Llego el momento de informar sobre el estado que guarda el país, sin embargo, existe tal cantidad de aspectos relativos a la administración pública que resulta prácticamente imposible dar a conocer todo el cúmulo que se tiene, debido a ello, se acostumbra destacar los acontecimientos favorables al gobierno, ignorando o disfrazando con juego de palabras los que son adversos.

Así, al momento de cumplir con esa obligación la titular del Poder Ejecutivo lo hace resaltando lo que considera relevante, es un acto que busca el aplauso y reconocimiento, por lo tanto, el dejar de lado aspectos fangosos que ensucien la función pública es un común denominador, esconder la tierra debajo de la alfombra es lo que predomina.

No obstante, como gobernados tenemos el derecho a ser informados y, ese ejercicio incumbe a todos, pues si bien, es una carga que corresponde colmar a quien gobierna, también, es un mecanismo previsto en la Carta Magna, para dar a conocer el estado que guarda la administración pública, elementos que sirven para evaluar, calificar y formar criterio con relación al rumbo y la dirección en que se conduce al país.

Entonces, es un alto en el camino para analizar la marcha de la administración pública. Es todo un proceso de deliberación que obliga a la reflexión, aunque con frecuencia —más ahora-–se ha utilizado para elogiar al gobernante en turno, sin reparar en nada más.

Las cosas no están para fundirnos en alabanzas, la situación es delicada, seria una traición a México, a nuestra democracia y a las generaciones el afirmar que transitamos por buen camino, cuando los retos y desafíos están poniendo a prueba la viabilidad como país. Es momento de ser críticos y exigentes frente a las circunstancias.

Tampoco se trata de descalificar sistemáticamente al gobierno, cuando tiene a su favor acciones positivas; sino de llevar a cabo un proceso que abarque el contexto que permita observar la realidad para comprender el panorama integral.

En ese orden, sin pretender abordar en esta ocasión los diferentes rubros, es dable señalar que padecemos algunas deficiencias que resultan preocupantes, pues en materia económica, tema por demás sensible, los datos objetivos que arrojan las cifras exhiben debilidades.

En principio, el incremento de la deuda pública; un bajo crecimiento del PIB; la inflación alrededor del 4% y; la inversión extranjera directa, que se estima a niveles importantes, sin embargo, el 90% es reinversión de utilidades, es decir, inercial y las nuevas inversiones han caído más del 40%, debido principalmente a la incertidumbre en las relaciones comerciales con Estados Unidos y, limitaciones energéticas y de agua. Al igual que el empleo y tipo de cambio que no dan señales de fortaleza.

En materia electoral, los foros resultaron inservibles, fue solamente una formalidad, ni siquiera se tomó en consideración la participación de la delincuencia en los procesos, como tampoco, lo concerniente a la sobrerrepresentación.

Quedó pendiente el combate a la corrupción y, se privilegió la impunidad de sus correligionarios, lo mismo ocurre en temas de salud, educación y seguridad.

Ha sido un año de escándalos exhibiendo una clase gobernante  incongruente e hipócrita, solapada por el régimen, en fin con un ADN toxico y democráticamente envenenado.