El Estado mexicano contemporáneo se encuentra en la que tal vez es la mayor crisis de su historia. Desde sus orígenes en el primer cuarto del siglo XIX, México ha atravesado por mucho. Crisis, hambrunas, guerras, plagas, pugnas y calamidades que aún hoy nos cuesta dimensionar y entender. Desastres naturales que han marcado generaciones completas, conflictos político-sociales que han delineado el curso de nuestra sociedad, enfrentamientos armados que han definido nuestra Política Exterior e Interior, reformas que han buscado mejorar al país y en el proceso han sembrado profundas semillas de tensiones posteriores. Muchos de estos procesos corresponden a la tendencia natural de la civilización humana durante los siglos XIX y XX; tantos otros son exclusivos y particulares de nuestro país. Todos ellos han moldeado el México que conocemos y vivimos.
Pero resulta una situación completamente diferente cuando nos cuesta reconocer a nuestro país. Nos encontramos en un momento -lamentablemente- único: vivimos en la contradicción, en la incongruencia, en la tergiversión de la realidad. A diario podemos encontrar indignantes casos de incompatibilidad entre lo que es y lo que debe ser. Atropellos a ciudadanos respetables, arropo a delincuentes confesos; persecución a individuos u organizaciones que piensan diferente a la postura oficialista, y simultáneamente estímulos e inmunidad a quienes flagrantemente han abusado de posiciones de poder para enriquecerse a través del abuso a los propios ciudadanos que dicen representan. Abandono de inocentes y sus derechos, pero legitimación oficial a funcionarios irresponsables y sus asociados. Selectiva fiscalización, pero ignorancia generalizada ante la realidad. Discursos triunfalistas, pero burdamente distantes de la cotidianidad y desconectados de toda simpatía y realidad.
Podríamos argumentar que el gobierno siempre ha actuado así a lo largo de la historia de México, y que en mayor o menor medida esto siempre ha ocurrido. Esto es innegablemente cierto, pero es igual de incuestionable que desde hace una década esto se ha intensificado paulatinamente, y que actualmente es insostenible. El discurso ya no da para más, y por todos lados podemos ver evidencia de este proceso de fragmentación de la realidad discursiva y narrativa del oficialismo. Para mantenerlo sus autores intelectuales e instrumentales han buscado argumentos e intentos comunicacionales orientados a tratar de legitimar lo que a todas luces es imposible de sustentar.
En su intento por dar fundamento y mantenimiento a este intento sistematizado de forzar una percepción legitimante sobre un espejismo ficticio, los ideólogos oficialistas han buscado desde casi una década disuadir la crítica y blindar sus acciones invocando leyes, reglamentos, normas y un lenguaje jurídico que busca generar la impresión de que todo esta plenamente sustentado en fundamentos legales y legítimos. Invocándolos buscan intimidar a lo que ellos caracterizan como “disidencia” y “oposición”, cuando realmente buscan obtener algún tipo de ventaja. Esta posición podría ser tachada de “opinión aislada”, y ser sujeto de desprecio y minimización; pero las evidencias abundan y son avasalladoras. El primer indicador de la validez asertiva de estas afirmaciones es la descalificación irreflexiva y carente de contraargumentos desde el oficialismo y sus beneficiarios.
El segundo indicador es tratar de acallar las críticas con argumentos oscuros y rebuscados, con retórica elaborada y tratando de abrumar la discusión intentando descalificar por turbulencias insorteables. En este delicado y trágico momento nos encontramos en nuestro país cuando incontables casos de discusión e indignación nacional buscan ser silenciados invocando leyes descontextualizadas e inoperantes en la realidad. Se busca una “Ley Mordaza”, invocando autoridades, medios y poderes supuestamente sustentados en instrumentos jurídicos que pocos comprenden o pueden emplear adecuadamente.
Este es el caso de la Ley de Seguridad Nacional, una de las legislaciones que debieran ser de las más importantes de nuestro país, pero que se ha convertido en una de las peor empleadas por esta y la anterior administración federal. Invocándola para justificar lo injustificable, para tratar de silenciar críticas y voces disonantes, o para encubrir innegablemente evidentes actos de corrupción, delitos e impunidad, las autoridades presentes y pasadas han creado un daño perdurable en la estructura nacional, vulnerando nuestros instrumentos, medios y recursos de Defensa y Seguridad Nacional; y en el proceso han creado un revuelto entramado para encubrir abusos, atrocidades, corrupción, impunidad e irresponsabilidad.
