Primero fue el caso de Karla Estrella, una usuaria de X (antes Twitter) que, por criticar el modo en que una aspirante obtuvo una candidatura apoyada en su vínculo matrimonial, fue sancionada por el Tribunal Electoral e inscrita en el padrón de personas que han ejercido violencia política de género, además de ser obligada a publicar una disculpa pública a lo largo de un mes.

Ahora es el turno de Miguel Peñaflor, otro usuario de la red social X que, en diversos mensajes difundidos en esa plataforma, replicó un término que ha provocado la ira del partido oficialista: «narcopartido». Frente a ello, Morena formalizó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Esta instancia le notificó un requerimiento que exige respuesta en un plazo perentorio de 48 horas, bajo el argumento de que tales expresiones vulneran de forma directa el honor, la reputación y la imagen institucional de la fuerza política gobernante.

Ni Karla ni Miguel se desempeñan como funcionarios públicos. Aunque Peñaflor milita en el Partido Acción Nacional (PAN), no integra la dirigencia ni ocupa un escaño legislativo. Se trata, en ambos casos, de ciudadanos comunes sancionados o fiscalizados por manifestar abiertamente su postura en espacios virtuales.

Estos episodios acontecen en el marco de diversas iniciativas impulsadas por el Gobierno federal y su partido para acotar el margen de la libertad de expresión. Desde el ámbito parlamentario se han promovido proyectos para restringir tanto el uso de memes como la difusión de imágenes generadas mediante Inteligencia Artificial (IA), varias de las cuales terminaron desechadas debido a la presión social y a criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El intento más reciente busca imponer parámetros altamente restrictivos a la libertad de expresión a través de los denominados derechos de las audiencias, una medida que ha suscitado un rechazo generalizado entre analistas, concesionarios de radio y televisión y usuarios de redes sociales.

 

Efecto inhibidor

En aras de tutelar el honor, la reputación y la imagen institucional de Morena —y considerando la prioridad de la agenda electoral para dicha fuerza política—, se han promovido medidas cuyo propósito no radica en restaurar el prestigio del partido gobernante, sino en silenciar las voces críticas que merman sus expectativas en las urnas.

El fin ulterior de este andamiaje, en concordancia con las fallidas iniciativas legislativas y los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, consiste en infundir un efecto inhibidor que desmotive los cuestionamientos hacia la fuerza oficialista. Esta directriz cobra especial relevancia en el entorno digital, donde suelen viralizarse los señalamientos sobre presuntas irregularidades y conductas ilícitas de sus integrantes.

La exhibición de listas con el «ecosistema digital» de la oposición durante las conferencias matutinas en Palacio Nacional —en su momento encabezada por la consejera jurídica Luisa María Alcalde— responde a esta misma línea de acción: exponer públicamente a los usuarios que cuestionan la gestión federal.

Desalentar la crítica, inhibir la exposición pública de los lujos de la élite gobernante y frenar la divulgación de presuntos actos de corrupción —tales como las irregularidades vinculadas al huachicol fiscal— constituyen la meta prioritaria de estos embates contra quienes difunden contenidos desfavorables para el grupo en el poder.

Diversos estudios de opinión muestran un desgaste en las preferencias electorales del partido oficial en los últimos meses. El deterioro de su imagen pública tras revelaciones periodísticas sobre viajes al extranjero, uso de bienes de lujo, propiedades millonarias, actos anticipados de campaña y declaraciones desafortunadas resulta innegable. Frente a este panorama, la contención del daño pasa por amedrentar a la ciudadanía para evitar que comparta este tipo de informaciones.

 

El factor Estados Unidos

Existe, sin embargo, un frente que la comunicación oficialista no puede contener. Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la revocación de visados están generando un impacto severo en la estructura del partido gobernante. El caso del gobernador Rubén Rocha Moya destaca como el ejemplo más ilustrativo de esta dinámica, por las repercusiones directas que genera en el escenario electoral rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en múltiples intervenciones que no se han presentado pruebas concluyentes, la viabilidad política de Rocha Moya luce seriamente comprometida. Lo que se anticipaba como un triunfo holgado para el oficialismo se ha transformado en un certamen caracterizado por la incertidumbre, donde la oposición adquiere posibilidades reales de disputar la plaza.

El factor estadounidense representa una variable ajena al control del Gobierno mexicano, de los legisladores y del partido oficial, pese a las reformas aplicadas al marco normativo electoral para catalogar el «injerencismo extranjero» como causal de nulidad de los comicios y al constante apelo del discurso de soberanía nacional.

Si las indagatorias en los tribunales estadounidenses avanzan, si salen a la luz las evidencias exigidas, si se difunden las declaraciones de los testigos protegidos —como exfuncionarios de seguridad estatal— y se concretan nuevas cancelaciones de visados, el costo reputacional para el partido oficial se profundizará hacia el proceso de 2027.

En las filas del oficialismo habrán de ponderar el costo de haber celebrado de forma sistemática el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Tras situar ese antecedente en el centro del debate, la reiteración de procedimientos judiciales en instancias internacionales contra figuras ligadas a su propio grupo deja un margen de maniobra muy estrecho para desestimar señalamientos similares a los que antes utilizaron contra sus opositores.