Aunque el Gobierno federal presume una reducción cercana al cuarenta y ocho por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional, la realidad de la seguridad pública en México es mucho más compleja de lo que afirman los discursos oficiales. Un revelador reporte del centro de análisis México Evalúa demuestra que la proclamada pacificación del país es en realidad un espejismo. La violencia no ha desaparecido, sino que se ha transformado, y la estrategia de operativos de seguridad no sostiene la caída de las cifras.
El estudio destaca que, pese a las bajas recientes reportadas entre dos mil veinticuatro y dos mil veintiséis, la tasa general de violencia letal en el país se mantiene veintiséis por ciento por encima de los niveles registrados en dos mil quince. La razón principal de esta contradicción es que, mientras los asesinatos directos bajan en las estadísticas, otros delitos mortales han sufrido un repunte crítico. En la última década, los reportes de personas desaparecidas aumentaron un ciento veintisiete por ciento, mientras que las agresiones clasificadas como otros delitos contra la vida aumentaron casi doscientos por ciento.
Asimismo, el promedio nacional oculta severas crisis locales que afectan a comunidades enteras. La disminución de la violencia no ocurre por igual en todo el territorio mexicano. Entidades como Colima y Morelos mantienen índices de letalidad alarmantes. Lo más grave es que, en la mitad de los estados donde supuestamente disminuyó el homicidio doloso, la violencia letal total en realidad empeoró. En términos prácticos, por cada homicidio que dejó de contabilizarse, apareció una víctima y media contabilizada en otras categorías de violencia.
El informe pone a prueba la explicación del Gobierno federal, que atribuye la baja de asesinatos al debilitamiento operativo del crimen organizado. Tras sistematizar a mano más de mil ochocientos comunicados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, México Evalúa determinó que no existe una relación estadística consistente entre las detenciones, decomisos de armas o destrucción de laboratorios y la reducción posterior de homicidios en las entidades federativas.
El patrón identificado revela que los despliegues federales son reactivos: las fuerzas de seguridad llegan cuando los delitos ya alcanzaron un pico, por lo que la baja posterior obedece a dinámicas propias del crimen o a fluctuaciones naturales. Además, reducciones históricas de asesinatos ocurrieron en estados con muy pocos operativos federales, como Zacatecas y San Luis Potosí. Esto confirma que la intervención del Estado no es el factor determinante detrás del descenso de homicidios.
Finalmente, los especialistas de México Evalúa señalan que construir la política de seguridad sobre un solo indicador genera diagnósticos incompletos y engañosos. Cantar victoria prematuramente impide atender las causas de fondo del problema y deja desprotegidas a miles de familias. Para lograr una pacificación real y duradera, el país necesita transparentar las cifras de seguridad, fortalecer a las policías locales y colocar los derechos humanos de las personas en el centro de todas las decisiones públicas.