El caso de Genaro García Luna representa la prueba más concluyente de la colusión entre la política y el crimen organizado en México. Asimismo, evidencia la incapacidad del sistema político para reconocer sus fallos, asumir la responsabilidad institucional y someter a los funcionarios señalados al imperio de la ley.

La ausencia de contrapesos y de controles efectivos para impedir que los servidores públicos incurran en actos de corrupción ha sido una constante en los gobiernos del país durante las últimas décadas. Los escándalos difundidos por los medios de comunicación son abundantes: abarcan desde gobernadores del PRI acusados de desvío de fondos hasta mandatarios estatales identificados como cómplices de los cárteles del narcotráfico que terminaron en prisión o extraditados a Estados Unidos.

Sin embargo, el trayecto de García Luna sobresale por la manera en que pasó de los reconocimientos y elogios —incluso por parte de agencias estadounidenses— a enfrentar a la justicia en una corte de Nueva York acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Condenado a 38 años de prisión tras ser hallado culpable de conspiración para la distribución internacional de cocaína, tráfico de drogas, participación en una empresa criminal continua y falsedad de declaraciones, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón debió pagar además una multa de dos millones de dólares. A esa cifra se sumó, en mayo de 2025, el fallo de una corte civil de Miami que le ordenó restituir 2,500 millones de dólares vinculados a una red de desvío de fondos y contratos ilícitos. Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estiman el daño patrimonial en 727.9 millones de dólares mediante contratos gubernamentales simulados y sobreprecios.

El aspecto más revelador de este expediente radica en que la recopilación de pruebas, la detención y el juzgamiento ocurrieron en Estados Unidos. Durante dos sexenios, las instituciones judiciales mexicanas fueron incapaces de procesar al exsecretario o de presentar acusaciones formales sólidas. Pese a esta omisión local, el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebró la sentencia emitida en Nueva York, una narrativa que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido de forma sistemática.

Bajo esa misma lógica de omisión institucional, resulta explicable que las autoridades no procedieran con la misma severidad ante el desfalco detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Segalmex, cuyo monto —estimado entre 750 y 830 millones de dólares— resulta equiparable al daño patrimonial atribuido a García Luna. Tampoco se ha actuado con la firmeza requerida frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios estatales y municipales de Sinaloa, a quienes se señala de operar una red de protección institucional orientada a poner la estructura pública al servicio del crimen organizado.

Las acusaciones penales y las modalidades de conspiración en ambos expedientes guardan coincidencias sustanciales: la colaboración directa con el Cártel de Sinaloa. García Luna fue condenado por recibir millones de dólares en sobornos para facilitar las operaciones de narcotráfico de las facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y de la organización de los Beltrán Leyva. En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y sus coacusados, la imputación formal sostiene que conspiraron de manera activa con la facción de Los Chapitos.

El balance de las instituciones de procuración de justicia en México respecto a casos de alto impacto deja muy poco que presumir. La condena contra García Luna ha sido festejada e instrumentalizada para minar a la oposición; sin embargo, ante el quebranto de Segalmex o los sealamientos contra la administración sinaloense, el silencio y la inacción persisten como norma. La interrogante de fondo ante la celebración del fallo estadounidense es cuántos casos similares a García Luna permanecen impunes en el partido gobernante mientras se mantenga la resistencia a reconocer los errores propios.