Un gobierno de mujer, una violencia que no cede
La administración de Claudia Sheinbaum ha construido buena parte de su narrativa política sobre la idea de que la llegada de una mujer a la presidencia representa, en sí misma, un avance para la agenda de género. Sin embargo, los registros administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), procesados por TResearch International, muestran que ni el abuso sexual ni el acoso sexual han cedido de manera consistente durante su gestión. Entre octubre de 2024 y julio de 2026 se han acumulado 52,524 denuncias por abuso sexual y 17,666 por acoso sexual, y el corte de julio de 2026 arroja una fotografía mixta: las denuncias de abuso bajaron apenas 1% frente a julio de 2025, mientras que las de acoso subieron 3% en el mismo periodo comparativo.
La geografía de la impunidad
El patrón territorial es persistente y revela algo más que coincidencia estadística: el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México concentran cuatro de cada diez denuncias de abuso sexual del sexenio, mientras que Estado de México, CDMX y Nuevo León acumulan 44% de los registros de acoso. Si se ajusta por población, el mapa cambia de protagonistas: Quintana Roo, Jalisco y Baja California Sur encabezan la tasa de abuso sexual por millón de habitantes, y Querétaro, Campeche y Baja California Sur lideran en acoso. Esta disociación entre los estados con más casos absolutos y los que tienen mayor incidencia relativa es, precisamente, el tipo de matiz que el discurso oficial de “avance en seguridad” tiende a omitir.
El espejismo de las cifras que bajan
Aquí aparece la contradicción central. La Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) del INEGI, publicada apenas esta semana, reporta que la tasa de delitos sexuales contra mujeres cayó de 4,160 a 3,365 por cada 100 mil habitantes entre 2024 y 2025, una disminución que en el discurso gubernamental podría leerse como éxito de política pública. El problema es que esa misma encuesta advierte que 93.4% de los 33.8 millones de delitos ocurridos en 2025 nunca se denunció o no derivó en una carpeta de investigación: la llamada cifra oculta. Solo 9% de los delitos llega siquiera a una denuncia formal, y de ese porcentaje, apenas 16% tiene una resolución favorable para la víctima. En otras palabras, tanto los registros administrativos de TResearch (que dependen de que alguien denuncie) como la encuesta de percepción del INEGI (que depende de que alguien recuerde y reporte haber sido víctima) están midiendo, en el mejor de los casos, la punta de un iceberg cuya base real nadie conoce con precisión.
La brecha entre el discurso y la calle
La proporción es elocuente: por cada delito sexual cometido contra un hombre, ocurren diez contra una mujer, según el propio INEGI. Y pese a ello, 60.7% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más grave del país entre febrero y abril de 2026, por encima de la salud y el aumento de precios. La confianza ciudadana, además, no recae en las instituciones de procuración de justicia —Ministerio Público, fiscalías, policías municipales—, sino en la Marina y la Fuerza Aérea, corporaciones ajenas por completo a la investigación de delitos sexuales. Esa desconexión entre quién genera confianza y quién debería resolver estos casos explica, en parte, por qué la pérdida de tiempo (35.8%) y la desconfianza en la autoridad (13%) figuran entre las principales razones para no denunciar.
El gobierno puede exhibir una reducción marginal en las denuncias de abuso sexual y una caída más pronunciada en la tasa estimada por encuesta; la oposición puede señalar el repunte del acoso y la persistencia de la violencia sexual como fracaso de la Cuarta Transformación. Ambas lecturas, sin embargo, comparten una misma limitación: ninguna cifra oficial —ni la denuncia administrativa ni la encuesta de percepción— logra capturar la magnitud real de un fenómeno que, por definición, ocurre mayoritariamente en silencio.
¿Puede un gobierno reclamar avances en la protección de las mujeres cuando la métrica que utiliza para medirlos —la denuncia— es precisamente la que el propio Estado reconoce que casi nadie se atreve a presentar?