Acción Nacional: 87 años y un rumbo incierto

El Partido Acción Nacional cumplió 87 años de existencia el 16 de septiembre, fecha en que la asamblea constituyente reunida en 1939 en el Frontón México aprobó sus principios de doctrina. Ocho décadas y siete años después, la fuerza política que rompió la hegemonía priista y llevó a Vicente Fox a la presidencia en el año 2000 con 15 989 636 votos —su techo histórico— llega a este aniversario en la posición más frágil de su historia reciente, con una conducción nacional cuestionada tanto dentro como fuera de sus filas.

El contraste numérico resulta elocuente. De aquellos casi 16 millones de sufragios en 2000, el PAN descendió a 9 644 918 votos en la elección presidencial de 2024. La tendencia descendente no se detuvo: en la elección legislativa de Coahuila celebrada en junio de 2026, el partido obtuvo apenas el 2.1 % de la votación, quedó relegado a un lugar marginal entre las fuerzas contendientes y no ganó un solo distrito. La consecuencia institucional fue severa —la disolución del Comité Directivo Estatal por no alcanzar el mínimo legal del 3 %— y simbólica: por primera vez en más de cuatro décadas, el panismo coahuilense se quedó sin representación en el Congreso local. Se trata, además, de una entidad donde el blanquiazul llegó a gobernar municipios clave y a disputar la gubernatura.

Jorge Romero Herrera había anunciado meses atrás el fin de la política de coaliciones con el PRI, una decisión que —según reportes periodísticos— contribuyó directamente al desplome en Coahuila al competir en solitario tras años de alianza con el tricolor. La postura, sin embargo, no resistió la prueba de las urnas: la dirigencia nacional ahora explora acuerdos estatales con el PRI de cara a 2027. La contradicción no es menor: se abandonó un pacto que aún entregaba diputaciones para después buscar recomponerlo desde una posición de debilidad negociadora.

Otro eje de la estrategia panista tampoco cumplió su propósito declarado. Romero ofreció abrir las candidaturas a ciudadanos sin militancia, una apuesta para renovar cuadros y ensanchar la base electoral. En los hechos, el 75 % de quienes se inscribieron a los procesos internos ya figuraba en el padrón de afiliados. En Sinaloa y Nuevo León, entidades que renovarán gubernatura en 2027, se registraron incluso militantes priistas, un dato que anticipa alianzas de facto antes de que la dirigencia las formalice.

La creación de «coordinadores de defensa de la patria, la familia y la libertad» —estructura territorial impulsada por Romero para el aniversario partidista— reproduce, en su lógica organizativa, el modelo de «coordinadores de la transformación» que Morena ha desplegado en el país. La coincidencia estructural entre un partido que se asume opositor y el método organizativo del oficialismo que combate plantea una pregunta de fondo sobre la originalidad de la oferta panista frente a un electorado que, en 2027, incluirá a jóvenes que votarán por primera vez y a abstencionistas que podrían inclinarse por una alternativa genuinamente distinta.

El costo político de estas decisiones se acentuó cuando, el mismo día en que el Instituto Nacional Electoral celebraba la sesión de arranque formal del proceso electoral 2027, Romero Herrera se encontraba en una gira europea —Bruselas y Berlín— para alertar sobre lo que calificó como el «México real», en contraste con el discurso oficial. Integrantes de su propia Comisión Permanente calificaron el viaje, bajo condición de anonimato, como «inútil e inoportuno». Mientras tanto, dirigentes de Morena y del PRI aprovecharon la sesión del INE para posicionar a sus partidos rumbo a los comicios, dejando al PAN sin representación acreditada en un momento protocolario de alto valor simbólico.

El episodio se suma a otro frente incómodo para el panismo: la detención, meses antes, de Ernesto Ruffo Appel —primer gobernador de oposición en la historia moderna del país y figura histórica del blanquiazul— por presuntos vínculos con el contrabando de combustibles, un caso que, aunque Ruffo ya colaboraba con el partido Somos al momento de su captura, reabrió heridas sobre la relación entre cuadros históricos panistas y la justicia federal.

Por si estos elementos no fueran suficiente muestra de la crisis que vive el panismo, dos renuncias recientes de militantes a órganos colegiados confirman que las pugnas internas continúan: Renán Barrera, exalcalde de Mérida, dimitió al Comité Ejecutivo Nacional en protesta por la presunta manipulación en la definición de candidaturas en Yucatán por parte del grupo encabezado por el exgobernador Mauricio Vila —quien arrastra acusaciones de haber pactado con Morena el triunfo del expanista Joaquín Díaz Mena en la pasada elección estatal—; en tanto, Adriana Dávila, excandidata a la presidencia del partido, renunció a la Comisión Permanente inconforme con la conducción del instituto político de cara a 2027.

A lo anterior se suma la asistencia del senador panista Enrique Vargas del Villar a un evento de Pedro Haces, diputado federal de Morena y dirigente de la CATEM. El hecho reavivó el debate sobre el papel de Vargas del Villar como uno de los liderazgos dominantes en el Estado de México y la forma en que diversos grupos de poder mantienen el control de las estructuras estatales del partido, determinando en la práctica la militancia, las candidaturas y las estrategias electorales.

¿Puede un partido que reproduce las fórmulas de su adversario, negocia alianzas que antes rechazó y pierde terreno en cada cita con las urnas aspirar a representar una alternativa real para 2027?