Una arquitectura de endeudamiento que se ensancha
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó este 8 de septiembre el Paquete Económico 2027, y su lectura fina revela una tensión que el discurso oficial de “consolidación fiscal” no logra disimular. La Iniciativa de Ley de Ingresos plantea un techo de 1.7 billones de pesos de deuda interna neta para el gobierno federal, más 13,500 millones de dólares de deuda externa neta. A esto se suman los márgenes específicos para las empresas productivas del Estado: Pemex podría contratar hasta 160,600 millones de pesos internos y 5,259.4 millones de dólares externos; la CFE, 16,700 millones de pesos y 725 millones de dólares. El artículo 2 de la propia Ley de Ingresos añade una novedad relevante: faculta al Ejecutivo a emitir deuda para canjear y refinanciar obligaciones de Pemex y CFE dentro del monto global autorizado, una flexibilidad que diluye la frontera entre la deuda soberana y la de las empresas públicas.
El peso de las pensiones frente a la inversión productiva
El gasto neto total ronda los 10.6 billones de pesos, equivalente a 26.7% del PIB, frente a ingresos presupuestarios de 9.2 billones (23.2% del PIB). La brecha se cubre con un déficit —los Requerimientos Financieros del Sector Público— de 3.9% del PIB. Pero el dato estructural que ninguna administración podrá eludir es otro: pensiones, costo financiero de la deuda y participaciones a estados suman cerca de 4.96 billones de pesos, casi la mitad del gasto neto total. Las pensiones por sí solas equivalen ya a 4.67% del PIB, frente a apenas 2.6% destinado a inversión física. Los programas sociales prioritarios suman 1.025 billones de pesos, encabezados por la Pensión para Adultos Mayores (543,498 millones), Becas Benito Juárez (190,552 millones), Pensión Mujeres Bienestar (59,356 millones), Sembrando Vida (40,500 millones) y Pensión para Personas con Discapacidad (37,436 millones). En inversión, las prioridades alcanzan 560,173 millones, con Pemex (255,529 millones) y los nuevos trenes (150,876 millones) como los rubros dominantes.
Sostenibilidad fiscal: la cifra oficial y la estructura real
Aquí aparece la primera contradicción de fondo. El gobierno presenta un ajuste de dos décimas en los RFSP —de 4.1% a 3.9% del PIB— como evidencia de disciplina fiscal, con superávit primario de 0.6%. Sin embargo, el saldo histórico de la deuda sube de 54.0% a 55.0% del PIB, y buena parte de ese salto es un artefacto estadístico derivado de la revisión de base del PIB por el INEGI. El costo financiero de la deuda podría demandar hasta 1.6 billones de pesos en intereses, una cifra que compite directamente con el espacio fiscal disponible para inversión. La pregunta que el documento no resuelve es si el margen de endeudamiento propuesto —el más amplio en años— corresponde a una necesidad estructural de financiamiento o a un cálculo político: sostener el gasto social insignia de la Cuarta Transformación en la antesala de un ciclo electoral intermedio en 2027, sin recurrir a un ajuste tributario que resulte impopular.
Pemex y CFE: la deuda que no cesa
La necesidad de refinanciar Pemex y CFE mediante instrumentos de deuda soberana confirma que ambas empresas siguen siendo, siete años después del inicio de la actual administración, un pasivo contingente para las finanzas públicas más que un motor de ingresos autónomo. La recaudación tributaria proyectada en 6.26 billones de pesos —equivalente a 15.9% del PIB, un máximo histórico— compensa en el papel la caída petrolera, pero exige un crecimiento del ISR de 7.2% real sobre una economía que crecería apenas 2%, una elasticidad implícita cercana a tres que ningún ciclo económico reciente ha sostenido.
¿Puede una estrategia fiscal que privilegia el gasto social electoral sobre el ajuste estructural sostenerse sin comprometer la calificación crediticia del país a mediano plazo?