A lo largo de las seis últimas colaboraciones semanales hemos estudiado y reflexionado a detalle sobre la Ley de Seguridad Nacional y sus componentes. Lo anterior responde a la necesidad de comprender los contenidos de este conjunto normativo frente a las tensiones generadas por la autoridad federal vigente, citando este referente como instrumento justificatorio para sus controversiales decisiones y como un mecanismo disuasorio de la crítica informada. En administraciones anteriores se ha empleado ya este recurso, no es algo nuevo. Lo que sí lo es, es la frecuencia, la intensidad y la intencionalidad con la que desde hace ocho años se ha empleado el argumento de la Seguridad Nacional y la ley que la ampara en México como recurso deliberado e intencional para acallar la crítica, estigmatizar la reflexión informada y tratar de intimidar a una sociedad hambrienta de respuestas y sedienta de claridad.
Comenzamos reflexionando sobre el contexto y el entorno que dio forma a la Ley de Seguridad Nacional, y a manera de síntesis podemos considerar que la misma respondió a presiones internacionales y a la necesidad de formalizar una doctrina nacional que llevaba al menos cuarenta años en desarrollo. Materializada a finales de la primera administración de alternancia política en México durante el siglo XXI, la Ley de Seguridad Nacional representaba un avance conceptual significativo ya que estableció por vez primera en un instrumento normativo de alta posición jerárquica un conjunto de términos y referencias que son críticas para la homologación de criterios nacionales.
Sin embargo, esta ley no fue concebida como un referente monolítico, sino como un recurso transitorio que debería ser adaptado y fortalecido con el paso del tiempo, orientado a brindar a México del andamiaje conceptual y operacional necesario para mantener las condiciones ideales de Defensa, Protección, Seguridad y Salvaguarda de sus intereses y recursos estratégicos. Esto no ocurrió debido a la coyuntura nacional de Seguridad Interior durante la administración 2006-2012. Para bien o para mal, la prioridad nacional se encontraba orientada a la recuperación de espacios y del Estado de Derecho frente a la Delincuencia Organizada. Los avances conceptuales continuaron en la academia y en las instituciones federales y estatales, pero la intencionalidad legislativa se orientó a la Seguridad Interior y Pública.
Durante la administración 2012-2018 México transitó por un entorno complejo: durante el primer tercio del sexenio se dio cierta continuidad a las Políticas Públicas de la administración anterior, y durante el segundo tercio se comenzaron a introducir divergencias y adecuaciones de Política Pública en materia de Defensa y Seguridad Nacional. Pero los dos últimos años siguieron un patrón dinámico totalmente diferente. Vimos impresionantes actos de corrupción, de manipulación social por parte de las autoridades federales, y presenciamos una profunda descomposición de la concepción doctrinaria y operacional de la Seguridad Nacional. Vimos de frente una gran crisis en materia de Inteligencia, y la aplicación de los instrumentos y recursos públicos para la influencia política y social como no lo habíamos visto en más de dos décadas.
Dicha crisis no tiene paralelismo significativo con los procesos que vivimos desde el inicio de la administración federal 2018-2024 ni durante la actual. Del inadecuado y mal uso de las capacidades y los recursos nacionales en materia de Inteligencia, Contrainteligencia, Defensa y Seguridad Nacional pasamos a una condición donde podrían aplicar muchos calificativos, pero debatiblemente podríamos aplicar dos principalmente: incompetentes y perversos. El primero debido a que estos recursos se han aplicado repetitivamente en actividades y entornos donde simplemente no son competentes, por ningún criterio o consideración. Se han desmantelado instituciones, mecanismos y sistemas de Inteligencia y Contrainteligencia que tardaron décadas en consolidarse; se retiró voluntaria o involuntariamente a miles de especialistas y profesionales de estos campos en la Función Pública para dar cabida a “personal de confianza”, a allegados ideológicos y/o políticos, y a personal que realmente no esta capacitado para llevar a cabo estas labores; se fracturaron y rompieron alianzas y entendimientos nacionales e internacionales de décadas por caprichos políticos; y se recurrió al acoso y la intimidación como un instrumento de control social.
¿Por qué se dio un giro tan dramático en la dirección de estas Políticas Públicas? Los motivos desafían cualquier lógica normativa, estructural, funcional o instrumental. Esencialmente las causas son políticas e individuales/personales. Se trata de un conjunto muy reducido de individuos que se vio súbitamente al frente de un país, al mando de un gobierno, y con la autoridad operativa de hacer lo que quisiera argumentando un bono democrático legítimamente adquirido. En este entorno modificaron leyes, reglamentos, normas y procedimientos para acomodar sus intereses, para justificar sus atropellos, para ocultar sus turbulentas decisiones, para aprovechar la opacidad coyuntural y para suprimir voces críticas y reflexivas.
