La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) expresó su profunda preocupación y emitió un llamado de alerta urgente ante la reducción de los fondos federales destinados a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027. La organización, que agrupa a más de 1,500 prestadores de estos servicios en el país, advirtió que la propuesta fiscal plantea una disminución conjunta de 3,857 millones de pesos en programas clave para el soporte directo a municipios y organismos operadores, lo que pone en riesgo el cumplimiento del derecho humano al agua consagrado en el artículo cuarto constitucional.
A pesar de que el presupuesto total proyectado para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) registra un incremento nominal del 5.6 %, al pasar de 37,689 a 39,797 millones de pesos, la asociación señaló que la distribución interna de los recursos presenta un desequilibrio que impacta de manera negativa los servicios básicos. La mayor parte de la ampliación presupuestal se concentra en el programa K026, enfocado en infraestructura hidroagrícola y protección contra inundaciones, con un crecimiento del 90.8 % al elevarse de 4,814.00 a 9,184.74 millones de pesos. En contraste, los rubros dirigidos al abastecimiento y saneamiento básico sufrirán caídas significativas.
De acuerdo con el análisis de la organización, el programa K027, correspondiente a agua potable, alcantarillado y saneamiento, tendrá una reducción del 19.9 %, al descender de 16,948 a 13,577 millones de pesos. Por su parte, el programa U074 (PROAGUA) registrará una baja del 21.5 %, pasando de 2,258 a 1,772 millones de pesos, lo que representa su nivel asignado más bajo en el último decenio. Ante este panorama, el organismo consideró indispensable reevaluar la distribución de los fondos para no comprometer la operatividad del sector ni la atención a la población.
Con el fin de mitigar estas afectaciones, la agrupación presentó cuatro planteamientos formales dirigidos a las y los integrantes del Poder Legislativo. La primera solicitud demanda la restitución de los 3,857 millones de pesos recortados a los programas K027 y PROAGUA para asegurar el suministro en municipios y comunidades. Asimismo, se pide fortalecer la sostenibilidad operativa mediante asignaciones federales para la operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura existente, considerando las particularidades técnicas, financieras y regionales de cada organismo operador.
El posicionamiento contempla también la exigencia de certeza financiera e institucional, solicitando la ministración pendiente de los recursos del PRODDER 2025 y fijando condiciones viables para la aplicación de la Ley Federal de Derechos 2027 con reglas claras y acompañamiento técnico. Finalmente, la ANEAS propuso la instalación de una mesa de trabajo técnica que sirva como espacio de diálogo formal entre el Poder Legislativo, autoridades federales, gobiernos estatales, organismos operadores y especialistas. La entidad reiteró su disposición para aportar diagnósticos técnicos y colaborar en la consolidación del agua y el saneamiento como una prioridad de Estado para México.