La actual administración morenista entre los múltiples cambios llevados a cabo ha impulsado como parte fundamental de su esencia, un arbitrario sistema de procuración y administración de justicia, prevaleciendo los criterios selectivos en su aplicación.
Esa inclinación cuenta con un proceso de implementación que se ha venido desarrollando desde hace tiempo; de manera muy marcada cuando López Obrador ocupó la silla presidencial, línea que ha continuado con Sheinbaum.
Desde el inicio del régimen cuatrotero, sin ningún empacho, mostraron el desdén a la legalidad al considerar que impone limitaciones en el ejercicio del poder, cuestión que nunca le agradó al inquilino del Palacio Nacional, dándose a la tarea de transformar o de plano quitar el diseño institucional.
Una de sus quejas más frecuentes era la concesión de amparos, derivada tanto por la legislación, como por el criterio de los juzgadores. Así, modificó la Ley, limitando la protección de los gobernados a través de esa herramienta jurídica y, en paralelo, se estableció la nueva modalidad para elegir a los jueces del bienestar por el voto directo.
No obstante, los países con mejores índices en materia democrática, se aprecian condiciones sobre libertades civiles y estado de derecho como indicadores de confiabilidad ciudadana, considerando esos factores en mejoras y avances en la materia.
Sin embargo, también ocurre lo contrario al evaluar sistemas cerrados y autoritarios ante el funcionamiento del gobierno y las restricciones a la oposición que limita la efectividad en los procesos democráticos y el equilibrio en las contiendas electorales.
Lo cierto es que aquí en México, se acentúa terriblemente el control caprichoso en la aplicación de la justicia y la legalidad, al observarse el uso oficial de manera selectiva para perseguir a adversarios políticos o personajes emblemáticos que le resultan incomodos al sistema como en el caso de Ernesto Ruffo.
También la ocupan como estrategia distractora, tal es el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, donde el actual régimen tiene ocho años manejando el asunto sin resultados y, lo prende cada vez que requiere apartar la atención de otros temas, como actualmente acontece con la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
Mientras, por otro lado, se hacen de la vista gorda con sus correligionarios a quienes vienen protegiendo inclusive de gobiernos extranjeros como ocurre con Rocha Moya y el Senador Izunza, que se volvieron junto con muchos otros intocables.
Y por esa misma línea, operaban las huestes dedicadas al despojo de viviendas e inmuebles, actividad lucrativa vinculada con movimientos políticos urbanos ligada con lideres morenistas, que desde hace varios años con total impunidad venían desarrollando.
Fue la famosa abuelita Carlotita, quien vino a destapar la cloaca, que sigue imparable, la gente desesperada quiere hacerse justicia por mano propia, ante la complicidad de los gobiernos morenistas.
Si no podemos hablar de legalidad y justicia como indicadores de un verdadero estado de derecho y producto de avance democrático, significa que seguimos estancados en el desarrollo y el progreso, ante la carencia de orden y respeto.
En estos temas de gran sensibilidad social los morenistas —como de costumbre— nos quedan a deber.