Defender derechos tiene un alto costo, pero no defenderlos nos cuesta la libertad: nos condena a vivir de rodillas.

El INE morenista y sus funcionarios me denunciaron penalmente y hoy soy una más de esa larga lista de perseguidos del régimen. Me persiguen por alzar la voz, me persiguen por incomodar, me persiguen por defender derechos y por creer en la libertad.

Ayer 31 de agosto me notificaron que hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en mi contra y emitieron unas medidas cautelares a favor de “la víctima”. ¿Qué me ordenan? No molestar, intimidar o emitir expresiones que la denigren.

¿Y quién es la víctima? ¿A quién no debo “molestar”? A una “persona de identidad reservada”. Eso es todo lo que me dicen.

A la Fiscalía General de la República le bastaron horas para fabricarme un delito, para abrir una carpeta de investigación, de esas de las que tanto habla la presidenta de la República y que cuando más se necesitan parecen ser eternas; solo que esta vez no es para el archivo. Esta vez, de forma inédita, el aparato de justicia penal está operando, y no es para perseguir un crimen; es para silenciar una voz, es para amedrentar a una abogada que cometió el delito de exigir respeto a la ley y a la Constitución.

Acudí a una “diligencia” el 20 de agosto y desnudé la arbitrariedad bajo la que opera la institución (INE). Llegué a interactuar con más de diez funcionarios frente a mí y todos violaban la ley, actuaban negándose a identificarse, sin facultades legales, sin que existiera un expediente, sin procedimiento alguno de por medio.

Exigí respeto al Derecho frente a un ejército de funcionarios que parecía no entender que solo pueden hacer aquello que la ley les faculta. Funcionarios que confunden la función pública con la embriaguez de poder e influyentismo. Tras 10 horas de ese suplicio, exhibí los videos de la “diligencia” en redes sociales.

Esto es lo que les molestó. Esta es la razón por la que hoy me persiguen penalmente: por ejercer mi profesión, por defender derechos y por alzar la voz.

Lo que vivo no es un hecho aislado; es el retrato fiel de lo que hemos venido denunciando. México ha dejado de ser una democracia. Las instituciones sustituyeron la capacidad técnica por lealtad ciega y cambiaron su razón de ser para someterse al poder político.

Hoy, la justicia, los órganos del Estado, las instituciones electorales y la Fiscalía General de la República sirven para un solo propósito: consolidar un régimen autoritario y volcar la fuerza del Estado contra los ciudadanos para proteger su impunidad.

Como abogada y como ciudadana, denuncié los abusos del INE, su violación a los derechos humanos, sus conflictos de interés y su entramado de corrupción. Y hoy, el INE me denunció.

Quieren sentar un precedente y demostrar de lo que son capaces cuando alguien se atreve a señalar sus abusos. No buscan silenciarme solo a mí, sino tomarme de ejemplo para lanzar la advertencia del poder que son capaces de utilizar.

A las puertas de los próximos procesos electorales, les urge silenciar a las voces incómodas, a las mentes críticas y a quienes conocemos el derecho electoral desde las entrañas.

Sepan algo, consejeros y funcionarios del INE: no nos van a callar. Somos más los que queremos un país de derechos y libertades. Somos más los que hoy entendemos que ustedes ya no le temen a la ley porque controlan las instituciones; pero también sabemos que le temen a la luz pública. Y ahí nos van a encontrar.

Sepan que seguiré ejerciendo con valor y firmeza mi profesión. Mi rigor técnico y mi convicción hoy más que nunca estarán al servicio de quienes sufren abusos de poder ─como ha sido siempre─. Y, sobre todo, mi voz jamás cederá frente a la intimidación.

Porque defender derechos cuesta, pero no defenderlos sería una condena a vivir de rodillas.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

Web: defensaelectoral.com.mx

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