América del Norte atraviesa un semestre en el que la estabilidad institucional convive con señales de erosión estructural. Mientras Canadá consolida un gobierno liberal fortalecido y Estados Unidos amplía las facultades de su Poder Ejecutivo por la vía judicial, ambos países enfrentan una crisis de asequibilidad que erosiona la confianza ciudadana y una revisión comercial —el T-MEC— cuyo desenlace definirá la arquitectura económica regional para la próxima década.

El espejismo de la gobernabilidad canadiense

En abril de 2026, el primer ministro Mark Carney logró algo sin precedentes modernos: transformar un gobierno minoritario en mayoritario, con 174 de 343 escaños, apoyado en un respaldo popular del 44% frente al 33% de los conservadores. El C.D. Howe Institute celebra este arreglo como prueba de que el parlamentarismo de Westminster conserva capacidad de decisión frente a democracias occidentales entrampadas. Sin embargo, esa narrativa de estabilidad convive con una contradicción evidente: Alberta —la provincia más rica del país, con un PIB per cápita de 53,000 dólares— celebrará en octubre una consulta sobre un eventual referéndum separatista, y en Quebec el independentismo aguarda el fin del mandato de Donald Trump para reactivarse. Carney comparó el ejercicio albertense con el Brexit, advirtiendo años de incertidumbre; la Cámara de Comercio de Calgary confirma que la sola posibilidad de secesión ya desplaza inversiones. La gobernabilidad canadiense, entonces, no descansa en la cohesión territorial sino en el desgaste de sus opositores internos.

El Poder Judicial estadounidense como árbitro ambivalente

La Suprema Corte de Estados Unidos ha operado en 2026 como una institución de doble filo. Por un lado, respaldó la destitución de una comisionada de la FTC, reforzando la tesis del “ejecutivo unitario” y revirtiendo un precedente de noventa años; avaló también el fin del Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de haitianos y sirios, así como el rechazo de solicitantes de asilo antes de pisar territorio estadounidense. Por otro, frenó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia para imponer aranceles sin aval del Congreso y protegió la autonomía de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, frente a los intentos de remoción del propio Trump. La paradoja es que incluso los fallos adversos no detienen a la administración: ante el rechazo arancelario, la Casa Blanca simplemente migró su justificación legal a otra sección del Código de Comercio. Esto sugiere que los contrapesos judiciales, más que limitar el poder ejecutivo, terminan redefiniendo sus rutas de acción.

La asequibilidad como campo de batalla electoral

El dato más contundente del informe es que el 95% de los estadounidenses percibe una crisis de asequibilidad, y por primera vez en una década las encuestas favorecen a los demócratas en el manejo económico sobre los republicanos. Sin embargo, el propio partido demócrata enfrenta una fractura interna entre el ala progresista —vinculada a Bernie Sanders y con victorias recientes en primarias— y una dirigencia pragmática que teme que propuestas como desmantelar el ICE o detener el financiamiento a Israel sean capitalizadas por los republicanos para etiquetar a todo el partido como extremista. Esta tensión revela un patrón recurrente en la política contemporánea: el descontento económico genera oportunidad electoral, pero la radicalización discursiva puede neutralizarla antes de capitalizarla en las urnas de noviembre.

Migración: entre el cierre punitivo y el reacomodo demográfico

Estados Unidos ha llevado su política migratoria a extremos inéditos —bajando su población inmigrante de 53.3 a 51.9 millones de personas en solo cinco meses y fijando el límite de refugiados más bajo del siglo, casi exclusivamente reservado para afrikáners sudafricanos—, mientras jueces federales anulan sistemáticamente estas medidas y la opinión pública, en un 73%, sigue viendo la inmigración como positiva. Canadá, por su parte, corrigió el rumbo opuesto: tras integrar casi 500,000 residentes permanentes en 2024, redujo drásticamente sus metas migratorias, lo que ya provocó la primera contracción poblacional del país desde la década de 1940. Ambos casos configuran una paradoja idéntica: las políticas migratorias restrictivas, sea por endurecimiento deliberado o por corrección de rumbo, están erosionando la fuerza laboral que ambas economías necesitan para sostener su crecimiento.

El T-MEC como termómetro de la integración regional

El contraste más revelador del informe es comercial: mientras México negocia bilateralmente con Washington con “dirección positiva” en temas como acero y aluminio, Canadá y Estados Unidos fracasaron en sus negociaciones de agosto, lo que derivó en aranceles canadienses de hasta 50% a productos estadounidenses. Ottawa denuncia que Washington intentó condicionar la protección del idioma francés y sectores estratégicos canadienses, y ha optado por diversificar su dependencia comercial. Esto anticipa un T-MEC que, más que una renegociación trilateral armoniosa, podría convertirse en un mosaico de acuerdos bilaterales asimétricos, donde México capitaliza el nearshoring y Canadá paga el costo político de su cercanía histórica con Washington.

Conclusión: una integración bajo tensión, no bajo ruptura

El panorama de América del Norte para el segundo semestre de 2026 no es de colapso, sino de reacomodo forzado. Canadá gobierna con mayoría parlamentaria mientras enfrenta secesionismo; Estados Unidos expande el poder presidencial mientras su Suprema Corte le impone límites selectivos; y ambos países enfrentan el mismo malestar ciudadano por el costo de vida sin que sus liderazgos logren traducirlo en consenso político. La pregunta que queda abierta para noviembre es si el elector castigará la incertidumbre institucional o premiará a quien mejor la administre.

El presente reporte se hizo con base en el análisis Escenarios Regionales América del Norte del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.