en junio de 2026 un paquete de más de 175 medidas que representan el cambio más amplio en el modelo económico desde la revolución de 1959. Estas reformas permiten la expansión del sector privado, la entrada de bancos privados, la participación de inversionistas extranjeros y de la diáspora en empresas estatales, el desarrollo inmobiliario privado y una mayor autonomía en el comercio exterior. Autoridades cubanas, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel, insisten en que se trata de ajustes necesarios para preservar el socialismo y no de una concesión a Washington. Sin embargo, analistas internacionales coinciden en que la presión estadounidense fue un catalizador decisivo.
Desde la perspectiva de la administración Trump y de sectores del exilio cubano en Miami, estos avances económicos son insuficientes. Argumentan que sin reformas políticas profundas —liberación de presos políticos, mayor libertad de expresión, elecciones competitivas y el fin del monopolio del Partido Comunista— cualquier apertura económica solo servirá para consolidar el poder de la élite actual. El secretario de Estado Marco Rubio ha señalado reiteradamente que el sistema político cubano es incapaz de corregir sus fallas estructurales. La creación del grupo de la CIA se interpreta en estos círculos como una herramienta legítima de responsabilidad estratégica para acelerar una transición ordenada.
Por el contrario, el gobierno de La Habana y sus aliados denuncian una interferencia soberana y una continuación de políticas de desestabilización que datan de la Guerra Fría. El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío ha afirmado que Cuba ha sido durante décadas objetivo de espionaje y subversión. Críticos en América Latina y en sectores progresistas estadounidenses advierten que la estrategia de máxima presión recapitula errores históricos, como la invasión de Bahía de Cochinos, y que podría generar mayor radicalización interna o una crisis humanitaria de mayores proporciones. Señalan además el riesgo de que la elevación de Cuba a prioridad de inteligencia abra la puerta a opciones militares, aunque el mandato actual del grupo de la CIA no autoriza operaciones letales.
En redes sociales y foros de análisis, las posturas se polarizan. Usuarios en plataformas como X destacan el sufrimiento cotidiano de los cubanos y celebran cualquier medida que debilite al régimen, mientras otros advierten sobre el peligro de un cambio forzado que desestabilice la región. Expertos independientes subrayan que las reformas económicas cubanas, aunque limitadas, abren espacios reales al sector privado y podrían generar dinámicas sociales difíciles de controlar. Al mismo tiempo, cuestionan la viabilidad de convertir a Cuba en un aliado subordinado: la historia de resistencia nacionalista y la presencia de actores externos como Rusia y China complican cualquier escenario de sometimiento.
El interrogante central permanece abierto. La presión estadounidense ha forzado concesiones económicas significativas, pero el aspecto político sigue estancado. Convertir a Cuba de adversario en un país alineado con los intereses de Washington exigiría no solo fisuras en la élite, sino también un consenso interno sobre el futuro del sistema político. Hasta ahora, el régimen ha demostrado capacidad de adaptación bajo coacción, pero no de transformación estructural profunda. El éxito o fracaso de esta estrategia dependerá de la capacidad de ambas partes para calibrar la presión y la resistencia sin precipitar un colapso que nadie controlaría del todo.