Como ciudadanos responsables no podemos permitir este detrimento a nuestra nación, nuestro patrimonio y el de generaciones venideras. Somos la generación que ha sido marcada por la corrupción y la ignominia; y por tanto es nuestra responsabilidad ciudadana, ética y moral hacer algo para corregirla. El primer paso es entender el marco normativo vigente, contextualizarlo adecuadamente, y en consecuencia tomar las acciones apropiadas para la defensa de nuestros derechos como ciudadanos herederos de un legado nacional de legalidad, legitimidad, superación, progreso y proyección al porvenir.
Con fundamento en este razonamiento, dedicaremos la presente serie de colaboraciones semanales al análisis y reflexión de la Ley de Seguridad Nacional y sus componentes. Para ello pondremos cada uno de sus componentes en su debido contexto; en su dimensión normativa, estructural, funcional e instrumental; así como analizaremos su trascendencia en nuestra Política Nacional, tanto en su dimensión interior y exterior. Debemos comprender que su origen no comienza en el año 2005 cuando fue aprobada por el Congreso de la Unión, sino en las dolorosas experiencias de la segunda mitad del siglo pasado en nuestro país.
La concepción, diseño y materialización de la Ley de Seguridad Nacional tiene sus orígenes en problemas político-sociales que no fueron atendidos de la mejor manera posible en su momento, que fueron relegados y empujados para evitar incomodidades políticas en su momento. Esa vieja estrategia de “patear el bote” fue lo que ocasionó que México concentrara importantes obstáculos para su desarrollo y su seguridad por más de cincuenta años. Acumulativamente generaron un entorno nacional complicado, que llegó a su clímax gracias a eventos transnacionales. Con la presión internacional derivada del 11 de septiembre del 2001 -fecha en la que podemos argumentar comenzó el verdadero siglo XXI- nuestro gobierno no tuvo más alternativa que tomar acciones de cooperación y solidaridad, y para ello se requería un marco normativo conducente.
A grandes rasgos es este contexto donde surge la Ley de Seguridad Nacional como un esfuerzo nacional en un momento de reinvención institucional, de intento de modernización y de incorporación de nuevas estrategias. Producto de la alternancia política, y con un genuino interés de fortalecer a nuestro país, esta y otras legislaciones fueron concebidas como instrumentos temporales y transitorios, como un trampolín al fortalecimiento interinstitucional y del Estado mexicano en su conjunto. Diseñadas como antesalas a procesos más complejos e incluyentes, el contexto nacional e internacional de ese momento fueron determinantes para el respaldo académico, legislativo, político y social que les brindó la legitimidad necesaria para poderse consolidar como referentes normativos y jurisprudenciales.
Pero esto fue hace más de veinte años. En aquel momento México era muy diferente. La sociedad, las instituciones y los fenómenos que nos aquejan son distintos. Aunque usemos los mismos términos para designarlos y busquemos aferrarnos a un pasado que ya no es, nuestro contexto y realidad es otra. Tal vez nuestro error como Estado fue no adecuarnos, no modernizarnos, o confiarnos en que podríamos hacerlo más adelante. Tal vez nos dejamos seducir por lo urgente y no por lo importante. Tal vez nuestras autoridades no previeron estas necesidades en su momento, no vislumbraron el porvenir. Tal vez en su momento como Estado lo dejamos de lado pensando que nunca tendríamos una situación como la que vivimos hoy en nuestro país.
Pero eso fue entonces. Las causas pueden ser muchas y sin duda serán objeto de debate y discusión. Lo que necesitamos ahora son soluciones. Requerimos atender los problemas de la cotidianidad nacional con responsabilidad y transparencia, de frente. La Ley de Seguridad Nacional es pieza clave de la Defensa, Protección, Seguridad y Salvaguarda de nuestro país. Como ciudadanos debemos entenderla de manera contextualizada y trascendente, exigir su uso e impedir su mal uso. Invito entonces al reflexivo lector a este proceso de análisis razonado a lo largo de las colaboraciones subsecuentes. Éstas no tienen la intención de ser la última palabra sobre el tema, ni de ser el referente definitivo en la materia. Por el contrario, serán una invitación al contraste, a la contextualización, al debate, a la reflexión informada, y a la apertura a diferentes interpretaciones.
Esta es nuestra responsabilidad como ciudadanos, y el primer paso para poner un alto legítimo frente a una campaña de desinformación nacional que busca callar voces informadas y reflexivas para tapar sus abusos, carencias y errores. No podemos arreglar un problema si no sabemos dónde está. No podemos saber dónde está si no hablamos del tema. No podemos hablar del tema si no quitamos los frenos y reservas. Y aparentemente, la primera frontera es una ley poco entendida y mal contextualizada. Les invito, en consecuencia, a que hablemos del primer obstáculo lítico y legítimo: la Ley de Seguridad Nacional.
El autor es Antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.