Los delitos cometidos por servidores públicos acumulan 31 mil 191 denuncias durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recopiladas por TResearch, con corte a julio de 2026.
El reporte muestra que tan solo en julio se registraron 1,703 denuncias, prácticamente el mismo nivel observado durante julio de 2025, cuando se contabilizaron 1,696 casos. La diferencia entre ambos meses fue de apenas siete denuncias.
La dimensión del fenómeno también puede observarse en la evolución de los últimos años. Los registros alcanzaron su máximo de la serie reciente en 2020, con 21 mil 883 denuncias. A partir de entonces, las cifras comenzaron a descender, aunque sin desaparecer: en 2021 se contabilizaron 21 mil 520 casos; en 2022, 21 mil 24; en 2023, 20 mil 855; en 2024, 18 mil 698, y en 2025 se registraron 19 mil 463. Para 2026, el reporte contabiliza 11 mil 728 casos hasta julio, por lo que se trata de una cifra parcial y no comparable directamente con los totales anuales anteriores.
La distribución territorial presenta diferencias importantes. Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León concentran 51% de los casos registrados durante el actual sexenio, con 6 mil 975, 5 mil 900 y 2 mil 930 denuncias, respectivamente. Estas tres entidades reúnen por sí solas más de 15 mil registros.
Sin embargo, el número absoluto de denuncias está relacionado con el tamaño de la población, por lo que el reporte también presenta los registros por cada millón de habitantes. Bajo esta medición, Baja California Sur encabeza la lista, con 1,047 denuncias por cada millón de habitantes. Le siguen Ciudad de México, con 757, y Quintana Roo, con 534. Nuevo León ocupa el quinto lugar, con 507 registros por cada millón de habitantes.
La diferencia entre ambas mediciones resulta relevante. Mientras las entidades con mayor población pueden concentrar un número elevado de denuncias, la tasa permite observar la incidencia en relación con el número de habitantes. Por ello, una entidad que no aparece entre las primeras posiciones por volumen puede presentar una tasa considerablemente mayor.
Los datos históricos también muestran que la problemática no corresponde exclusivamente al actual gobierno. Entre 2015 y 2025 se registraron decenas de miles de denuncias por delitos cometidos por servidores públicos, con variaciones importantes año con año. El máximo de la serie se presentó en 2020, mientras que 2024 registró uno de los niveles más bajos de los últimos años.
Las cifras del SESNSP reflejan denuncias o registros de delitos, por lo que no deben interpretarse automáticamente como sentencias ni como prueba de responsabilidad penal individual. Cada denuncia requiere una investigación y, en su caso, un proceso judicial para determinar responsabilidades.
El comportamiento de estos registros coloca bajo atención la relación entre servidores públicos, instituciones y procuración de justicia. La concentración de casos en determinadas entidades y las diferencias cuando se mide por población muestran que el fenómeno tiene una distribución desigual y que requiere analizar tanto el volumen de denuncias como su evolución y contexto.