No son pocas las misiones consulares de México que en Estados Unidos permanecen bajo vigilancia del Departamento de Estado. Una de las razones es que el partido Morena las ha utilizado como centros de propaganda y afiliación de los mexicanos que viven en aquel país.

El detonante de las sospechas tiene nombre y apellidos: Manuel Alejandro Robles Gómez, quien se ostenta como secretario de Morena para los mexicanos y mexicanas en el extranjero, aunque su puesto no aparezca en la nómina del partido.

Robles Gómez para nada ha guardado discreción al ejecutar su labor. Se ha valido de los funcionarios de la 4T infiltrados como empleados consulares para requerirles las listas de mexicanos radicados en la localidad, presuntamente afines a su movimiento; les asegura que es un embajador sin cartera, y que porta un mensaje de apoyo por parte de la presidenta Sheinbaum.

Este sujeto ha emitido mensajes grabados en las propias sedes consulares, en los que aparece acompañado de quienes por precepto legal tienen prohibido incurrir en conductas de naturaleza partidista o electoral.

De hecho, el artículo 41 del Servicio Exterior Mexicano señala que los miembros del SEM tienen prohibido “incurrir en conductas de naturaleza partidista o electoral incompatibles con el desempeño de su función”. Como servidores públicos así mismo están obligados a acatar el artículo 134 de la Constitución mexicana que los obliga a actuar con imparcialidad, sin que sus funciones puedan utilizarse de manera proselitista, a fin de preservar la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Así pues, los cónsules morenistas que se prestaron a apoyar a Alejandro Robles en su desempeño han incurrido en actos inconstitucionales, pero no solo eso, al proporcionarle a este señor información reservada acerca de los mexicanos residentes en sus localidades han violado también la ley general de Protección de Datos Personales.

Este licenciado en Derecho por la UNAM y ex diputado asambleísta por Coyoacán entre 2012 y 2015, grabó mensajes de denuncia contra Donald Trump dentro del territorio estadounidense. En tono desafiante, inclusive calificó de “despiadadas” las redadas anti inmigrantes ordenadas por el presidente Trump, según consta en el video que grabó al interior del Consulado General en Sacramento, California.

El extravío lo detectó el secretario de Estado, Marco Rubio, y por eso ordenó de inmediato una auditoría de las operaciones consulares de México; los auditores se encontraron con que existen por lo menos 400 empleados consulares que han excedido su estancia legal en los Estados Unidos, por lo que estarían obligados a abandonar el país junto con sus familias.

Se trata de gente especializada y difícilmente reemplazable. Personal dedicado a la protección de nuestros connacionales, que de pronto se verá paradójicamente desprotegido. Ante tal situación, lo más que ha podido lograr la Cancillería mexicana ha sido la obtención de permisos para que se prolongue un poco más la estancia de esas personas; su deportación, no obstante, se ve inminente.

Y por si eso no fuera poco, el Departamento de Estado encontró otra anomalía más entre el personal de seguridad apostado en algunos consulados mexicanos, pues algunos de ellos eran nacionales cubanos y venezolanos que ostentaban pasaporte mexicano. Desde la perspectiva de Rubio, aquello no era casual, no se trataba de inocentes criaturas sino de agentes encubiertos que permanecían amparados bajo la tutela de la confraternidad pactada entre los gobiernos de la 4T y los gobiernos ideológicamente afines.

El injerencismo de Alejandro Robles Gómez abrió para México, en suma, otro frente de batalla con el poderoso vecino. Lo insólito es que se atreviera él a acusar de injerencista al líder del PRI, “Alito” Moreno, cuando éste acudió ante las instancias internacionales a denunciar actos de censura por parte del INE, que le ha prohibido aplicar el epíteto de “narcopartido” al partido Morena.

Robles Gómez considera que es “grave” que un mexicano recurra a poderes extranjeros a efectuar actos de proselitismo político, o sea, exactamente lo mismo que él hizo y que ocasionó afectaciones a 400 mexicanos a quienes muy pronto se les sacará de los Estados Unidos.

El caso de los migrantes sospechosos escaló hasta el más alto nivel. Durante la reunión de cancilleres de México y Estados Unidos del pasado 28 de agosto, el secretario Rubio fue enfático al solicitar que México contuviera las migraciones ilegales hacia su país, sea porque el gobierno mexicano se ha hecho de la vista gorda y las deja pasar, o porque las esconde bajo el manto del humanismo socializante.

El multicitado Alejandro Robles Gómez en la actualidad pretende ser el candidato morenista a la alcaldía de Coyoacán. Tampoco en eso ha sido discreto. A la vista de todo el mundo, su nombre aparece plasmado en las paredes y puentes coyoacanenses desde por lo menos un año atrás, en clara violación al artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que sanciona con multas los actos anticipados de campaña, o incluso con la denegación de las candidaturas.

Fiel a su costumbre, empero, el autoproclamado secretario de mexicanos y mexicanas en el extranjero se pasa de nueva cuenta las disposiciones legales por la entrepierna; ya antes había conseguido que Ernestina Godoy, siendo fiscal de la Ciudad de México, lo absolviera de una vieja acusación que obraba en su contra por robo con violencia de material computacional en la alcaldía de Coyoacán.

Bien sabemos que la justicia no se aplica de manera pareja bajo el régimen morenista pues así como se absuelve a un militante de Morena por sus delitos, así a un gestor aduanal honesto y austero como Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, lo encierran sin pruebas en una cárcel de máxima seguridad, acusado de dirigir una red de huachicoleo.

El autor es secretario de Relaciones Internacionales del partido SOMOS en la Ciudad de México.