Ante controversias o coyunturas inexplicables recurrieron a intentar silenciar voces, y justificaron sus atropellos y su incapacidad explicativa por medio de “leyes a modo”. Modificaron y reformaron leyes que les permitían mantener sus escandalosas acciones y decisiones en la oscuridad de la impunidad; y cuando no pudieron hacerlo, trataron de hacerle creer a la población que alguna ley los amparaba. Para ello, buscaron una ley ambigua y tan flexible que les permitiera justificar u ocultar prácticamente todo, y es contexto en el cual hicieron uso de la Ley de Seguridad Nacional. Aprovechando los “espacios grises” de esta ley, hicieron de estos un instrumento para justificar prácticamente todo, sin comprometerse prácticamente a nada.
Esta tendencia se continua -lamentablemente- en la presente administración, haciendo gala de la prepotencia de aquellos que se consideran con el poder total y con impunidad, sin necesidad de dar respuestas claras ante la sociedad. Para reforzar esto, han desarrollado instrumentos de intimidación para tratar de disuadir o suprimir las voces críticas e informadas ante los atropellos, imprudencias, y ventajas inapropiadas de las que algunos funcionarios y sus familiares se han aprovechado. Desde “listas”, amenazas judiciales, acoso público en foros públicos y redes sociales, desacreditación pública, difusión de desinformación e incluso fabricación de evidencias orientadas a demeritar y denigrar a los críticos, las entidades e instrumentos de Defensa, Inteligencia y Seguridad Nacional actualmente se han empleado como recursos de apoyo al oficialismo. Todo esto es justo para lo que no están diseñados estos mecanismos, razón por la cual podemos decir que dicha utilización es intencionalmente perversa.
Es así como al analizar y reflexionar sobre la Ley de Seguridad Nacional y su empleo discursivo y narrativo en el entorno nacional contemporáneo se nos muestra una radiografía del pasado, el presente y el potencial futuro de México. Nos habla de un proceso de más de cincuenta años por el que nuestro país y sus instituciones transitaron y maduraron; de los grandes retos y oportunidades que existían y que siguen estando en el horizonte nacional; del empleo nocivo de estos instrumentos para beneficiar a unos cuantos; y del empleo engañoso y decepcionante de los mismos para apuntalar el abuso, la corrupción, el engaño, la mentira repetitiva, el saqueo y la turbulencia de uno de los regímenes políticos más nocivos en la historia nacional.
Invito al lector a la reflexión integral de la Ley de Seguridad Nacional y sus componentes, tal y como lo hemos hecho en este espacio. Sin duda habrá diversidad de opiniones y percepciones, y eso es exactamente de lo que una crítica informada debe consistir. En ningún momento propongo que lo aquí expresado sea una versión definitiva e inamovible; pero es innegable que si damos un paso atrás y vemos nuestro entorno nacional desde una perspectiva más amplia, lo que es evidente no requiere demostración, y no hay explicación y justificación válida para el contexto nacional vigente. No se trata de “tener otros datos”, se trata de ver la realidad. No es repetir un discurso como un mantra continuo, sino de ser objetivos y responsables. No es seguir una ideología esperando que la misma se convierta en realidad, sino de ser claros y objetivos en nuestra percepción y perspectiva como ciudadanos, y exigir a nuestras autoridades y liderazgo nacional seriedad, profesionalismo y responsabilidad.
Es indignante ver cómo con total irresponsabilidad y con total desapego a cualquier criterio de profesionalismo se busca acallar a opinión pública decretando -generalmente sin sustento- que un tema es de “Seguridad Nacional”, o justificar la opacidad propia de quienes no quieren observaciones argumentando que su fundamento se encuentra en la Ley de Seguridad Nacional. Pero como hemos visto en este análisis, ese pregón es engañoso, falso e injustificado. Ni la doctrina, ni la ley, ni los campos de la Seguridad Nacional pueden respaldar el actuar de aquellos cuyos intereses buscan anteponerse al bien del Estado mexicano y sus ciudadanos, ni de un grupo político-ideológico que ha demostrado en repetidas ocasiones su talante autoritario orientado a aprovecharse de una coyuntura circunstancial a su beneficio.
En futuras entregas analizaremos fenómenos y procesos que sí son de Seguridad Nacional y que el Estado mexicano, sus instituciones y su liderazgo están dejando de lado para orientarse a otros intereses. Estas son vulnerabilidades que potencialmente pueden influir negativamente en el presente y futuro de nuestra nación y su sociedad. Son estos los casos y fenómenos donde debemos aplicar las leyes nacionales en materia de Defensa y Seguridad, no en intentos fallidos (y demasiado obvios) de intimidación y supresión de críticas y opiniones. Son estos casos los que deben promover una reforma legislativa para fortalecer de fondo al Estado y sus instituciones; no para proteger los intereses transitorios de un puñado de individuos.
Finalmente, invito al lector a leer y reflexionar en lo individual la Ley de Seguridad Nacional. Retomando los argumentos aquí expresados, así como el criterio individual, podremos identificar el amplio trecho que tenemos por avanzar, los errores que debemos evitar, y los atropellos e impropiedades que no podemos tolerar. Es nuestro deber como ciudadanos, y nuestro compromiso como mexicanos.
El autor es Antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.