El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado de ser el árbitro de la contienda democrática para convertirse en el principal cómplice del autoritarismo morenista. Lejos de garantizar la equidad, la dependencia se ha transformado en un brazo ejecutor de la censura, evidenciando que su deseable imparcialidad no es más que un espejismo que se desvanece ante el menor capricho de Palacio Nacional. Por ello, las elecciones de 2027 no se vislumbran como una competencia justa, sino como un proceso viciado de origen, donde el tablero está inclinado y el árbitro cobra su favor.

Un episodio bochornoso ocurrió el pasado 29 de julio, cuando el INE, en una muestra de sumisión absoluta, ordenó a Alejandro “Alito” Moreno eliminar sus publicaciones donde calificaba atinadamente a Morena como “narco partido”. La resolución no fue un acto de justicia, sino un acto de censura política orquestado para proteger la vulnerada imagen del “narcogobierno”. El líder priista fue amordazado bajo el argumento de la “calumnia”, mientras la presidente Claudia Sheinbaum celebraba la decisión desde su tribuna, evidenciando que el INE no actúa por convicción legal, sino por consigna de los de arriba. Mientras tanto, los reclamos de la oposición se estrellan contra la burocracia y la indiferencia de un instituto que presume independencia, pero que en realidad actúa como un sicario judicial al servicio del partido en el poder.

Esta sumisión es el desenlace de una estrategia fraguada a lo largo de los años. Desde antes de fundar Morena, Andrés Manuel López Obrador construyó su relato sobre la base de un fraude electoral —primero en 2006 y luego en 2012—, calificando al IFE y después al INE como un “organismo mantenido”, una “burocracia dorada” y un simple apéndice del “régimen neoliberal” que, según su narrativa, le arrebató la victoria. Esa desconfianza se tradujo en un discurso de combate: el partido ha insistido en que el árbitro no es un ente imparcial, sino un enemigo a vencer, y buscó someterlo con sus reformas fallidas y la presión presupuestal, hasta instalar ahí a personajes afines a su proyecto.

Hoy el INE mueve cielo y tierra para silenciar la crítica incómoda contra Morena, pero hace la vista gorda ante las descaradas campañas anticipadas que el partido oficialista realiza con total impunidad en al menos 17 estados. En Chihuahua o en Tabasco, el caso es vergonzoso. Mientras la senadora con licencia Andrea Chávez, cuya cercanía con Adán Augusto —el de La Barredora— es de sobra conocida y Andy López Beltrán —el de los grandes negocios al amparo del gobierno durante el sexenio de su padre— recorren sus territorios haciendo proselitismo ilegal, el INE se limita a un golpecito en la mano, una simulación de autoridad que no engaña a nadie. ¿Dónde está el árbitro electoral?, la respuesta es obvia: el árbitro está demasiado ocupado salvando el “buen nombre” de Morena como para pitar una falta evidente.

Morena ha desplegado una estrategia perversa: utilizar al INE como su “detective privado” para perseguir el origen de las campañas en su contra, sin importar la veracidad de los señalamientos. Lo que le preocupa al gobierno no es resolver la crisis de seguridad o la economía, sino silenciar a quien los critica. Hace apenas unos días en Chihuahua, cuando el PAN colocó espectaculares con la frase “Muerte y Morena es lo mismo”. La reacción de Morena fue inmediata: presentó una queja formal ante el INE para exigir el retiro de los llamados “espectaculares de la muerte”.

Pero la incongruencia del INE no solo se manifiesta en la censura y la vista gorda; también se refleja en su voracidad presupuestal. La dependencia ha solicitado para 2027 un presupuesto histórico de 36,119 millones de pesos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha calificado la petición de “exagerada”, argumentando que no debería más que la elección de 2024, cuando se eligieron Presidencia y Senado. La presidente ha insistido en que el aumento debe limitarse a la inflación y ha acusado al INE de no entender “por qué deba costar más”. ¿La ironía? El mismo gobierno que criticaba al INE por caro es el que ahora lo acusa de derrochador.

No es lo mismo ser borracho que cantinero. El borracho, en su desvarío, es víctima de su propia indisciplina; el cantinero, en cambio, tiene la responsabilidad de administrar la mesa y velar por el orden. Pero el INE ha roto ese pacto. Hoy, el instituto es un cantinero que se ha embriagado con el vino del poder: sirve copas a Morena mientras despoja de la botella a la oposición. Responde con rapidez felina a los “berrinches de la inquilina de palacio” pero se muestra sordo, ciego y mudo ante las anticipadas campañas de MORENA como la hizo —y lo hace— ante el uso de dineros del huachicol para financiar las campañas morenistas. El INE, en lugar de investigar la ilegalidad, prefiere proteger a los favoritos del régimen. Y ahora, encima, pide un presupuesto histórico para organizar un proceso que él mismo está contaminando.

Esta doble moral tiene un nombre: complicidad. El INE no es un ente neutral atrapado en el juego. Al castigar a la oposición por señalar la verdad, al tolerar la ilegalidad de Morena, al exigir una bolsa millonaria para organizar un proceso viciado y, sobre todo, al permitir que el gobierno lo desacredite mientras lo utiliza, el árbitro electoral se ha convertido en el cómplice del desorden y la inequidad. La contienda de 2027 puede ser el funeral de la democracia mexicana, oficiado por un INE que, borracho de poder y sumisión, olvidó que su función es garantizar la justicia. Cuando el cantinero se confunde con el borracho, la mesa se vuelve un caos y los comensales pierden toda esperanza. Y en México, esa esperanza se está desvaneciendo ante un INE que ya no es el guardián de la ley, sino el verdugo de la libertad de expresión —y ahora, también, un insaciable recaudador que pide más dinero para seguir ejecutando el mismo guión.